En Cataluña, los escándalos parecen ir acompaños por porcentajes. El más célebre de todos ellos fue el del 3%, con el que Maragall sacó las vergüenzas a Artur Mas en el Parlament a mediados de los 2000 por la endémica corrupción de CiU —si bien, retiró la acusación a los pocos minutos—. Más tarde, a principios de esta década, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña amenazó con poner en jaque la inmersión lingüística en la escuela al establecer un 25% de castellano obligatorio, que, aunque fue paralizada provisionalmente por una ley catalana, ha mantenido en jaque al secesionismo y parte de la izquierda desde entonces. Y, en los últimos días, la política barcelonesa se ha visto sacudida por la polémica del 30%, porcentaje reservado a vivienda pública y que ha ensanchado la brecha entre el PSC y los comunes.
Y es que, pese a que la oposición constitucionalista en el Ayuntamiento suele criticar el continuismo del Ejecutivo municipal con respecto a la época colauista, ello no se ha traducido en una relación templada entre ambas fuerzas, sino todo lo contrario. La crisis se abrió oficialmente cuando el alcalde socialista tiró la toalla en su tentativa de granjearse el apoyo de los comunes a los presupuestos y resolvió prorrogar los de 2024. Los socialistas justificaron su hartazgo en que los comunes incorporaban constantemente "nuevas líneas rojas" a las negociaciones, que se alargaron durante cinco meses. De hecho, una de las condiciones sobre las que no hubo acuerdo fue la negativa de Collboni a "garantizar" el 30% de las construcciones a vivienda protegida, una iniciativa emprendida por Colau que los socialistas desean "revisar".
El motivo es el escaso éxito de la normativa, que se quedó muy lejos de conseguir los 330 pisos sociales al año prometidos por la alcaldesa. Según las cifras del consistorio, entre 2019 y 2014 solo se lograron construir 26 viviendas de esta índole. Y, aunque los comunes se oponen firmemente a alterarla, Collboni podría introducir una modificación si pacta con Junts, ya que ambos gozan de mayoría en el Consell Plenari. El enojo al respecto de los de Janet Sanz se ha disparado al conocerse que el PSC archivó cinco expedientes por esta razón tres meses después de que Collboni accediese a la alcaldía, con sanciones comprendidas entre los 419.000 y los 735.000 euros. Lo que no solo ha despertado el rechazo de los comunes —que han acusado a Colboni de "matar" la medida por la puerta de atrás y "estafar" a la ciudad— sino de el de ERC, que ha solicitado que salga a la luz el informe jurídico en el que se basó la decisión.
Collboni archivó sanciones por el 30%
El "perdón" de Collboni a los promotores llevó a ERC y los comunes a exigir este lunes una comparecencia de urgencia de la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet. Ésta negó la mayor, insistiendo en que los expedientes estaban "muy vivos" y aún podían acabar en "sanciones". Lo ocurrido es que, ante las "dudas jurídicas" suscitadas por los casos en cuestión, el consistorio ofreció la oportunidad a los promotores de regresar a la "legalidad urbanística" antes de imponerles una sanción. Con este procedimiento, razonó Bonet, el Ayuntamiento se ahorra posibles querellas de las constructores ante posibles defectos de forma en las sanciones —impuestas durante la etapa de Colau—. Estas explicaciones, sin embargo, no han convencido a los comunes, que han atizado el conflicto abierto con el PSC acusándole de improvisar excusas a la "desesperada" y de "complicidad" con el "lobby inmobiliario".
El caso es que los comunes —que en las últimas encuestas han perdido fuelle— están echando el resto en su vindicación del 30%. Sin ir más lejos, la formación ecosocialista ha lanzado una campaña en Instagram en la que acusa a los promotores de querer "cargarse" la medida de la mano de Collboni para seguir "especulando" a costa de los vecinos, sobre todo en los barrios céntricos de la ciudad. Un discurso que podría hacer mella en el electorado socialista más escorado a la izquierda y que tiene lugar justo cuando Collboni está presumiendo de "cambiar las reglas del juego" con operaciones tan espectaculares como la adquisición de la Casa Orsola por 9 millones de euros. “Hay un modelo de Barcelona y otro de Madrid”, proclamó el alcalde en instante de la compra, asociando a la capital con los “fondos buitre”.
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