La Sala más importante del Tribunal Supremo afronta desde este viernes 5 de diciembre una nueva etapa al terminarse el mandato de diez años de su hasta ahora presidente, Manuel Marchena. El jurista, que lideró la vista del procés y dijo 'no' a un pacto político que le situaba en la cúpula del Tribunal Supremo, deja la presidencia tras diez años marcados por su capacidad para generar acuerdos y su defensa a ultranza de la independencia judicial.
El magistrado cierra un periodo determinante en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pero seguirá formando parte de la misma. Lejos de colgar la toga, continuará "en el andamio", expresión que él mismo utiliza para referirse a su trabajo. Miembros de la judicatura y compañeros explican a Vozpópuli que Marchena ha conseguido prácticamente un imposible dentro de una Sala tan compleja y heterogénea como es la de lo Penal: alcanzar acuerdos.
Las fuentes consultadas lo definen como un hombre de consenso, brillante, trabajador, familiar y defensor a ultranza de la independencia judicial. De hecho, si por algo se recordará al magistrado canario es por su actuación en el juicio del procés. Consciente de la complejidad de la vista y de las críticas a las que se enfrentaba el tribunal, solicitó que se retransmitiera en directo en la televisión pública.
La transparencia del procés
Se trató de la primera vez que un juicio del tal magnitud se pudo seguir en directo desde su primera sesión el 12 de febrero de 2019 hasta el 'visto para sentencia' que dictó el 12 de junio, cuatro meses y 52 sesiones después. "Apostó desde el minuto uno por la transparencia total", rezan las voces consultadas.
Tanto es así, que en el juicio que acogió la Audiencia Nacional por los atentados del 11-M -y que también se siguió en directo- había un 'botón del pánico' para cortar la retransmisión cuando hubiera un incidente. Marchena rechazó de plano esa opción y dijo que se rentrasmitiría en su totalidad.
Al término del considerado como uno de los principales juicios de la democracia, el tribunal se encerró durante meses para deliberar el fallo. Se trataron de debates al más alto nivel que culminaron en una condena, alcanzada por unanimidad, para los 11 líderes condenados. Nueve de ellos lo fueron por el delito de sedición (y no por rebelión como pedía la Fiscalía) y malversación de caudales públicos.
Aunque no era su objetivo, la retransmisión de la vista le dio gran notoriedad de puertas para afuera, si bien en la carrera judicial gozaba ya de un gran reconocimiento. Un punto de inflexión en este sentido, se produjo cuando dijo 'no' al pacto que PSOE y PP acordaron para renovar el CGPJ en 2018.
En noviembre de aquel año, cuando el acuerdo se daba por hecho y su nombre sonaba en las quinielas para presidir el Tribunal Supremo, se filtró en prensa un Whatsapp de Ignacio Cosidó en el que se vanagloriaba del control que ejercerían de la Sala de lo Penal "desde detrás". La consecuencia directa fue el portazo de Marchena a este acuerdo, que voló por los aires un consenso que no se volvió a repetir hasta este 2024, cuando se ha terminado por renovar el Consejo General del Poder Judicial.
La 'doctrina Marchena'
También ha marcado sus mandatos su afán por llevar a Pleno asuntos especialmente complejos. Voces consultadas aplauden su actuación en esa dirección puesto que ha dado seguridad jurídica a las decisiones adoptadas por la Sala. De hecho, explican que, al margen de sus "incuestionables virtudes jurídicas", Marchena se define por sus dotes de armonía y por su capacidad para unir a sus compañeros de Sala.
Por la misma han pasado asuntos tan complejos como la deliberación de los recursos contra la Ley Orgánica 10/2022 (conocida como la ley del 'solo sí es sí') y, más recientemente, otros relativos a delitos cometidos por youtubers y vinculados con Internet. Marchena, fiscal de carrera, se ha especializado en los últimos años en asuntos de inteligencia artificial y delitos surgidos antes los avances tecnológicos.
Especialmente discreto, ejemplifica la expresión de que los jueces hablan a través de sus sentencias. En los últimos años ha sido objeto -junto con otros compañeros de Sala y de la Audiencia Nacional- de duras críticas de 'lafware' y de politización de la Justicia, pero la realidad es bien diferente. Durante los diez años de mandato al frente de la Sala Segunda se han rechazado más del 90% de querellas interpuestas contra miembros del Gobierno.
Su respuesta ante el 'lawfare'
Destacan, entre otras, las querellas interpuestas contra la exministra de Igualdad, Irene Montero, por sus críticas a jueces, la que se interpuso en 2015 contra Pablo Iglesias por presunto delito de blanqueo o todas las dirigidas contra miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez por su gestión en pandemia. Ninguna de ellas prosperó.
En un auto reciente en el que desestimó otra querella contra la diputada de Junts Míriam Nogueras, esta Sala determinó que sus acusaciones de 'lawfare' pudieran ser hirientes u "objetivamente ofensivas", mas debían quedar extramuros del reproche penal "si se quiere mantener un sistema político de libertades".
En el plano más íntimo, sus cercanos dicen de él que es una persona muy familiar y que le gusta la fotografía. Suele captar las mejores imágenes de las puestas de sol de Madrid desde lo alto del Tribunal Supremo. Las mismas las recopila y edita en un vídeo que manda a sus más allegados en Navidades. Se trata de una tradición que podrá mantener desde su nuevo cometido tras cerrar una era en la que ha llevado la independencia de su Sala por bandera.
Martínez Arrieta, su sucesor
Ahora el foco se ciñe en su sucesor, Andrés Martínez Arrieta. El magistrado asume la presidencia en funciones por ser el más veterano y el número uno del escalafón judicial. No obstante, lo hace de manera provisional a la espera de que el CGPJ elija formalmente su candidato. El propio Arrieta se ha disputa la plaza junto con su compañera de Sala, la progresista Ana Ferrer.
Fuentes del órgano de jueces consultadas por Vozpópuli descartan un acuerdo a corto plazo para renovar esta Sala (al igual que ocurre con la de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal), por lo que se espera que el bloqueo mantenga de manera interina a Martínez Arrieta en la presidencia durante los próximos meses.
msanabriaroldan
06/12/2024 16:16
Un tipo que llama "ensoñación" a unos hechos constitutivos de un delito de rebelión y que, en lugar de calificarlos como tales, los reinterpreta como un delito de sedición para satisfacer las demandas de sus jefes políticos, no es ni riguroso ni independiente. Así os va a todos los medios del sistema partidocrático. Así nos va a los españoles.