El pasado lunes, 2 de diciembre, entró en vigor en España el nuevo sistema de registro documental de viajeros, una medida impulsada por el Ministerio del Interior que obliga a empresas del sector turístico, como agencias de viajes, hoteles y operadores, a recopilar y proporcionar un extenso listado de datos de sus clientes al Gobierno. Este requisito, conocido coloquialmente como el "Gran Hermano" de Marlaska, ha generado un rechazo unánime en el sector, protestas dentro y fuera del país, y hasta llamados al boicot desde mercados clave como Reino Unido.

La norma, a pesar de haber sido votada en contra tanto en el Senado como en el Congreso, sigue adelante con el objetivo, según el Ministerio del Interior, de reforzar la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Sin embargo, la implementación de este registro no ha venido acompañada de consenso ni de claridad, y la oposición no solo es contundente, sino también global. Hay que tener en cuenta, que a pesar de las peticiones del sector turístico de hablar con el Gobierno e informarse sobre la normativa para poder llegar a un consenso, no han sido posibles. El Gobierno, no es que haya declinado sus peticiones y se haya negado, es que directamente no ha contestado a ningún correo electrónico, ni llamada, ni petición de información por parte del sector turístico. 

Rechazo interno y un sector en pie de guerra

En España, la patronal del sector turístico y las agencias de viajes han criticado fuertemente la normativa, la cual consideran desproporcionada y dañina para un sector estratégico. Las cifras del impacto son alarmantes: mientras que a finales de noviembre apenas 1.994 puntos de venta estaban registrados en la nueva plataforma creada por Interior, el sector turístico en su conjunto cuenta con más de 9.000 establecimientos. Esto evidencia el amplio desacuerdo con la medida.

El registro exige que las empresas entreguen más de 40 datos por cliente, incluyendo información sensible como datos personales y de pago, en un plazo máximo de 24 horas tras la formalización de la reserva. El incumplimiento puede acarrear multas severas, que van desde 100 euros por infracciones leves hasta sanciones de 30.000 euros por infracciones graves.

Portavoces de las patronales han denunciado que estas exigencias contradicen las directivas europeas de protección de datos y colocan una carga desproporcionada sobre pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales ya enfrentan dificultades económicas tras los estragos de la pandemia. La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha advertido que la norma podría hacer inviables cientos de negocios.

En respuesta, grupos de profesionales del sector han iniciado una campaña de movilización a través de redes sociales y foros privados, instando a sus colegas a boicotear el cumplimiento del registro. Aunque esta resistencia es informal, refleja un clima de rechazo generalizado.

Repercusión internacional: Reino Unido lidera el boicot

El impacto de la medida no se limita a las fronteras españolas. En Reino Unido, el principal mercado emisor de turistas hacia España, el descontento ha alcanzado niveles alarmantes. En los primeros diez meses del año, 16,5 millones de británicos viajaron a España, generando un gasto estimado de 20.343 millones de euros. Este flujo masivo de visitantes podría estar en peligro. De hecho, ya se están empezando a hacer estudios sobre la pérdida de turistas en 2025 y cómo afectaría de forma directa al sector turístico. 

En este sentido, medios británicos han calificado la normativa como "draconiana" y "fuera de lugar", afirmando que envía un mensaje de rechazo hacia los turistas extranjeros. Titulares como "Los británicos boicotean a España antes de la nueva normativa de viajes" o "Los turistas británicos nunca volverán de vacaciones a España debido a las nuevas reglas" han circulado ampliamente, alimentando un sentimiento de descontento entre los visitantes.

Además, algunos medios han señalado que el registro de datos no solo viola la privacidad de los viajeros, sino que complica innecesariamente el proceso de reserva, generando una percepción de España como un destino menos hospitalario y más burocrático.

La defensa del Ministerio del Interior

Desde el Ministerio del Interior, se insiste en que la medida tiene una finalidad de seguridad nacional. Según sus responsables, el registro documental permitirá combatir el terrorismo y el crimen organizado con mayor eficacia, facilitando la trazabilidad de los movimientos de viajeros en el país.

Sin embargo, esta justificación no ha calmado las aguas. Agustín Almodóbar, portavoz de Turismo del PP, argumenta que "otros países europeos no imponen obligaciones similares, a pesar de enfrentar retos de seguridad comparables". También ha señalado que el sistema "podría ser contraproducente, ya que muchos viajeros podrían optar por destinos alternativos donde no existan estas restricciones".

Las consecuencias económicas de esta medida podrían ser devastadoras. En un momento en que el sector turístico lucha por recuperarse de las pérdidas acumuladas durante los últimos años, la imposición de nuevas cargas administrativas y la amenaza de sanciones multimillonarias representan un golpe significativo.

Por ejemplo, una pequeña agencia de viajes que no cumpla con el registro podría enfrentarse a sanciones de hasta 30.000 euros, una cifra que podría llevarla al cierre definitivo. Además, las infracciones leves, que se aplican por errores en los datos o retrasos en su envío, también suponen un coste relevante para empresas que operan con márgenes reducidos.

El riesgo no es solo económico. La imagen de España como un destino turístico accesible y acogedor también está en juego. El descontento en mercados clave como Reino Unido, Alemania y Francia podría traducirse en una disminución de las reservas, justo cuando las proyecciones para 2024 anticipaban una recuperación total del sector. Además, es una norma que se ha pensado a consciencia, debido a que estaba prevista para ponerse en marcha el 1 de octubre, y ha sido aplazada al 2 de diciembre, coincidiendo con un fin de semana lleno de turistas en España con motivo de los días festivos y en plenas celebraciones navideñas. Un hecho que en lugar de causar calma y organización, más bien va a generar caos a las puertas de los hoteles. 

¿Un tiempo de adaptación insuficiente?

Aunque el Gobierno ha insinuado que podría ofrecer un periodo de adaptación antes de aplicar sanciones, la falta de claridad en la comunicación y los plazos ha generado incertidumbre entre los empresarios. A menos de una semana de la entrada en vigor, miles de empresas aún desconocen cómo cumplir con la normativa, o si están en condiciones de hacerlo.

Además, el proceso para registrarse en la plataforma de Interior no ha estado exento de críticas. Muchos empresarios han reportado dificultades técnicas, falta de soporte y un diseño poco intuitivo que complica aún más la implementación del sistema.

La entrada en vigor del "Gran Hermano" turístico marca un antes y un después en la relación entre el Gobierno y el sector. La falta de consenso y la implementación de una norma que contradice las necesidades y realidades del sector han erosionado la confianza de empresarios, turistas y operadores internacionales.

El tiempo dirá si las protestas y los llamados al boicot logran forzar cambios en la normativa, pero el daño a corto plazo ya está hecho. España, que ha sido históricamente líder mundial en turismo, enfrenta ahora un reto complejo: equilibrar las demandas de seguridad con la necesidad de preservar la competitividad de un sector vital para su economía. 

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