Históricamente, la derecha nacionalista catalana se ha caracterizado por su ambivalencia ideológica. En la época de Pujol, oscilaba entre el liberalismo económico de Convergència y el conservadurismo de raíces cristianas de Unió. Tras la desaparición de Unió y el arranque del 'procés', saltó del nacionalismo al secesionismo, abandonando sus formas moderadas pero reivindicando en lo social medidas de índole socialdemócrata. Y, en los últimos meses, tras la irrupción de la ultranacionalista Aliança Catalana, su fuerza hegemónica, Junts, ha emprendido un nuevo viraje sin solución de continuidad para poner freno al auge de AC, con la que comparte ideario étnico y 'target electoral' en la Cataluña interior.

En primer lugar, Junts ha endurecido en la actualidad su posición en la cuestión migratoria, pasando de la tentativa de las últimas décadas de fomentar la inmigración de índole musulmana frente a la iberoamericana —con el afán de integrarla lingüísticamente y sumarla a la "construcción nacional"— a poner coto a todo aquel extranjero que se resista a su proceso de "catalanización". Y es que, como se ha repetido, Puigdemont ha pactado la transferencia de la gestión de la inmigración a la Generalitat para que ésta pueda expulsar a los extranjeros que no aprendan catalán "en un tiempo razonable". Y aunque la pretensión de poner la inmigración al servicio de la secesión siempre estuvo ahí, ahora esta querencia se materializa de forma más cruda.

La asunción de estas competencias —sobre las que los expertos dudan de su constitucionalidad— ha obligado a los neoconvergentes a alterar bruscamente su postura con respecto a otro aspecto vinculada al problema: los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Como es sabido, estos centros son frecuentemente denunciados por las organizaciones humanitarias por albergar a inmigrantes irregulares en condiciones precarias. Motivo por el que algunos partidos, entre ellos Junts, han exigido su cierre en los últimos años. 

Borràs se manifestó contra los CIE

En este sentido, la expresidenta de la formación, Laura Borràs, se manifestó frente al CIE de Barcelona en 2021 exigiendo su cierre por "vulnerar los derechos humanos" y ejemplificar el "falso progresismo" de Sánchez. Ahora, por el contrario, Junts ya no reniega de los CIE sino que reclama su gestión. Y como es consciente de que la Generalitat carecerá de potestad para decretar su cierre —que seguirá recayendo en el Estado—, el 'expresident' ha asegurado que su voluntad es transformarlos para que en sus instalaciones se respeten los derechos humanos.

La okupación ha sido otro de las cuestiones en el que Junts ha dado un giro copernicano. Este problema, que tras los disturbios en Salt aún ha generado mayor inquietud entre la población catalana, es abordado por sus competidores de Aliança sin medias tintas, abogando por una mayor contundencia penal contra los antisistema. Siendo así, y en un momento en el que las demandas por okupación se han disparado en Cataluña hasta alcanzar el medio millar, los neoconvergentes han sorprendido a muchos tramitando el miércoles pasado en el Congreso una ley 'antiokupa' para desalojar a los antisistema en 48 horas, iniciativa que ha contado con el respaldo de las fuerzas conservadoras pero también del PSOE —preso de sus pactos con Junts—.

Pese a ello, Junts ha votado tradicionalmente en contra de las iniciativas de los partidos no independentistas que pretendían medidas similares. Sin ir más lejos, el mes pasado se opuso en el Ayuntamiento de Viladecans a una moción que exigía el desalojo del Casino de Albarrosa, okupado desde 2019 pero tomado hace dos años por un grupo de delincuentes de perfil violento y con antecedentes policiales que ha generado gran tensión en la zona. Con todo, Junts rechazó secundar su desalojo para no dar alas a la "extrema derecha" —la moción fue presentada por Vox—. Un cordón sanitario que, como es sabido, ha decidido levantar en el caso de otra formación con la que un sector de su partido aboga por entenderse: Aliança Catalana.

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