El principal riesgo que se observa en la cúpula del PP si el PSOE gana las próximas elecciones generales y forma Gobierno con Ciudadanos no proviene solo de perder de vista La Moncloa sino también de que se caigan los pactos con los que Albert Rivera ha permitido a los populares mantener la presidencia de la Comunidad de Madrid y otras de menor entidad política como las de Murcia y La Rioja. Los acuerdos con Ciudadanos han llevado a que el PP controle también 17 capitales de provincia, entre ellas algunas tan importantes como las de Málaga, Santander o Burgos.
Ciudadanos ha sido la tabla de salvación del PP en Madrid, Murcia, La Rioja y 17 capitales de provincia
“Además de decir adiós a La Moncloa, la principal preocupación es perder Madrid, lo que convierte las elecciones generales en una segunda vuelta del 24-M”, admiten en la dirección del PP. En las pasadas elecciones autonómicas, esta formación obtuvo 48 diputados en la asamblea regional, 11 más que el PSOE, Podemos quedó como tercera fuerza, con 27, y Ciudadanos cuarta, con 17. Después de una larga negociación, el partido de Albert Rivera dejó que gobernara Cristina Cifuentes la comunidad, decisión que antes había compensado confirmando a Susana Díaz en Andalucía, un juego de equidistancia política con el que Ciudadanos pretende mantener su neutralidad, ya no su virginidad, hasta las legislativas de fin de año.
Para los dos grandes partidos, Madrid sigue siendo la madre de todas las batallas como quedó constatado con los esfuerzos fallidos que hizo Pedro Sánchez para convencer a Albert Rivera de que no permitiera que el PP siguiera gobernando en esta comunidad y abriera la puerta en ella al exministro Ángel Gabilondo, ahora en los bancos de la oposición. El líder socialista le hizo ver a Rivera los problemas de imagen que le acarrearía sostener a un Gobierno regional condicionado por varios procesos judiciales, entre ellos el de la operación Púnica, que ha salpicado, de momento, a dos exconsejeros regionales, Lucía Figar y Salvador Victoria. Cifuentes contrarrestó estas presiones prometiéndole a Ciudadanos que aplicaría el bisturí de forma automática si los jueces actuaban contra cualquiera de sus altos cargos.
Réplicas en cadena, no solo en Madrid
La flamante presidenta madrileña, que ha tenido que introducir en la estructura de gobierno de la comunidad, muy a su pesar, a exaltos cargos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, depende para sobrevivir de Ciudadanos en lo que resta de legislatura, pues le presta justo los escaños que suman los 65 de la mayoría absoluta, de momento a salvo de las alianzas que puedan tejer los socialistas con Podemos. En el supuesto de que Pedro Sánchez fuera el más votado en las legislativas y Albert Rivera entrara con él en el Gobierno central, el PP da por hecho que este pacto desencadenaría posibles réplicas en cadena no solo en Madrid, sino también en las otras dos comunidades donde el PP retiene el poder gracias a Ciudadanos, así como en los ayuntamientos de Granada, Jaén, Málaga, Santander, Cuenca, Guadalajara, Ávila, Albacete, Burgos, León, Murcia, Palencia, Salamanca, Cáceres, Badajoz, Teruel y Logroño. Son las 17 capitales con municipios gobernados por el PP con la muleta de Ciudadanos desde el mes de junio.
En todas estas instituciones, la suma del PSOE y Podemos no llega, como es lógico, a la mayoría absoluta, pero si Ciudadanos le retira su apoyo al PP podrían promoverse mociones de censura que acabaran barriendo el tímido poder territorial que el partido de Mariano Rajoy retuvo en los comicios de mayo. Bastaría para ello con que el partido de Rivera se abstuviera en las votaciones para elegir a los nuevos presidentes de comunidad o a los alcaldes.
Los socialistas aun no han perdido todas las esperanzas de convertir a Gabilondo en presidente de la comunidad madrileña
Los temores que ahora comparten altos cargos del Gobierno y del PP por el papel que pueden desempeñar las legislativas de fin de año como segunda vuelta del 24-M, se mezclan con los reproches a Rajoy por no haber tenido en su momento la valentía de reformar la ley Electoral para favorecer que gobernara la lista municipal más votada. El PP se duele ahora de su error, que ha permitido al PSOE recuperar media docena de comunidades y cientos de ayuntamientos gracias al respaldo de Podemos y sus organizaciones afines. El presidente desechó la idea al concluir que podía tener más inconvenientes que ventajas si no se contaba con el visto bueno del primer partido de la oposición. Ahora, cuando el PP acaba de presentar en el Congreso una reforma que tendría efectos para 2019, tampoco cuenta con el favor de los socialistas. En ella se defiende dar una prima de concejales equivalente a la mayoría absoluta al partido que obtenga más del 35% de los votos y una diferencia de, al menos, cinco puntos con la siguiente candidatura. El objetivo es evitar casos como los de Pamplona o Las Palmas, donde gobiernan alcaldes que obtuvieron el pasado 24 de mayo menos del 20% de los apoyos. En cualquier caso, la reforma llega tarde y decaerá con la disolución del Parlamento, por lo que en el PP se confiesa que ahora solo se practican con ella fuegos artificiales.
