La elección de la lengua de primera enseñanza en Baleares ha vuelto a situarse en el centro del debate educativo tras las denuncias presentadas por la plataforma Escuela de Todos (EdT). Según la organización, en al menos dos centros escolares no se ofreció a las familias la opción de elegir entre catalán o castellano en el proceso de matriculación, lo que supondría una vulneración del derecho reconocido en la Ley de Normalización Lingüística de la comunidad.
El decreto de mínimos (92/1997) establece en su artículo 9 que los padres pueden optar por un aprendizaje exclusivo en una de las dos lenguas cooficiales durante la educación infantil y los dos primeros cursos de primaria. No obstante, EdT asegura que algunos centros concertados no incluyeron esta posibilidad en los formularios de matrícula, forzando así la enseñanza en catalán sin alternativa real para los padres.
Centros en el punto de mira
El 28 de junio de 2024, EdT solicitó a la Consejería de Educación los datos de las elecciones de lengua en los distintos centros de Baleares. La respuesta, recibida el 18 de julio, reveló que en 166 colegios se había registrado demanda de enseñanza en castellano. Sin embargo, en dos centros concretos (Colegio Santa María y Colegio Sagrado Corazón), el 100% de los alumnos fueron matriculados en catalán, lo que la plataforma considera "indicios claros de fraude".
Ante esta situación, EdT denunció el 27 de junio que estos colegios no habían proporcionado impresos con la opción de elegir idioma. Más tarde, el 12 de septiembre, la entidad amplió su reclamación al sospechar que la omisión de esta opción podría haberse dado en más centros.
La respuesta de la Consejería, fechada el 13 de agosto, confirmó que no se disponía de un registro detallado sobre los modelos de matrícula utilizados, lo que aumentó la incertidumbre. La cuestión llegó al Consejo de Transparencia, que el 17 de diciembre instó a la administración a entregar los formularios de matrícula utilizados en los centros concertados. No obstante, al 31 de enero de 2025, EdT sigue esperando la documentación.
Opacidad en la publicación de medidas pedagógicas
Otro de los puntos clave del conflicto es la falta de transparencia en la publicación de las Programaciones Generales Anuales (PGA), donde deben detallarse las medidas adoptadas para garantizar el aprendizaje en ambas lenguas oficiales. Según el decreto 4/2023, todos los centros están obligados a hacer pública esta información en sus páginas web y en la plataforma GestIB.
El 11 de noviembre, EdT revisó los portales de los 166 centros donde se habían registrado elecciones de castellano y descubrió que solo 10 de ellos tenían disponible la PGA y solo tres especificaban medidas de atención para los alumnos que habían optado por el español. La plataforma presentó entonces una nueva solicitud a la Consejería de Educación para acceder a esta información.
El 10 de enero de 2025, la Inspección Educativa respondió asegurando que todas las PGA habían sido publicadas, pero una nueva revisión realizada por EdT el 31 de enero desmintió esta afirmación: 82 centros seguían sin hacer pública su PGA y 18 de los que sí la habían publicado no incluían ninguna referencia a la elección lingüística.
Falta de recursos y discriminación hacia el español
Los datos recabados por EdT revelan que, en los centros donde se permite la elección de castellano como lengua de enseñanza, la aplicación práctica de esta opción es "deficiente". En muchos casos, los alumnos que optan por el español no reciben clases en igualdad de condiciones con aquellos que escogen el catalán.
En la mayoría de los colegios, los alumnos que eligen el castellano son atendidos por maestros de apoyo, un rol habitualmente destinado a alumnos con necesidades especiales. EdT denuncia que esta práctica estigmatiza a los estudiantes y los priva de una enseñanza de calidad en su lengua elegida. Además, el número de horas en español es mínimo y se asigna, en la mayoría de los casos, al tramo más bajo permitido por la normativa (6 horas semanales).
Asimismo, la distribución de materias refleja un claro sesgo hacia el catalán: mientras que este se emplea en todas las áreas de conocimiento, el castellano se limita en muchos casos a actividades de menor peso académico, como juegos, asambleas o rincones de aprendizaje.
De acuerdo con los datos recopilados, EdT concluye que en el 83% de los centros concertados y en el 57% de los centros públicos evaluados hay padres que eligen el castellano como lengua de primera enseñanza. Sin embargo, la organización denuncia una falta de compromiso por parte de la Consejería de Educación para garantizar este derecho, evidenciando una clara discriminación hacia las familias que optan por el español.
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