La esfera judicial no suele contar con las simpatías del secesionismo catalán. En parte, la razón estriba en que sus políticas lingüísticas apenas han hecho mella en un mundo en el que el castellano es empleado con total normalidad, realidad inédita en las instituciones catalanas. Pero también por su papel como dique frente a las incursiones ilegales del movimiento, ya sean referendos unilaterales, símbolos partidistas en las instituciones o vetos al castellano en la escuela. En cualquier caso, en los últimos años la presión por parte de la Generalitat para poner coto al bilingüismo judicial se ha redoblado —alimentada por 'lobbies' independentistas como Plataforma per la Llengua, que recientemente denuncio que solo el 6,8% de las sentencias emitidas en 2023 lo fueron en lengua catalana—.

Amparada por estas denuncias, el Govern ha anunciado esta semana que inyectará 500.000 euros el año próximo en promover el uso del catalán en el ámbito de la Justicia. Un gasto que, según ha detallado el Ejecutivo de Illa en un comunicado, se efectuará a través del Consell dels Il·lustres Col·legis de l'Advocacia de Catalunya (CICAC), que se renueva con un aumento de la dotación presupuestaria de en un 17% respecto al año anterior. Según el PSC, el programa persigue "eliminar los obstáculos, barreras o dificultades que impiden el uso del catalán cuando el ciudadano lo pide". Sin embargo, tal y como reconoce la Conselleria de Política Lingüística, el objetivo último del Govern pasa por que los "profesionales del sector usen el catalán como la lengua habitual tanto en los juzgados como en registros públicos".

En este sentido, el plan, dirigido a los abogados que actúan de oficio, tiene previsto que a finales de este 2024 un total de 16.191 actuaciones judiciales se desarrollen en catalán en lugar de en castellano. Esta sustitución lingüística representa un aumento del 28% con respecto al año precedente y un gasto total de 424.000 euros. Y para el año que viene, la pretensión es alcanzar 18.782 actuaciones en la lengua de Pompeu Fabra (un aumento del 16%). Pero, ¿cómo se empujará a los letrados a cambiar de idioma? La principal medida consiste en pagar 25 euros extra a los abogados que renuncien al castellano. 

"Discriminación de los letrados hispanohablantes"

Este programa, instaurado en 2017, ha incrementado paulatinamente la bonificación que concede a los letrados que adoptan el catalán (empezó retribuyéndoles con 14 euros, pasando a 20 en 2021 y a 25 el año pasado). Aumentos acordados con el CICAC, consejo que agrupa a los 14 colegios de abogados catalanes y conocido por su cercanía ideológica al separatismo —en 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló su adhesión al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir—.

En cambio, la medida ha sido puesta en entredicho por entidades constitucionalistas como Convivencia Cívica Catalana, que considera que la administración no debe "inmiscuirse" en el "idioma oficial" que cada abogado decide utilizar libremente. "Cada abogado puede y debe utilizar la lengua oficial en la que considere que ejercita mejor el derecho a la defensa", explica a Vozpópuli el presidente de la entidad, Ángel Escolano. Asimismo, juzga "insultante" que la Generalitat se gaste "cantidades de dinero desmedidas" para 'premiar' a los letrados que usen el catalán mientras se escatiman inversiones "urgentes" en dependencias judiciales o para cubrir falta de personal.

Por lo demás, Escolano estima una "clara discriminación por motivos de lengua" que a un letrado del turno de oficio se le remunere con mayor retribución por la misma actuación por el "mero hecho de realizarla en uno de los dos idiomas oficiales en Cataluña". "Se paga más por el mismo trabajo y sin ninguna justificación, siendo una discriminación injustificada de los letrados hispanohablantes", asevera.

• Tags
• Abogados
• Catalán
• Justicia
• Salvador Illa