“Constructiva” y “positiva”. El Ministerio de Justicia y las siete asociaciones de jueces y fiscales que forman la Comisión Interasociativa salieron ayer de la reunión en la que abordaron las reformas emprendidas por Alberto Ruiz-Gallardón coincidiendo en los adjetivos a la hora de valorar el encuentro y emplazándose para un nuevo encuentro dentro de una semana. Ahí acabaron las coincidencias entre ambas partes. Minutos después de acabado el encuentro, el secretario de Estado, Fernando Román, aseguraba a los periodistas que se habían alcanzado, entre otros acuerdos, uno para que los días de permiso por asuntos propios de la judicatura pasasen de los 18 actuales a 12, frente a los tres que en un primer momento pretendía el Gobierno. Uno de los representantes de las asociaciones que estuvo presente en el encuentro aseguraba poco después a este diario que ese acuerdo no existe y que ellos se mantienen en su reclamación de que se respeten todos los ‘moscosos’ de los jueces por la singularidad de la profesión.
Gallardón marcó distancias con el primer proyecto de reforma del CGPJ: "Es el texto de una comisión de técnicos, no el del Ministerio"
El número 2 de Justicia incluso detalló que nueve de esos 12 días de permiso los podrían disfrutar de modo individual, y no necesariamente de tres en tres como era hasta ahora. E, incluso, dejó entrever que el resto de temas que habían originado el conflicto se orilló, salvo algunas referencias a la creación de un catálogo de enfermedades profesionales de la judicatura y a aspectos técnicos sobre las sustituciones de los magistrados e interinidades. Sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), uno de los puntos más polémicos de la reforma por la reducción de competencias que para el órgano de gobierno de los jueces supondría que saliera adelante la propuesta del ministerio, Román aseguró que no se abordó y que el interlocutor para ello será, precisamente, el Consejo y no las asociaciones de jueces. En su comparecencia ante los medios, el secretario de Estado apeló en varias ocasiones a los jueces y fiscales a que hicieran "un ejercicio de solidaridad con el resto de servidores públicos" ante la "complicada" situación económica.
Sin embargo, la versión de las asociaciones sobre lo abordado en la reunión es totalmente distinta. Uno de los asistentes aseguró ayer a este diario que el tema de los 'moscosos' se tocó pero que en ningún momento jueces y fiscales aceptaron la reducción de 18 a 12 que Justicia aireó a su término. "Insistimos al ministro que mantenerlos no supone gastar más, que es el argumento económico que esgrimen ellos para recortarlos", añadió. En este sentido, este representante de la Comisión Interasociativa destacó que la misma tiene un "mandato claro" de las juntas de jueces celebradas el pasado 21 de septiembre en toda España que no incluye aceptar una reducción de los permisos de asuntos propios. "Días que la inmensa mayoría de jueces utiliza para estudiar casos complicados o redactar sentencias", recalca.
Promesa de volver a consultar
Los representantes de los jueces también niegan que no se hablara en el encuentro de la reforma del CGPJ e, incluso, aseguraron que el propio Ruiz-Gallardón "se comprometió" a que cuando su departamento tengan el texto definitivo sobre la misma "nos citará para que lo valoremos". Según las fuentes consultadas, el ministro marcó distancias con el proyecto que él mismo presentó en el Consejo de Ministros durante el verano. Ayer recalcó que aquel no era "el texto" de su departamento, sino simplemente el de una comisión de técnicos. La queja de los jueces fue que con el documento conocido se produciría una reducción de competencias del órgano de gobierno de los jueces y, por tanto, una subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, "algo inadmisible e inconstitucional". Estas fuentes también aseguran que pidieron a Gallardón que se invirtiera más en la Justicia española, pero que en este punto el ministro se mostró inflexible. "Nos dijo que en estos momentos no hay dinero y que, aunque entendía la sobrecarga de trabajo que teníamos, no podía hacer nada en este sentido", detallan.
Siempre según estas fuentes, las asociaciones acudieron ayer con un calendario de movilizaciones listo para anunciar ante el temor de que Gallardón y su equipo se negaran a negociar sus proyectos. Sin embargo, sel compromiso del ministro de entregar en una semana un nuevo texto de las reformas en cuanto a licencias, sustituciones y bajas por enfermedad que recojará las aportaciones de la Comisión Interasociativa "lo ha paralizado por momento, pero en ningún caso lo ha anulado". Estas fuentes insistieron ayer que, de no cumplir su palabra, "lo pondremos en marcha de nuevo, huelga incluida". De hecho, los jueces que asistieron a la reunión redactaron nada más terminar el encuentro con el ministro, un texto con sus propuestas "y los acuerdos que habíamos alcanzado". Si el contenido del articulado que les remita dentro de una semana "no se ajusta a lo hablado", las asociaciones están dispuestas a poner de modo inmediato en marcha las movilizaciones.
Fuentes judiciales reconocieron ayer su malestar por las declaraciones sobre los 'moscosos' del número 2 de Justicia ante la prensa, y que consideraron "el enésimo intento del Ministerio de hacer llegar a la sociedad la imagen de que lo único que nos preocupa a los jueces de la reforma es la pérdida de días libres". Estas fuentes recalcan que en los últimas semanas el departamento de Gallardón ha intentado varias "maniobras" para conseguir romper la insólita unidad de las siete asociaciones de jueces y fiscales, incluido el envío de cartas para mantener con las diferentes organizaciones reuniones por separado en lugar de la conjunta de ayer. "Sabemos que quieren erosionar la imagen de jueces y fiscales ante los ciudadanos, pero la unidad de la judicatura es tal que dudo que consigan desactivar la movilización si finalmente no acceden a negociar en profundidad las reformas", auguraban. Ayer, al menos, la retrasó una semana.
