El lunes pasado, el líder de UGT, Pepe Álvarez, se reunió con el 'expresident' Carles Puigdemont en Waterloo, Bélgica, donde permanece fugado de la Justicia por los hechos del 'procés'. La cita tenía como objeto, según reveló el líder sindical, granjearse el respaldo del líder de Junts a la propuesta de reducción de jornada laboral a 37,5 horas. Y aunque Álvarez aseguró que había percibido un cambio en el parecer de Puigdemont sobre la cuestión, la cita terminó sin haber concretado acuerdo alguno. Pero con el propósito del primero de mantener más reuniones en el futuro con el segundo, presidente de una formación con un "peso importante para formar mayorías en el Congreso". "Intentaré que esto vaya a más", sintetizó Álvarez.
La reunión ha supuesto un baño de legitimidad para el dirigente prófugo, a cuya rehabilitación pública —a falta de que se le aplique una ley de amnistía varada en los juzgados— aún le queda camino por recorrer. No olvidemos que ni Sánchez ni Illa se han prestado aún a tomarse una fotografía con él. Pero Álvarez ha justificado la suya señalando que Junts es un partido "plenamente democrático" y que lo "anómalo" es que su líder no se haya beneficiado todavía de la medida de gracia. Aparte de ello, la cita entre ambos supone una aproximación entre el sindicato más poderoso del país y un dirigente fetichizado por el separatismo, en un momento en el que este movimiento ha ganado posiciones en el sindicalismo catalán.
Y es que, aunque la situación en Cataluña aún dista de la del País Vasco o Galicia donde UGT ni CC.OO son hegemónicos, sí es cierto que los sindicatos alineados con el secesionismo van a más. Sobre todo, la Intersindical-CSC, que ha engrosado sus filas en los últimos tiempos hasta alcanzar lo 6.300 afiliados y los 1.200 delegados. Unas cifras aún alejadas de las de UGT pero que ya representan una seria amenaza para la entidad de Pepe Álvarez. No en vano, este sindicato "republicano y de clase" tiene especial predicamento en la Administración catalana, donde es mayoritario. Un crecimiento que debe mucho a su protagonismo durante el proceso separatista, al que contribuyó convocando los "paros de país" de 2017 y 2019. Y en los que quedó patente su carácter extremista.
La radicalidad de la Intersindical-CSC
De esta naturaleza radical, da cuenta el hecho que entre 2013 y 2020 ocupó su secretaría general el exterrorista de Terra Lliure Carles Sastre, condenado a 30 años de cárcel por el asesinato en 1977 de un empresario catalán —Josep Maria Bultó, al que colocaron un explosivo adherido al pecho—. Y acciones de índole secesionista que le han valido fuertes críticas. Entre ellas, lanzar en 2021 un buzón de quejas lingüísticas para denunciar de manera anónima a los profesores que usasen el castellano en clase o cargar contra el Departamento de Educación durante la pandemia por haber adquirido mascarillas etiquetadas en castellano. "¿Así cuidan la lengua?", protestó entonces.
Sin olvidar con que, en otro sector capital como la Educación, el sindicato nacionalista USTEC es mayoritario desde hace décadas. El año pasado, UGT y CCOO trataron de abrir una grieta en esta hegemonía y pactaron con la 'conselleria' de Educación el fin de los recortes de 2010 si contar con USTEC, por lo que fueron acusados por el colectivo independentista de romper la "unidad sindical".
Pero en otras ocasiones, y tal vez para no perder terreno frente al separatismo, UGT sí ha actuado en sintonía con las federaciones nacionalistas, llegando a asumir parte de su ideario en la cuestión territorial. A saber: criticó la actuación policial el 1-O, se manifestó por los presos del 'procés' en 2018, se sumó a los mencionados "paros de país" independentistas y, recientemente, ha respaldado la ley de amnistía. A lo que se añade su respaldo a cuestiones medulares del nacionalismo catalán como la exclusión del castellano escolar o, desde la pasada década, el llamado "derecho a decidir". Y, esta semana, el guiño al movimiento que supone su acercamiento a Puigdemont.
