El Tribunal Constitucional ha declarado nulas los apartados de las resoluciones del Parlament sobre la independencia, la autodeterminación y la reprobación del Rey Felipe VI. La decisión ha tenido lugar este miércoles, después de que el pasado octubre se advirtiera al presidente del Parlament Roger Torrent, al presidente de Cataluña Quim Torra y a los integrantes de la Mesa del Parlament del riesgo penal de insistir en la constitución de la República catalana.
El tribunal de garantías se refiere a dos resoluciones concretas. Una de ellas es la 546/XII, sobre la "orientación política general del Govern", aprobada por la Cámara catalana aprobó el pasado septiembre. En ella, los líderes independentistas reclamaban en la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional" para defender "derechos civiles, políticos y sociales"; y reivindicaban el 1-O como un "referéndum legítimo y legal". La otra es la resolución 534/XII, de 25 de julio de 2019, “sobre las propuestas para la Cataluña real”, que, entre otras cuestiones, volvía a reprobar al Rey Felipe VI.
El Constitucional ha dado a conocer tres adelantos de la parte dispositiva de cinco autos aprobados en el Pleno de este miércoles. En concreto, estiman los primeros incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de la Abogacía del Estado, admitidos a trámite por Providencias del 10 y 16 de octubre. Se espera que en los próximos días se notifique los autos íntegros.
En la parte dispositiva que se ha hecho pública este miércoles, los jueces han acordado notificar la decisión al presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, y a los demás miembros de la Mesa del Parlament. A todos se les hará llegar la "advertencia de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento" a la resolución 534/XII y a la 546/XII "en los apartados e incisos anulados".
El independentismo desafía al Constitucional
En este sentido, el Constitucional ha considerado que Torrent y el resto de la Mesa del Parlamente tienen el "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados e incisos de dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal".
Los partidos independentistas ya desafiaron directamente al tribunal de garantías; y no solo por el hecho de retirar la autodeterminación, sino por acusarle de censurar y vulnerar derechos. "La censura que el Tribunal Constitucional pretende imponer al Parlamento de Cataluña constituye una vulneración inaceptable del derecho a la representación política de los diputados y las diputadas, los cuales tienen derecho a ejercer la libertad de expresión y la iniciativa política sin coacciones de ningún tipo", señalaron en una resolución tras las primeras advertencias del Constitucional.
