La Fiscalía ha rebajado a casi 11 años de cárcel su petición de pena para Jaume O., exguitarrista de la histórica banda Decibelios, después de que este admitiera haber abusado sexualmente de dos menores de edad a cambio de dinero y haber grabado las relaciones con ellas.
En la sección séptima de la Audiencia de Barcelona ha quedado visto para sentencia el juicio contra el músico, quien ha pactado una rebaja de pena con la Fiscalía, que inicialmente le pedía casi 50 años de cárcel, a cambio de reconocer los abusos sexuales a menores que se le imputan y tras haber pagado 48.000 euros de indemnización a las dos víctimas.
El guitarrista fue detenido en marzo de 2020 por los Mossos d'Esquadra en Barcelona y, tras su arresto, la banda, referente de la música "Oi" de los años 80, género en el que se incluye el punk rock, ska y pub rock y relacionado mayoritariamente con el movimiento skinhead de la década de los 70.
El grupo anunció su disolución definitiva y se desmarcó de los abusos sexuales cometidos por el procesado.
En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía ha rebajado a 11 años y nueve meses su petición de condena para Jaume O. por los delitos de favorecimiento a la prostitución en menores de edad, abusos sexuales a menores de 16 años, producción de pornografía infantil, exhibicionismo y también tenencia ilícita de armas, puesto que encontraron dos revólveres al registrar su domicilio.
El acusado ha asumido ante el tribunal que pagó a menores para que tuvieran sexo con él según sus deseos, que grabó los encuentros con el móvil y una cámara 'go pro' y que posteriormente enseñaba las imágenes a las víctimas a través de un proyector.
Era consciente de que tenían 15 años y había llegado a amenazarlas con no pagarles el importe acordado si no accedían a sus distintas peticiones sexuales.
También ha reconocido que era consciente de que las jóvenes tenían 15 años, cuando el mínimo legal para el consentimiento son 16, y que había llegado a amenazarlas con no pagarles el importe acordado si no accedían a sus distintas peticiones sexuales.
Además, el acusado también ha reconocido ante el tribunal la propiedad de los dos revólveres encontrados en su domicilio en el registro practicado en marzo de 2020, para los que carecía de permiso de armas.
Un grupo para contactar a jóvenes con hombres
La Fiscalía ha solicitado que se imponga al procesado una multa de 450 euros por el delito de exhibicionismo y se le prohíba comunicarse con las víctimas en los cuatro años posteriores a la condena, así como trabajar con menores durante cinco años.
Según mantiene la Fiscalía en su escrito de acusación, Jaume O. conoció a una de las víctimas en 2019 a través de un grupo de WhatsApp que gestionaba otra menor de edad para poner en contacto a jóvenes con hombres para mantener encuentros sexuales.
Jaume O. tuvo relaciones sexuales con esa primera menor de edad, que inicialmente le había manifestado que tenía 17 años, aunque más adelante le reconoció su edad real, sin que este tuviera reparos en volver a encontrarse con ella.
La segunda menor fue a la casa del autor confeso por mediación de la primera, a la que había conocido en un centro sanitario, y Jaume O. abusó de ella en repetidas ocasiones y lo grabó.
En el registro de su domicilio encontraron las cámaras y teléfonos que usó para grabar a las víctimas, así como cocaína y dos armas para las que no tenía licencia.
La joven ingresó en la Unidad de Crisis de Adolescentes de un centro sanitario, circunstancia que permitió a la madre descubrir en su teléfono móvil un mensaje en el que el acusado la emplazaba a practicarle sexo oral, por lo que contactó con el músico para avisarle de que le denunciaría.
Cocaína y dos armas sin licencia
Pese eso, el acusado volvió a emplazar a la menor a verse en una copistería de Barcelona que él administraba, donde le aseguró que le gustaría casarse con ella cuando tuviera 16 años, dado que entonces ya sería legal, y le volvió a ofrecer dinero a cambio de satisfacer sus deseos sexuales y grabarla con el móvil.
En el registro policial en el domicilio de Jaume O. se encontraron las cámaras y teléfonos móviles que el acusado había utilizado para grabar a las víctimas de los abusos, así como cocaína y dos armas para las que no disponía de licencia.
