De una plantilla de nueve personas, sólo tres están operativas. El Centro Operativo de Vigilancia Electrónica (COVE) de Instituciones Penitenciarias, del que depende el control de los presos que salen con pulseras telemáticas de geolocalización, está bajo mínimos por culpa de las bajas y el periodo vacacional. Así lo ha denunciado a este diario representantes de la Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones, que detallan que de los trabajadores destinados en el mismo, dos están de baja por enfermedades de larga duranción, otros dos tampoco acuden a trabajar por motivos médicos y un par más están disfrutando de sus vacaciones.
De los nueve funcionarios de prisiones destinados en el COVE, cuatro están de baja médica, dos de ellos de larga duración, y otro par disfruta de sus vacaciones. Sólo quedan tres para atender el sistema siete días a la semana durante 24 horas al día
De este modo, el COVE está funcionando en estos momentos con sólo tres personas para controlar siete días a la semana y durante 24 horas a aquellos reclusos considerados 'de riesgo' a los que se conceden permisos con este tipo de dispositivos, principalmente condenados por violencia de genero que deben mantenerse alejados de sus víctimas. Según estas fuentes, la situación ha llevado a los responsables del Ministerio del Interior a pedir los jueces que restrinjan al máximo la salida de estos internos ante la imposibilidad actual de controlar sus movimientos. Vozpópuli se puso en contacto con portavoces oficiales de Instituciones Penitenciarias, pero no respondieron a los requerimientos de información realizados.
El COVE, que depende de la Subdirección General de Gestión Penitenciaria, está localizado en la antigua cárcel madrileña de Yeserías, hoy convertida en el Centro de Inserción Social (CIS) Victoria Kent. Allí, los nueve funcionarios tienen permanentemente 'monitorizados' a los reclusos que abandonan la prisión de permiso con una orden judicial de 'localización permanente'. En su mayoría se trata de internos condenados por violencia de género a los que se les ha prohibido acercarse a sus víctimas, aunque también los hay a los que se les ha impuesto la obligación de permanecer determinadas horas del día, principalmente las nocturnas, en el domicilio que fijen como residencia. Si por cualquier circunstancia burlan las limitaciones horarias y de movimiento impuestas o, simplemente, intentan desprenderse del dispositivo que se les ha instalado en la centro penitenciario donde cumplen la condena, saltan una alerta en dicho Centro Operativo. Inmediatamente, éste avisa a las Fuerzas de Seguridad del Estado, previamente informadas de la salida del mismo de prisión.
ACAIP denuncia que esta labor no se puede realizar en estos momentos de manera mínimamente eficaz con sólo tres funcionarios y recalcan que de ello es consciente la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dirige Ángel Yuste. De hecho, añaden que Interior ha intentado 'parchear' esta situación solicitando dos voluntarios entre los funcionarios para que cubran sendas plazas durante los meses de julio y agosto, los de vacaciones, pero dicha medida es considera por el sindicato "insuficiente y condenada al fracaso. Quién va a pedir el traslado a Madrid sólo para dos meses", recalcan portavoces del mismo. También aseguran que Interior ha solicitado a los jueces de vigilancia penitenciaria, que son los que en última instancia conceden los permisos a los reclusos, que, ante la carencia de personal, reduzcan éstos en el caso de presos de riesgo que necesitan control de localización permanente. "Esto supone, en la práctica, paralizar una medida de reinserción social simplemente por una mala planificación de los responsables de Instituciones Penitenciarias", añaden. Desde Interior no confirmaron ni desmintieron a este diario dichas acusaciones, pese a los requerimientos de información realizados.
El suceso de 2008
No es la primera vez que el sistema de control telemático de reclusos se ve envuelto en polémica. De hecho, en noviembre de 2008 un suceso los puso en el disparadero. Entonces, Maximino Couto, uno de esos presos 'de riesgo' por tener una condena de violencia de género al que se le instaló uno de estos ingenios para que disfrutase de un permiso, abandonó la prisión de A Lama (Pontevedra) para horas después asesinar a su compañera sentimental. La investigación abierta en aquel momento por el Ministerio del Interior para saber qué había fallado en el sistema de control reveló que el recluso se había quitado el dispositivo poco antes de dirigirse a la vivienda de su víctima. Este hecho debía provocar precisamente que se disparase una alerta en el COVE, pero nunca qué error se produjo.
En 2011, un informe de Instituciones Penitenciarias incorporado al sumario de Gürtel tras pedir Correa abandonar la cárcel con uno de estos ingenios, admitía que el sistema tiene limitaciones técnicas como pérdida de cobertura
Su fiabilidad volvió a ser puesta en duda en octubre de 2011, en esta ocasión a cuenta de un célebre caso de corrupción. En aquellos días, Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama Gürtel, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entonces instruía el sumario, que le pusieran en libertad con una de estas pulseras geolocalizadoras. El magistrado solicitó informes sobre estos dispositivos y, entre ellos, se incorporó uno de Instituciones Penitenciarias en el que se reconocía que "el sujeto puede deshacerse del sistema cortando la pulsera o apagando el dispositivo GPS". El documento admitía también que dichos ingenios estaban "afectados, como todos los que son conocidos por nuestros técnicos, de avatares tales como la pérdida de cobertura, afectación de inhibidores de frecuencia o cortes en el suministro eléctrico o telefónico".
