El Gobierno de PSOE y Podemos cede otra vez ante el PNV. Tal y como exigían los peneuvistas, habrá un impulso para las ansiadas obras del TAV, más conocido como el AVE vasco. Pero las inversiones necesarias no estarán incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino que se acometerán por otra vía: la "encomienda de gestión". Esto quiere decir que el Gobierno vasco adelantará el dinero para la infraestructura y después se lo cobrará al Estado descontando la cantidad del cupo vasco.
Políticamente la semana en Euskadi ha estado marcada por la visita de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que se reunió con el consejero del ramo del Ejecutivo vasco, Iñaki Arriola. Tras el encuentro ambos anunciaron entre otras cosas que estaban a punto de cerrar un acuerdo sobre dos nuevas "encomiendas de gestión" para la construcción de los tramos del TAV hasta Bilbao y Vitoria. Otra cesión al PNV a cambio de su apoyo los PGE.
Con un acuerdo como este, ambas partes se ahorran las críticas que puedan surgir a hipotéticos aumentos de inversiones para la alta velocidad en el País Vasco. Además, también ambos implicados ganan tiempo, de manera que el Gobierno dirigido por Íñigo Urkullu tiene así menos problemas para avanzar en las obras y el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene que pagar ahora, sino en el futuro.
El cupo, siempre en entredicho
No es la primera vez ni mucho menos que esta fórmula indirecta se utiliza para cuestiones de esta índole. De hecho, esto ya se está usando para las obras de la misma infraestructura en Guipúzcoa. El pacto consiste, como se ha dicho, en que el Gobierno vasco se hace cargo de las obras y luego descuenta esas cantidades en el célebre (y siempre en entredicho) cupo vasco que, como Vozpópuli ya ha explicado en numerosas ocasiones, es la cuantía que las administraciones vascas pagan al Estado por las competencias no transferidas y en concepto de solidaridad con el resto de autonomías.
Más allá de lo que dice la ley sobre el Concierto Económico y el Cupo Vasco, ambas administraciones van maniobrando y recalculando las cifras según les conviene
Esa cifra, como es de sobra conocido, se negocia entre el Estado y las tres administraciones forales de Euskadi (una por provincia) en el marco de la Comisión Mixta del Concierto Económico. Pero se negocia a posteriori. Es decir que en los proyectos de los PGE sí aparece la cifra del cupo de cada año, pero como una estimación que se cierra negociando después, cuando el ejercicio ya ha terminado. Así, por ejemplo, en 2020 ambas partes cerraron las cantidades definitivas de los cupos de 2017, 2018 y 2019.
Con esta forma de proceder, lo cierto es que, más allá de lo que dice la ley sobre el Concierto Económico y el Cupo Vasco, ambas administraciones van maniobrando y recalculando las cifras según les conviene. Por ejemplo, a partir del próximo año el Ejecutivo regional también descontará del cupo vasco 77 millones de euros por la gestión de Prisiones, una competencia recién traspasada a la comunidad autónoma vasca. El grupo parlamentario de Ciudadanos ha presentado una batería de preguntas en el Congreso sobre cómo se calculará esta cantidad, si con el índice de imputación del 6,24% -el que se viene usando para el cupo desde hace años- o con otra vía.
El Estado ya ha gastado 3.833 millones de euros en esta infraestructura. De esa cantidad, explicó la titular de Transportes, 510 millones se han inyectado desde que Sánchez gobierna
En todo caso, volviendo a las obras del TAV, está claro que utilizar las citadas "encomiendas de gestión" evita controversias sobre las cifras. Por un lado, el PNV no ha incluido las obras del TAV en sus enmiendas a los Presupuestos de 2022. Por otro lado, mediáticamente el asunto de las cantidades y de cómo se pagarán pasa casi inadvertido.
Esta semana los medios vascos destacaron sobre todo el acuerdo entre ambas administraciones sobre la alta velocidad en Euskadi, recogieron que la nueva fecha para el final definitivo de las obras será 2026 o 2027 y se centraron en la polémica suscitada entre el consejero de Transportes, el mentado Arriola, del PSE, y los alcaldes peneuvistas de Vitoria y Bilbao, Gorka Urtaran y Juan Mari Aburto. Pero los números sobre el coste real del TAV apenas se comentaron.
La ministra Raquel Sánchez afirmó en su visita que el Estado ya ha gastado 3.833 millones de euros en esta infraestructura. De esa cantidad, explicó la titular de Transportes, 510 millones se han inyectado desde que Sánchez gobierna, en junio de 2018. No hay una cifra exacta sobre cuánto costará la alta velocidad para el País Vasco. Solo estimaciones que apuntan a un coste total de unos 6.000 millones. Las obras empezaron en 2006, después se fueron postergando por muy diversos motivos y todavía no se sabe cuándo terminarán.
