El Tribunal Constitucional (TC) dio esta semana el visto bueno por siete votos frente a cuatro a la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en relación al uso de la figura del real decreto ley. La mayoría progresista del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido respaldó la actuación de Moncloa en relación a un decreto de igualdad laboral entre hombres y mujeres que aprobó en 2019. Sin embargo, cuatro magistrados conservadores discreparon de la actuación asegurando que no se justificó la urgente necesidad que requiere el uso de este instrumento.
Aunque el estudio se ceñía a un recurso interpuesto por el Partido Popular contra el Real Decreto-Ley de 2019 sobre igualdad en el empleo, la deliberación del TC era especialmente importante porque iba a abordar por primera vez el rodillo legislativo del Gobierno. Al respecto, los dos bloques del órgano se han dividido en su valoración sobre el uso y abuso del Real Decreto Ley.
Frente al criterio mayoritario acerca de que sí estaba fundamentada la urgencia que hizo el Ejecutivo aprobara esta medida sin pasar el trámite parlamentario, cuatro miembros del TC discrepan de esa tesis. Así consta en el voto particular conjunto emitido por Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa y al que ha tenido acceso Vozpópuli. Según indican, debió estimarse el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP por vulneración del artículo 86.1 de la Constitución.
"La urgencia de la norma"
El mismo recoge que el Gobierno puede dictar decretos leyes "en caso de extraordinaria y urgente necesidad". Al respecto el voto particular no cuestiona la intención del Ejecutivo de dar prioridad al asunto que recoge el real decreto, relativo a la reforma legal para alcanzar la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Ahora bien, inciden en que no fueron capaces de argumentar la extraordinaria urgencia de aprobar esta norma cuando Sánchez ya había anunciado que se iban a disolver las Cortes de cara a las elecciones de abril de ese año.
El Gobierno, a quien corresponde acreditar la premura, no ofrece una argumentación explícita sobre la necesaria urgencia de la normaVoto particular de cuatro magistrados
"No se cumple, por tanto, el requisito constitucional de la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad en la medida en que no se acredita que la inmediata entrada en vigor de las medidas propuestas constituya, a su vez, una necesidad extraordinaria. No se ha concretado suficientemente elemento alguno que hubiera permitido inferir la urgencia en su adopción", indica para sentenciar que el Gobierno era quien tenía la carga de acreditar la premura y, pese a ello, no ha ofrecido una argumentación "explícita y razonada".
A mayores, los cuatro magistrados conservadores del TC se hacen eco de doctrina del propio Constitucional para reforzar su argumento. Al respecto recurren a un fallo de 2011 sobre la reforma de la Ley de arbitraje que impulsó el Gobierno de José María Aznar en 2003. El fallo, del que fue ponente el magistrado, Pablo Pérez Tremps, abordó el uso supuestamente irregular del derecho a enmienda en el procedimiento legislativo.
Entonces se concluyó que "desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normativa" se entendía como una lesión constitucional por mucho que pudiera parecer conveniente. "Una buena política legislativa puede evitarlo y cuando excepcionalmente no sea posible debe asumir el coste democrático que pueda tener", expuso entonces el TC.
Se imponen los progresistas
Los miembros del bloque conservador llevan este análisis al estudio abordado ahora a tenor del abuso de la figura del real decreto ley. Al respecto insisten en que los argumentos dados por el Gobierno de Sánchez para modificar la ley sin escuchar a la cámara baja son insuficientes, ya que se limitaron a defender que es urgente corregir la situación de discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
"Hay necesidad de justificación tanto más necesaria, teniendo en cuenta la existencia de un marco legal previo", recoge el voto particular avanzado por El Mundo. Al hilo los magistrados precisan que no corresponde al TC valorar la conveniencia y oportunidad política de la norma. "No se trata de cuestionar las modificaciones, sino únicamente el hecho de que se hayan llevado a cabo mediante el mecanismo extraordinario. Que la norma de urgencia tenga un objetivo que, no cabe sino compartir, nada añade desde la perspectiva que ahora es relevante", dicen.
Pese a ello, la mayoría progresista del TC que preside Cándido Conde-Pumpido falló en sentido contrario y respaldó al Gobierno en esta actuación. La sentencia, de la que es ponente el presidente, defiende que sí se ha justificado la urgencia de aprobar la reforma legal mediante el instrumento del real decreto ley. Sostienen que se estaba produciendo una demora en la consecución real de la igualdad entre hombres y mujeres.
El rodillo legislativo de Sánchez
De esta forma decae el recurso presentado por los populares que denunciaron "decretazos electoralistas" de Sánchez. Al respecto, la Fundación Civio expuso en un informe que el Ejecutivo ha batido récord en el uso de la figura del Real Decreto ley. Según los datos que maneja el ente, desde el primer Gobierno de Aznar en 1996 hasta la fecha se han aprobado 467 decretos ley. El informe sostiene que se ha ido abusando de la figura gradualmente hasta reflejar "cifras récord" en las dos legislaturas de Pedro Sánchez.
La Fundación sostiene que el presidente del Gobierno lleva aprobados 125 decretos leyes con una media anual de 918 páginas. Según los datos consultados por Vozpópuli, en la XII Legislatura con el Gobierno en funciones se aprobaron 17. En la siguiente un total de 93. Solo en el año de la pandemia, Moncloa sacó adelante un total de 32 decretos ley. La cifra es especialmente elevada si se compara con el total de iniciativas orgánicas tramitadas en la cámara baja: 26 en 2019; 54 en 2020; 65 en 2021; 74 en 2022 y 6 en lo que llevamos de año.
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