La juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O ha ordenado averiguar el patrimonio de los 17 procesados por malversación, después de que al finalizar el plazo para aportar una fianza de 5,8 millones han consignado en el juzgado 3,7 millones recaudados a través de la caja de solidaridad.
En un escrito, al que ha tenido acceso la agencia Efe, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que ha procesado por malversación por el 1-O a varios exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont y a la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), ordena proceder a averiguar su patrimonio, una vez transcurrido el plazo que fijó para depositar su fianza.
Las defensas de los 17 procesados por malversación han consignado en el juzgado 3,7 millones de euros, recaudados a través de la caja de solidaridad, y han presentado un escrito en el que argumentan que el resto de la suma que la juez les reclama equivale a los 2,1 millones que el Supremo impuso como responsabilidad a los líderes independentistas juzgados en el alto tribunal.
Defensa
En sus recursos, las defensas argumentan que no está justificado que el Supremo y la juez instructora aseguren por partida doble una responsabilidad civil por la supuesta malversación derivada de la organización del 1-O.
En el auto de procesamiento, la juez sostenía que el importe del gasto público "realizado o comprometido" para la celebración del referéndum fue de 4,3 millones de euros, ante lo que fijó para los 17 procesados por malversación una fianza por responsabilidad civil de 5,8 millones de euros, tras sumar un tercio de la cifra supuestamente defraudada para afrontar las responsabilidades finales del pleito.
La juez advirtió a los procesados por malversación que si no aportaban la fianza de forma solidaria en el plazo establecido se procedería al embargo de sus bienes suficientes para cubrir esta responsabilidad pecuniaria.
