El 8,2% sobre el que el gobierno Rajoy ha construido la subida de impuestos y el abaratamiento del despido es, a ojos de Bruselas, “una intuición que puede estar siendo exagerada”. Según confirman fuentes comunitarias, la Comisión Europea sospecha de tres criterios contables con los que el nuevo gobierno podría estar inflando el déficit de 2011: el desembalse de déficit mediante la firma de convenios, la concesión de ayudas que se habían denegado hasta ahora y, por último, el retraso del cómputo de los ingresos para 2012.
1.- Los gastos se contabilizan en 2011, los ingresos se retrasan hasta 2012: El gobierno ha contabilizado puntualmente todos los gastos en el momento en que se comprometieron, pero está retrasando la contabilidad de los ingresos. Se trata del uso de dos criterios contables distintos: los gastos siguen el “criterio de devengo” (contabilizando las partidas en el momento en que se firman los contratos) y los ingresos se someten al “criterio de caja” (contabilizando los fondos cuando se ingresan y no cuando se comprometen).
Según los técnicos de la Agencia Tributaria consultados, el efecto es un “déficit que se corrige solo, puesto que sirve para engordar el déficit un año y, a la vez, los fondos que lo taparán el siguiente”. Esos mismos técnicos insisten en que no es ilegal ni irregular pero sí califican el uso de dos contabilidades como “discutible”.
El efecto, según estimaciones técnicas, es un margen de “décimas de PIB” que pueden engordar o adelgazar el déficit del Estado de manera arbitraria, según la decisión del gobierno de turno.
2.- Autorización de gastos que habían sido denegados: El gobierno ha aprobado también partidas de gasto que el Ejecutivo anterior denegó. La discrepancia política es normal y suele suponer que algunos gobiernos aprueben lo que otros niegan, pero Bruselas ha dado la voz de alarma por las fechas en que está ocurriendo. El Ejecutivo de Rajoy aprobó una partida de subvenciones de 30 millones de euros para Canarias el 30 de diciembre de 2011, con cargo al ejercicio que se cerraba oficialmente ese mismo día.
La autorización de gastos, que había sido denegada por Elena Salgado, fue aprobada por Cristóbal Montoro con cargo al año en que todavía gobernaban los socialistas.
Movimientos similares terminaron en cuanto terminó 2011 y no se han repetido en el nuevo ejercicio de gobierno popular.
3.- Convenios con fechas “giradas” o “desembalsar el déficit”: El nuevo gobierno está aprobando en 2012 convenios de gasto con cargo a 2011. Se trata de gastos autonómicos que sólo se contabilizan como gasto y déficit si el gobierno central y las autonomías los suscriben. Con la llegada del PP al poder, convenios que habían sido retenidos fueron aprobados con premura en los últimos días del año. El 27 de diciembre de 2011, por ejemplo, el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) publicó un acuerdo que comprometía gastos del Ministerio de Trabajo y de la comunidad de Aragón en materia de acogida e integración de inmigrantes que debía aplicarse en un año al que le quedaban cuatro días de vida.
Partidas de gasto similares se han aprobado en diferentes autonomías. Los socialistas han denunciado que el nuevo gobierno estaba "desembalsando déficit" para cargar a la herencia socialista un agujero mayor del que la contabilidad estricta registraría. Fuentes populares niegan que se sigan criterios arbitrarios y acusan al gobierno anterior de haber pospuesto gastos que debían cargarse a 2011. El Ministerio de Hacienda no ha comentado la situación.
La cifra sobre la que se construye todo el ajuste, en cuestión
Las sospechas de Bruselas sobre que el déficit real en España podría quedar por debajo del 8% --publicada por Vozpópuli la semana pasada citando fuentes de la Agencia Tributaria—ha sido confirmada a Reuters que asegura que tres directores de la Unión Europea consideran que el gobierno popular ha “exagerado las cifras de déficit para el año 2011”. Fuentes comunitarias confirman ahora a esta redacción que tres son los criterios contables bajo sospecha.
