Tras la pasada victoria del PSC en los comicios catalanes del 12 de mayo, el sintagma más repetido en la prensa este 2024 ha sido el de "cambio de ciclo". Después catorce años de gobiernos secesionistas que llevaron a Cataluña al borde del abismo durante el 'procés' —el escritor Javier Cercas ha recordado que durante aquellos días se respiraba en la comunidad un "clima prebélico"—, el triunfo de un partido no alineado con la secesión fue recibido con alivio por parte de la sociedad y del poder económico catalán —y también en el resto de España—. Sin embargo, a punto de finalizar el año, abundan las voces constitucionalistas que creen que, en verdad, no se ha "pasado página". Y se ha convertido ya en tópico recurrir a la sentencia de 'El Gatopardo' para describir la coyuntura catalana: "Cambiarlo todo para que nada cambie".
Y es que, pese a que la amenaza unilateral ha quedado en suspenso, las políticas nacionalistas no solo no han dejado de aplicarse, sino que se han afianzado. La llamada "financiación singular", una de las concesiones del Gobierno socialista a Esquerra Republicana a cambio de la investidura de Illa, ha acaparado gran parte del debate público desde el pasado verano, cuando Sánchez anunció su voluntad de ponerla en marcha. El modelo —una antigua aspiración del nacionalismo, que siempre había visto con envidia el concierto vasco— restringe la solidaridad con el resto de España y supone, según expertos como Ángel de la Fuente, una "confederación por la puerta de atrás" —dado que permite a Cataluña recaudar todos sus impuestos—. Con todo, Illa anunció el lunes pasado que la legislatura seguirá orbitando en 2025 sobre esta discutida reforma.
De la misma manera, el PSC ha llevado este año la ofensiva en favor del monolingüismo en catalán más lejos de lo que lo hicieron en el pasado los propios partidos nacionalistas. Solo dos días después de tomar posesión del cargo, Illa anunció la creación de la 'conselleria' de Política Lingüística —departamento inédito hasta el momento— y que se ha encargado de extender durante estos meses el veto al castellano en los patios y extraescolares, en la Sanidad —con posibles sanciones al personal médico— y en los comercios, donde está previsto enviar a profesores 'in situ' para que enseñen catalán a los tenderos. Y aunque la 'consellera' de Educación, Esther Niubó, se reunió recientemente con las entidades probilingüismo, que habían sido ninguneadas por los anteriores ejecutivos, reveló que seguirá desoyendo a la Justicia respecto al 25% de castellano.
Traspasos de envergadura
Otras reclamaciones históricas del nacionalismo catalán han sido arrancadas por éste directamente al Ejecutivo de Sánchez, cuya consabida debilidad parlamentaria le hace depender —en ocasiones, de manera agónica— de los votos secesionistas. Una de las más importantes ha sido la transferencia de Cercanías a la Generalitat, pactada por el PSOE y ERC a finales de 2023 pero cuyo calendario de ejecución se ha establecido este año y para la cual el Estado entregará al Govern 1.520 millones de euros hasta 2026. Pero siendo esta transferencia relevante, tal vez aún lo sea más por sus implicaciones identitarias la arañada por Junts a los socialistas el pasado enero: la gestión integral de la inmigración. Ésta, cuya negociación se encuentra "muy avanzada" según Puigdemont, resulta capital para la "construcción nacional" pues condicionará los derechos de los inmigrantes a su conocimiento de catalán.
El 2024 ha supuesto, además, el año en el que los líderes del 'procés', Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, pese a su desgaste, han vistos sus liderazgos refrendados en sus respectivos congresos en octubre y noviembre. Y a pesar de que la malversación ha impedido que se beneficien de la amnistía, Sánchez ha anunciado esta semana que les aplicará la "amnistía política" reuniéndose con ambos en cuanto sea posible. Finalmente, en este curso político también hemos asistido al auge del nacionalismo ultra representado por Aliança Catalana —cuyos escaños crecerán de los dos actuales a seis o siete según el 'CIS catalán'—, pero también al de la oposición constitucionalista liderada por el 'popular' Alejandro Fernández, que ocupa 15 escaños en el Parlament —el mejor resultado de la formación en más de una década—.
