El juez de Instrucción número Cinco de Almería, Rafael Soriano, busca poder descartar por completo que la detenida por la muerte del niño de ocho años Gabriel Cruz, contase con algún cómplice a la hora de llevar a cabo su crimen. También quiere aclarar algunos puntos de la versión de la arrestada, que dice que mató al menor tras un forcejeo entre ambos. Esas son las razones, según fuentes de la investigación, por las que el magistrado decidió prolongar 24 horas su situación de detención policial antes de decidir si la envía a prisión.
Soriano, quien ya se opuso a la incineración del cadáver de Gabriel, escuchó este miércoles la declaración de Ana Julia Quezada durante casi una hora y media en la que ella ratificó lo dicho ante la Guardia Civil. Sostiene que actuó sola, que el menor se fue con ella voluntariamente a la finca familiar de su pareja y padre de Gabriel. Según su versión, una vez allí, el niño inició una discusión con ella y le acabó asfixiando. Una vez muerto, decidió enterrarle. Los investigadores del Instituto Armado dieron verosimilitud al hecho de que actuase en solitario aunque tienen la certeza de que miente en muchos puntos de su relato atendiendo a la autopsia realizada, entre otras pesquisas.
Horas antes de poner a la arrestada a disposición judicial, una vez agotado el plazo de 72 horas desde su detención, la Guardia Civil dio por cerrado y aclarado el caso, aunque las fuentes policiales consultadas hacían una matización: "casi al cien por cien". Ese resquicio es el que llevó al juez a ordenar nuevas diligencias, que no trascendieron al encontrarse las pesquisas bajo secreto de sumario. Sobre la posibilidad de que Quezada contase con alguna ayuda, los agentes al cargo del caso admiten que esa opción se llegó a barajar en algún momento, pero el avance de sus averiguaciones les llevó a descartarlo finalmente.
Hallan una pala
A lo largo de estos tres días de intenso trabajo contra el reloj para elaborar el atestado que han presentado al juez, los miembros de la Guardia Civil de Almería y especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) desplazados desde de Madrid han ido recopilando evidencias en los distintos registros, inspecciones y reconstrucciones de la investigación. Fuentes del caso informan a Vozpópuli del hallazgo de una pala en el marco de esos trabajos. Se sospecha que fue la herramienta que usó Quezada para enterrar al niño una vez fallecido en la finca de Rodalquilar, en Nijas (Almería).
La detenida, que desde su arresto ha contado con la asistencia de abogados, ha construido un relato en el que busca reducir su posible condena evitando la calificación de asesinato, penado entre 15 y 25 años de cárcel y con prisión permanente revisable en caso de que no fuese derogada por el Congreso. Si un tribunal diese por buena su versión de que no se trató de un hecho previamente planificado, podría ser acusada de homicidio, cuya pena máxima rondaría los 15 años de cárcel.
"Hay un hacha"
Una de las incógnitas a despejar es si Quezada golpeó al niño con el mango de un hacha en su intención de causarle la muerte. Preguntada acerca de este hecho, su abogada -asignada de oficio- Beatriz Gámez, se limitó a afirmar la existencia de esa herramienta, pero no llegó a confirmar si fue parte del plan para acabar con la vida del menor. "Hay un hacha", admitió ante los medios de comunicación agolpados alrededor de su coche.
Los agentes recuperaron el martes la ropa que llevaba Gabriel el día de su desaparición en unos contenedores de Retamar, una urbanización costera situada entre Las Hortichuelas, lugar en el que se le vio por última vez el 27 de febrero, y Puebla de Vícar, donde fue detenida Quezada con el cuerpo sin vida del niño en el maletero del coche.
