El Masnou, Piera y ahora Vidreres. Son los últimos ejemplos de municipios donde han cambiado (o están en trámite de cambiar) el reglamento municipal para excluir el castellano de la documentación oficial del ayuntamiento. Cada propuesta de cambio de esta normativa en el pleno municipal es particular pero son especialmente sorpresivos los últimos casos. En el municipio de Piera, donde gobierna el PSC con Sumem Piera, se aprobó un nuevo reglamento que incluía en su artículo 5 que toda la documentación fuera elaborada "exclusivamente" en catalán y que solo se hiciera traducción si había algún interesado que lo solicitara explícitamente.

La plataforma Convivencia Cívica Catalana ya ha presentado alegaciones considerando que dicho artículo infringe la doctrina del Tribunal Constitucional "contenida en su Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, en la que examina la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en la que se declaró constitucional el artículo 50.5 del Estatuto de Autonomía mas dando una interpretación conforme". Las alegaciones fueron presentadas a finales de diciembre en el plazo de 30 días a disposición para quejas después de que el pleno apoyara este cambio en noviembre.

Por otra parte, este miércoles, la asociación ha presentado alegaciones contra el Ayuntamiento de Vidreres, gobernado por Junts, por intentar aprobar de manera "clandestina" una ordenanza de uso del catalán. Según indican, hay una tentativa de aprobarla escondiendo el redactado en la aprobación inicial para evitar impugnaciones. Convivencia Cívica ha presentado alegaciones solicitando que se repita el trámite de audiencia pública e impugnará la ordenanza si se aprueba sin hacer público antes el texto.

Según explica el presidente de la asociación y abogado Ángel Escolano a Vozpópuli, se trata de cambios que pasan casi inadvertidos en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona (BOPB) y que, una vez se alegan, el pleno los vuelve a revisar para modificarlos, retirarlos o seguir adelante, tras lo cual se recurre a una demanda ante el TSJC. El caso del Masnou es el que ha llegado más lejos. La asociación presentó un recurso contencioso ante la Justicia catalana para igualar la misma condición al castellano que al catalán en las comunicaciones justo hace un año y la sentencia está "al caer".

Escolano asegura que en el Maresme ha ocurrido que los ayuntamientos han retirado el ordenamiento lingüístico una vez se han presentado alegaciones para evitar una demanda, si bien esperaban aprobarlo sin ninguna objeción. "Cada reglamento es distinto, pero algunos dice que sea expresamente el uso del castellano sólo si se pide. En el caso de Piera es salvaje. En otros casos como en Hospitalet el reglamento se cambió en los 80 y no hay nada que hacer", explica.

"La situación política facilita la aprobación de la exclusión del castellano"

Afirma que desde la asociación están cada mes pendientes de posibles cambios de reglamento porque en el último tiempo ha habido una dejadez por parte de la delegación del Gobierno que provoca más casos. "Hay una dejadez total de funciones. Incluso hay ayuntamientos que gestionan el uso de bibliotecas y se lo dan a organismos como el Consell de la Republica, donde no se pide el DNI sino el carné de la República. Ocurre en Sant Pol de Mar, Arbúcies, Terres del Segre... en siete municipios en total", concluye.

Por su parte, el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, afirma que la situación política actual facilita la aprobación de Reglamentos y protocolos lingüísticos a favor de la exclusión del castellano en las administraciones locales y autonómicas. "El gobierno del PSOE no va a impugnar ninguna de esas normas porque está condicionado por sus políticas de pactos. Por lo tanto, algunos ayuntamientos pueden sentirse con las manos libres para imponer normas discriminatorias y arbitrarias", afirma.

En el caso del País Vasco, se han anulado muchas normativas de ayuntamientos que declaraba la preferencia en el uso de la administración del euskera con los ciudadanos. En Cataluña ha pasado lo mismo. Impulso Ciudadano ha logrado que se anulara el Reglamento del uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona. El TSJC declaró que la elección de la lengua de relación con los administrados la tienen que hacer los ciudadanos, no la Administración. Asimismo, también se ha conseguido la anulación de los Protocolos de usos lingüísticos de la Generalitat que obligaban a los particulares a emplear el catalán y dejaban el castellano como lengua residual.

"Es especialmente grave la situación en Cataluña, pero también en Baleares", afirma Domingo. "En estas Comunidades autónomas son las asociaciones las que se tienen que encargar de de defender los derechos de los ciudadanos. No debería ser su papel, pero la justicia es el refugio que queda a las entidades para luchar contra las discriminaciones".

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