La oposición al Gobierno de Pedro Sánchez había prometido un recibimiento con las espadas en alto para la futura fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ministra de Justicia del Ejecutivo socialista hasta hace solo unas semanas. Y Delgado compareció en el examen ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados con un discurso leído en el que buscó blindarse de las críticas. Prometió una Fiscalía independiente del poder Ejecutivo y que no interferirá como máxima responsable en las investigaciones de sus subordinados.
Después de que el presidente del Gobierno anunciase su estrategia de desjudicializar la situación en Cataluña, Delgado explicó cómo ve ella a la institución que va a dirigir y que tiene entre manos investigaciones tan sensibles como el desafío independentista o el caso Villarejo, entre otros muchos. “Los fiscales debemos ser autónomos y responsables ante el poder Ejecutivo. Un fiscal encargado de un asunto es el responsable de ese asunto”, aseveró. No obstante, dejó una puerta abierta a ejercer su derecho jerárquico “de manera excepcional y por razones motivadas”. No puso ejemplos.
Reivindicó su trayectoria de tres décadas en el Ministerio Público y llegó a definirse como una “funcionaria de trinchera”. Eso sin obviar su paso por el Ministerio del que dijo sentirse “orgullosa” y defendió la legalidad de su nombramiento. Su intervención inicial repasó toda esa trayectoria desde su primer destino en el Prat de Llobregat hasta su colaboración como representante española en la Corte Penal Internacional de la Haya pasando por la lucha contra la droga o sus años de ariete contra el terrorismo en la Audiencia Nacional.
Su pasado como ministra, "una fortaleza"
Aplicó incluso un tono de reproche preventivo ante las posibles críticas cuando glosó todas las universidades para las que ha colaborado (alzó la voz incluso en un intento nada disimulado de dejar claro que está preparada para el cargo independientemente de su paso por el Gobierno). No obvió en su discurso su faceta como integrante del gabinete de Sánchez, pero lo enmarcó en su vocación de servicio público. “No debe entenderse como una debilidad, sino como una fortaleza”, dijo.
Destacó que su función ministerial le ha aportado experiencia y conocimiento de la Justicia y la gestión de equipos. A partir de ahí, defendió la legalidad de su nombramiento. Explicó que pese a que es el Gobierno quien la elige, lo hace en base a unos “criterios estrictamente objetivos” entre juristas “de reconocido prestigio que cuenten con más de 15 de carrera”. Para reforzar su tesis comparó el sistema español con el de otros países donde incluso el fiscal general es parte del Gobierno.
Sacó su perfil más progresista -no en vano pertenece a la Unión Progresista de Fiscales- para cargar contra el "vergonzante" y "preconstitucional" Estatuto Fiscal y se sumó al plan avanzado por su sucesor en el Ministerio de que sean los fiscales los que instruyan las causas judiciales y no los jueces. En sus primeras palabras dejó varios cebos para la oposición como cuando les acusó de poner en duda el papel de la Fiscalía. Según les afeó, es "injusto" para los miles de fiscales que acuden a diario a sus puestos de trabajo. Tras su paso por la Cámara, Dolores Delgado será nombrada de forma oficial fiscal general del Estado en el próximo Consejo de Ministros.
