El consejero de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, ha anunciado este jueves que el Govern instalará una desalinizadora flotante en el Puerto de Barcelona para conseguir "más recursos" hídricos para abastecer a la población ante la sequía, y asegura que con esta opción se descarta ya el transporte de agua en barcos. Esta iniciativa tiene el objetivo de garantizar el suministro de agua a Barcelona y su área metropolitana en los próximos meses sin necesidad de aplicar nuevas restricciones.
En rueda de prensa junto a la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tras la reunión de la Comisión Interdepartamental de la Sequía, ha afirmado que esta desalinizadora flotante entrará en funcionamiento en octubre, cuando hay previsión de entrar en emergencia 2 "si no lloviera más de aquí a octubre", y producirá unos 14 hectómetros cúbicos más de agua al año, equivalente al 6% del consumo de agua del área metropolitana de Barcelona.
Por otro lado, el Govern y el Consorcio de aguas Costa Brava Girona (CACBG) comprarán 12 desalinizadoras móviles para abastecer a una docena de municipios a partir de junio. Según el ejecutivo, se instalarán cuatro desaladoras en Roses, cuatro en las instalaciones de la ETAP Empuriabrava y otras cuatro en la playa de Empuriabrava.
El destino del agua producida en las desalinizadoras de Roses será el mismo municipio, a través de una conexión con la red de distribución, mientras que el resto de desalinizadoras darán servicio a los municipios que se abastecen de la ETAP Empuriabrava: Cadaqués , Llançà, Roses, Castelló d'Empúries -que incluye Empuriabrava-, Mancomunidad de Pau, Palau Saverdera, Vilajuïga, Garriguella, Pedret y Marzà, El Port de la Selva y Selva de Mar.
Cabe recordar que la solución de las desalinizadoras portátiles surgió del sector privado, en concreto el turístico, ante las restricciones de agua que les afectaban cuando Cataluña entró en emergencia por sequía. La puerta a esta opción se abrió después el gremio de Lloret compra de una desalinizadora, asegurando que beneficiarúa al sector público porque podrá garantizar el agua de boca.
