A principios de los 90, surgió en la literatura penal la expresión "populismo punitivo". Con ella, se ha designado desde entonces la tendencia a reformar el código penal con criterios vistosos pero poco razonables para cosechar el aplauso del pueblo. Curiosamente, ante las crisis de la vivienda y la adopción de medidas igualmente cuestionables, en los últimos años también se ha oído hablar de "populismo inmobiliario". Un sintagma que, para un sector de los expertos, define las políticas del Gobierno de coalición en España en relación a este problema y, muy especialmente, las adoptadas por el alcalde Jaume Collboni en Barcelona —ciudad convertida en punta de lanza de políticas centradas en la intervención de los precios y sanciones a los propietarios—.
Obviamente, no es la visión del alcalde, que define su gestión inmobiliaria como revolucionaria, sobre todo después de la mediática adquisición de la Casa Orsola por parte del consistorio. "Estamos cambiando las reglas del juego", proclamó al anunciar la operación. Una "revolución" en la que volvió a abundar esta semana tras informar de que planteó a Pedro Sánchez limitar el precio del alquiler de temporada, equiparándolo así al de larga estancia y evitando que se convierta en un "punto de fuga" de la regulación gubernamental. Y es que, aseveró, hay un modelo de Madrid, que entrega edificios enteros a "fondos buitre"; y uno de Barcelona, que los compra para "evitar que la especulación eche a la gente de sus barrios".
Sin embargo, acciones tan espectaculares como la compra 'in extremis' de la Casa Orsola por 9,3 millones de euros han despertado aplausos en parte de la ciudadanía pero críticas por parte de patronales y prioritarios, así como de otros expertos. "Hay que evitar que se instale el relato de que si un propietario no cede a ciertas exigencias populistas la Administración acaba interviniendo", han alertado Foment del Treball, la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) y el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona en un comunicado conjunto. Y es que, a su juicio, si se usan "recursos públicos para beneficiar sólo a un grupo determinado de ciudadanos en detrimento de muchos otros que se encuentran en situaciones iguales o peores” se produce un “agravio comparativo inadmisible”.
26 viviendas frente a 50
Estos colectivos, además, recuerdan que con el dinero destinado a la compra de la Orsola (26 viviendas) se podrían haber construido 50 pisos de protección oficial. Y recuerdan que se ha pagado un 50% más de la cantidad por la que el Ejecutivo precedente podría haberla adquirido —mediante tanteo y retracto del que disponía en ese momento—. Sin contar, como ha hecho notar en un artículo el 'popular' Juan Milián, que la otra mitad (51%) del inmueble ha sido adquirida por Hábitat 3, que recibe importantes subvenciones públicas, con lo que el coste de la operación será asumido en gran medida por los contribuyentes.
No es la única contradicción que ha resaltado la oposición del PP en el consistorio. Por una parte, su líder, Daniel Sirera, ha destacado que el Ayuntamiento ha "incentivado a otros inquilinos a no cumplir los contratos de alquiler y a atrincherarse en los pisos", privilegiando así la ocupación en una ciudad que lidera este fenómeno. Y creando un agravio comparativo con las 689 personas que han solicitado una vivienda asequible por los cauces legales. Mientras, el concejal Víctor Martí de Villasante ha denunciado otra discriminación de la misma índole: "Mientras Collboni ha destinado solo cinco millones euros en ayudas al alquiler y tratar de evitar que las familias vulnerables acaben viviendo en la calle, la semana pasada se gastó 9,2 millones en un edificio con solo ocho inquilinos con renta antigua y personas no vulnerables". Ante este escenario, la formación tiene previsto llevar la compra de la Casa Orsola a la Fiscalía.
