La investigación abierta en la Audiencia Nacional por la financiación a accionistas del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016 ha desatado una auténtica guerra en el procedimiento. La adhesión a la causa de más de 1.400 entrevistas a clientes de toda España ha provocado la reacción de los antiguos gestores imputados en la causa, que piden la nulidad no solo de esta prueba, sino también de toda la pieza separada que el juez abrió en marzo para investigar este capítulo del banco.
Uno de los exdirectivos que pretende invalidar esta prueba es Francisco Aparicio Valls. El que fuera secretario del Consejo de Administración ha pedido al magistrado José Luis Calama Teixeira que anule los autos en los que acordó la formación de esta pieza separada (que además declaró secreta), así como su posterior decisión de encargar a la Policía Judicial que tomara declaración a más de un millar de clientes del banco con el objetivo de esclarecer si hubo órdenes veladas para que participaran en la ampliación de capital.
Para los investigadores se trata de una parte crucial de este procedimiento penal que se abrió en 2017 para investigar los motivos de la resolución del banco. De hecho, las sospechas de que se impartieron estas directrices a los directores territoriales llevó al juez a tomar declaración como testigos a accionistas, a recabar documental del Banco Santander (en calidad de heredero del Popular) y a ampliar el trabajo de los peritos del Banco de España en relación a estos hechos.
Epicentro del caso Popular
En noviembre de 2020 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ya amplió las imputaciones a directivos de Auditoría Interna o Riesgos advirtiendo de que se trató de una actuación "ilegal". El magistrado avisó entonces que era una "práctica irregular" porque se ocultó el auténtico destino de la financiación para evitar deducirla del capital regulatorio. Pese a que casi la totalidad de los imputados negaron en sus interrogatorios la existencia de esta campaña, los investigadores siguieron adelante hasta el punto de ordenar más de un millar de testificales para su posterior análisis en una pieza separada.
Las declaraciones testificales a fin de construir un patrón sobre la supuesta financiación constituyen sin duda una investigación prospectiva
Precisamente por este motivo Aparicio Valls pide la nulidad de esta parte de la causa. Según expone su defensa, carecía de sentido abrir una pieza secreta para indagar este capítulo cuando en la principal ya se han acordado numerosas diligencias sobre este asunto. Además, asegura que privarles del contenido de la investigación durante más de un mes supone una vulneración de sus derechos, ya que en todo ese tiempo no han tenido conocimiento de los movimientos del juzgado.
"El acceso a la totalidad de los acontecimientos que conforman la pieza controvertida, así como la totalidad de las actas de las declaraciones testificales llevadas a cabo en todo el territorio nacional por la Policía Judicial no han hecho sino confirmar esta vulneración de derechos fundamentales", explica este exdirectivo el cual se queja, además, de que la Policía Judicial ha practicado las testificales sin que las partes hayan podido presenciar la diligencia. "Se priva a las partes personadas de su capacidad de contradicción", exponen.
"Me obligaron"
Ahora, tras levantar el secreto de sumario, los implicados han tenido acceso al contenido de estas entrevistas que llevó a cabo la Policía Judicial entre accionistas de todo el territorio nacional. La documental, adherida a la causa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, refleja como muchos de los clientes confesaron que se les instó a comprar acciones con financiación otorgada para este fin.
La Policía Judicial efectuó las mismas preguntas a todos ellos: si el banco les sugirió la compra de acciones para la ampliación de capital de 2016; cuál fue el importe de las acciones que adquirieron y si se les ofrecieron préstamos o créditos para financiar en todo o en parte la compra de acciones. Algunos de ellos, como fue el caso de Marco G., explicó que a través de su empresa adquirió acciones por importe de 990.000 euros. Aunque se le propuso un préstamo dice que la financiación se llevó a cabo a través de una póliza de crédito que tenía suscrita con el Popular.
Así, una gran mayoría de los accionistas consultados respondieron afirmativamente a la pregunta de la Policía Judicial, si bien las cifras varían en función de cada uno de los clientes. Así, por ejemplo, dice que participó con 6.000 euros y que, para ello, le duplicaron el crédito suscrito para la compra de una finca. Luis M., por su parte, confirmó a los agentes que le financiaron la totalidad de los 60.000 euros en acciones que adquirió para la operación de 2016, confirmando, además, que esta operación la gestionó el empleado de la sucursal y el director de la misma.
"Recibo órdenes de arriba"
Entre el conjunto de actas destaca la relativa a Jorge V. Este testigo relató a los agentes que no solo le sugirieron la operación, sino que le "obligaron" para poder así renovar las líneas de empresas. El cliente explicó que participó en la operación únicamente porque se la financiaron y que el ofrecimiento se lo hizo la directora de la sucursal. Sobre ella dijo que estaba "disconforme" con el planteamiento pero que lo tenía que hacer por encargo de sus superiores. "Recibo órdenes de arriba", le dijo. De hecho, estaba tan disconforme con esta práctica que terminó por abandonar el banco al poco tiempo.
Destaca también la testifical de Carlos C., que confesó que la directora del Popular fue a su empresa y le ofreció un préstamo de 200.000 euros y otros 200.000 euros más de libre disposición. Frente a esta tesis, los exaltos cargos del Popular imputados en el procedimiento negaron cualquier orden velada a los clientes para actuar en este sentido. A su tesis se sumaron los directores territoriales y regionales, también imputados, por estos hechos que negaron la existencia de una campaña "oficial o extraoficial" para financiar a los clientes del banco extinto.
