Preocupación en la Comisión Europea por la amnistía de Pedro Sánchez. A la espera de analizar el texto que finalmente se apruebe, en una primera toma de contacto del superministro Félix Bolaños este jueves a petición de éste por la polémica que rodea la ley de amnistía, el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la comisaria de Valores, Vera Jourova, le han trasladado su inquietud con la proposición de ley y le han advertido de la avalancha de denuncias que han recibido de ciudadanos, particulares y asociaciones.
En un tono cordial en su primer encuentro tras ser nombrado ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, los comisarios han puesto el foco en la reacción ciudadana que les está llegando, y menos de una semana después del debate en el Parlamento europeo sobre la "amenaza para el Estado de Derecho por un acuerdo de gobierno en España", han avisado a Bolaños del escrutinio al que van a someter la norma cuando esté aprobada, así como a las enmiendas que se incorporen, sin olvidar, como avisó Reynders en la Eurocámara, y el resto de acuerdos "que no hemos visto", en alusión a los acuerdos con Junts y ERC y al lawfare.
"Hemos tomado nota sobre la situación en España con la amnistía", ha advertido Reynders en X. "El diálogo continuará", ha subrayado, tras trasladar que el encuentro ha sido "muy bueno".
El 14 de noviembre, al día siguiente de que el PSOE registrara la proposición de ley en el Congreso, el entonces sólo ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes remitió el texto y pidió a Reynders, y Jourova una reunión "para poder exponerle la posición del Gobierno de España sobre esta materia".
Avalancha de denuncias
Según avanzó Vozpópuli, el registro telemático de la Comisión Europea quedó paralizado por una avalancha de denuncias contra la ley de amnistía el 13 de noviembre. Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba que había remitido el texto de la proposición de ley a la Comisión Europea, en Bruselas ya tenían un alud de denuncias presentadas desde este lunes en cuanto entró el texto en el Congreso.
Buena parte de ellas las han presentado abogados, pero no sólo, también las hay de ciudadanos de otras profesiones, de toda España.
En este sentido, cabe recordar que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) es el colegio profesional de abogados más grande de Europa, con 75.000 letrados. El ICAM publicó el 9 de noviembre un comunicado posicionándose en contra de la amnistía y el ataque a la independencia judicial al que se han adherido los grandes despachos de la Abogacía de los negocios como Pérez Llorca, Garrigues, Cuatrecasas y Uría Menéndez y Gómez-Acebo & Pombo, entre otros.
Estas Denuncias sobre infracciones de Derecho de la Unión Europea las puede presentar cualquier ciudadano y la cumplimentación del formulario es intuitiva. Pero como hay que citar leyes, algunos abogados han ayudado en este menester a denunciantes menos familiarizados con el mundo legal.
Enmiendas y acuerdos
Sobre la amnistía en concreto, Reynders dijo en su intervención inicial en el Parlamento Europeo la semana pasada que la Comisión defiende el Estado de Derecho en la UE y que la "vigilará de cerca". En su último turno fue más lejos y ha desmontado uno de los argumentos recurrentes del PSOE: que la amnistía es un asunto interno. Reynders ha trasladado que "Cataluña es un asunto interno", pero no la amnistía. Ha insistido en que "la Comisión, como guardiana de los tratados, analiza el proyecto de ley depositada en el parlamento para asegurar su compatibilidad con el Derecho de la Unión".
Y no se ha quedado ahí: este asunto no es interno, ha advertido, hay un nexo con la UE. Así, ha "agradecido a los intervinientes de diversos grupos por recordar que hay, efectivamente, un nexo con el Derecho de la UE ya que hay que verificar la compatibilidad con el artículo 2 del Tratado de la UE sobre los valores que fundan la UE y también con varios elementos del derecho criminal a nivel europeo. Como guardiana de los tratados, la Comisión Europea debe actuar para verificar esta compatibilidad de manera independiente y objetiva", ha remachado.
Sobre los pactos del Gobierno, especialmente los rubricados con ERC y Junts, ha sugerido que conoce lo que contienen a pesar de que el Gobierno no se los haya remitido, en alusión al lawfare o control político sobre los jueces, al que se había referido ya, pues ha destacado en varias ocasiones que la Comisión vigilará que se respeta el "Estado de Derecho y la separación de poderes".
tinotron
Lo más gracioso de todo, y en lo que nadie parece haber reparado todavía, es que PEDRO SÁNCHEZ LLEGÓ AL PODER MEDIANTE UN ACTO DE LAWFARE. Fue una sentencia de un juez de izquierdas la que tumbó al gobierno de Mariano Rajoy, pronunciándose sobre un delito que no se estaba juzgando en aquel procedimiento. Si empezamos con las comisiones parlamentarias de lawfare, habría que constituir una para depurar las responsabilidades del juez José Ricardo de Prada en la moción de censura que catapultó a Sánchez y a Iglesias a la Moncloa.