Ataques con palos, robos, agresiones físicas y verbales a miembros de asociaciones constitucionalistas. Todo vale en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para echar o impedir que hablen en el campus a quienes no comulguen con las tesis separatistas. Ante esto se ha escogido por la ley del silencio, ante el temor de ser señalado por los radicales.
El uso de la violencia no solo se ha registrado en estas últimas semanas, con agresión a miembros de una carpa informativa y a candidatos al Congreso, convocados ambos por la asociación S'Ha Acabat. Los ataques se llevan produciendo desde 2016, cuando Jóvenes de Sociedad Civil Catalana convocaron por primera vez un acto en este campus.
El SEPC, denunciado por promover las agresiones y difundirlas
La forma de actuar es siempre la misma. Primero rodean a los miembros de la carpa, con amenazas e insultos, después se les tira lo primero que tienen a mano, generalmente latas de cerveza, o les escupen, para seguir con los insultos y llegar después a la agresión física, con robo de material incluido, que después queman con total impunidad. La fiscalía ha abierto la investigación tras la denuncia de Ciudadanos.
Todo ello bajo la batuta del Sindicat de Estudiants dels Païssos Catalans (SEPC), próximos a Arran, los denominados 'cachorros' de la CUP, la extrema izquierda catalana que defiende la independencia a cualquier precio y mediante cualquier camino, y sin que el rectorado, liderado por Margarita Arboix, haga absolutamente nada para impedirlo, al menos hasta ahora. Desde el rectorado niegan que el SEPC sea miembro del equipo de gobierno, pero sí está inscrito cualquier en el registro de la UAB.
No obtuvieron el mismo trato los jóvenes de SCC cuando fueron a registrarse como asociación en la UAB. Tras la respectiva denuncia, en mayo de 2018 llegó la durísima sentencia judicial contra el rectorado por vulnerar hasta cuatro derechos fundamentales: no discriminación por razón de opinión, de libertad ideológica, de libertad de expresión y del derecho a la educación. La sentencia condenó en costas, por valor de 600 euros, a la UAB. La petición de inclusión en el registro se había formalizado en octubre de 2017.
La UAB, dos comunicados en tres años de agresiones
Los últimos dos ataques han obligado a reaccionar por primera vez al rectorado debido al revuelo mediático y en plenas elecciones. Se ha dado "un pasito", sacar un comunicado ambiguo de condena al ataque. "Hasta ahora no lo había hecho", ha afirmado Rafael Arenas, profesor de Derecho en la UAB, a preguntas de Vozpópuli.
Estos hechos violentos no solo se ha producido contra entidades que defienden la unidad de España, sino también contra profesores, como ocurrió en una de las huelgas, cuando un grupo de piquetes trataba de parar las clases que se impartían en las aulas. Tras media hora de "diálogo", los estudiantes no cesaron en su empeño de boicotear la clase de Arenas, quien puso una denuncia ante los mossos por la vulneración de derechos, motivo por el que desde el rectorado se le ha señalado al "no ser la manera de proceder".
En el texto, la UAB "reitera una vez más su convencimiento de que el campus universitario debe ser un ejemplo en el ejercicio de la libertad de expresión y donde todas las ideas y reivindicaciones deben tener cabida, siempre que se hagan con respeto a todos los miembros de la comunidad y los bienes públicos", rechazando "la situación de tensión que se ha originado y el intento de impedir la realización del acto". Pero al mismo tiempo, ha lamentado "la instrumentalización ideológica que se hace del campus universitario, que invisibiliza la actividad académica e investigadora que lleva diariamente a cabo la universidad". Un rasero inaceptable para quien debe garantizar la libertad de expresión y reunión en un recinto público, como es la UAB.
El otro comunicado de condena se publicó el pasado 9 de abril, día en el que miembros de S'Ha Acabat! fueron atacados por un grupo de ultraizquierda en una capa informativa, tampoco lo hubo con la agresión a miembros de Barcelona con la Selección cuando fueron atacados con palos en 2016 en las cercanías del tren por el mero hecho de haber realizado un acto en el campus de la UAB.
En el texto se podía leer: "Reitera su convencimiento de que el campus universitario debe ser un ejemplo en el ejercicio de la libertad de expresión y donde todas las ideas y reivindicaciones deben tener cabida siempre que se hagan con respeto a todos los miembros de la comunidad y los bienes públicos", mientras "rechaza que se haya impedido una actividad organizada por un colectivo de estudiantes de nuestra Universidad".
Por ello, mostraba su compromiso "a seguir trabajando en mejorar las vías de diálogo para garantizar los derechos de toda la comunidad universitaria". La UAB definió esta agresión como "hechos ocurridos", mientras que el SEPC alentaba al boicot por redes sociales.
La UAB es un territorio vetado, a priori, a los mossos d'Esquadra. La universidad costea la seguridad privada en el campus
El silencio y justificaciones infames tras los ataques a constitucionalistas
Antes de estos comunicados, los dos únicos que se encuentran en la web de la UAB sobre las agresiones, no habido rechazo ni condena a hechos violentos ni agresiones. El silencio era la norma. Tampoco se han adoptado medidas, como la apertura de expedientes, pese a qué sí han sido denunciados Arran, el propio sindicato y un diputado de la CUP por las agresiones de la pasada semana. Los expedientes solo los puede abrir la rectora.
Según revela Arenas, miembros del profesorado y del rectorado han justificado en mayor o menor medida estas agresiones. "Es que son fascistas", le han llegado a responder cuando ha cuestionado al respecto a sus colegas. "Es que estas asociaciones también lo hacen mal (...) tú sabes qué han hecho mal", le han respondido. Una justificación que ha calado hondo en el seno de la UAB, al menos hasta ahora. Incluso el Síndic de la UAB ha rechazado las quejas de Arenas argumentando que "no tenía razón" tras denunciar la actitud violenta en los escraches contra los constitucionalistas.
En el rectorado se observan estos hechos como si de un conflicto se tratara. Como si las dos partes estuvieran agrediéndose mutuamente, situando a víctimas y verdugo en el mismo saco, sin diferencias entre ambos grupos pese a que los ataques solo han venido de una de las partes, concretamente la independentista.
La indiferencia de los trabajadores de la UAB
Cualquier incidente o altercado corre como la pólvora entre los empleados de la UAB. "Lo sabemos todo muy rápido", ha afirmado uno de ellos a preguntas de este medio. Eso sí, no se habla de ello en el puesto de trabajo, "puede ser que en el tiempo del café", pero sí descarta completamente que existe "preocupación" de algún tipo por la escalada de violencia en el seno de este campus. "Cada uno va a lo suyo y tenemos mucha carga de trabajo como para estar abordando estas cosas", ha asegurado. "Si hay algún incidente, ya lo vemos desde nuestros puestos de trabajo. Tan solo hay que asomar la cabeza por la ventana", ha apostillado.
Eso sí, sí muestran su preocupación por las consecuencias derivadas de estos hechos, como es el corte de carreteras y accesos en los días de huelga o la seguridad en el interior del campus en caso de un necesario desalojo de las instalaciones. "Son cerca de 40.000 alumnos", ha señalado, para dejar claro después que los trabajadores y sindicatos no se mezclan con la ideología política, mostrando que sus únicas reivindicaciones y movilizaciones suceden por reivindicaciones laborales.
Prohibida la entrada a mossos sin permiso del rector
La UAB es un territorio vetado, a priori, a los mossos d'Esquadra. La universidad costea la seguridad privada en el campus y los agentes de la policía autonómica deben pedir permiso al rectorado para poder acceder al recinto, siempre y cuando no se esté cometiendo de forma flagrante un delito. "Se trata de una anomalía", ha indicado Arenas, que pone de manifiesto que el 9 de abril no se cumplió con el protocolo de actuación.
Pese a la agresión del pasado 9 de abril a la carpa de S'Ha Acabat! y pese a las insistentes llamadas de auxilio al 112, hasta en diez ocasiones, los mossos solo entraron cuando ya había acabado el ataque separatista.
Esto sucede por un acuerdo entre la Consejería de Interior y la UAB firmado en 2013, por el que se da al rector la máxima potestad en el campus en materia de seguridad. Desde el rectorado se ha evitado en todo momento la presencia de mossos, incluso en la huelga de 2017, cuando los estudiantes cortaron todos los accesos al campus, impidiendo el normal desarrollo de la jornada del 1 de mayo. Aquel día se coraton las vías del tren, los cinco accesos al campus y se impidió la entrada de profesores y estudiantes al recinto público. El rector de entonces ni tampoco ninguno de los directivos autorizados dieron el permiso.
