El ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez apunta al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un escrito que ha dirigido al juez que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón. El número dos del exministro Jorge Fernández Díaz envió a finales de marzo un documento al magistrado en el que le reclamaba que recabara del Gobierno la autorización para declarar sobre secretos oficiales en la pieza separada del caso Tándem en la que se investiga el presunto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas.
Entre las leyes sobre las que pide la dispensa para prestar testimonio sobre información que está legalmente clasificada, el abogado de Francisco Martínez alude, de forma literal, al artículo 5.1 de la Ley 11/2002 que regula la actividad del espionaje español. Este punto establece, en concreto, que las actividades del CNI y sus fuentes de información están clasificadas "con el grado de secreto, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación reguladora de los secretos oficiales".
En el documento, adelantado por El Español, la defensa de Francisco Martínez pide al juez que recabe la mencionada autorización al Gobierno, al mismo tiempo que explica que su cliente se negó a declarar como investigado en enero pasado en la Audiencia Nacional en virtud de las diferentes normativas que regulan los secretos oficiales, una de ellas la del CNI.
'Operación Kitchen'
Martínez está investigado en la pieza separada número 7 del caso Villarejo, denominada Operación Kitchen, por su presunta participación en el espionaje presuntamente ordenado por la cúpula del Ministerio del Interior. En marzo pasado, el juez envió a la casa de Martínez a la Policía, que se incautó de un acta notarial en el que este excargo de Interior había registrado mensajes que se intercambió con el exministro Jorge Fernández Díaz y con el excomisario Enrique García Castaño.
Hasta el momento, ninguno de los imputados ha aludido a que los agentes del CNI participaran en la operativa. Más bien al contrario, el ex director del CNI Félix Sanz Roldán negó que Villarejo, que fue el que dio nombre a la denominada Operación Kitchen, tuviera algún tipo de vínculos con el espionaje español. El representante legal del ex secretario de Estado de Interior, sin embargo, rechaza la existencia misma de una operación policial denominada Kitchen, -cocina, en inglés-. Y niega que él estuviera al tanto de la misma.
El chófer de Bárcenas
Según las pesquisas desarrolladas por los agentes de Asuntos Internos de la Policía, la cúpula de Interior habría captado al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, para obtener información confidencial del extesorero del PP, que entonces amenazaba con tirar de la manta de la supuesta financiación ilegal del PP, que se reflejaba en los conocidos como papeles de Bárcenas, que acabó publicando el diario El País.
Ríos recibió fondos reservados de Interior por sus trabajos de espionaje a Bárcenas. Y de forma reciente, el juez García Castellón calificó como secreto oficial la documentación requisada a José Manuel Villarejo sobre los abonos de fondos reservados al chófer del extesorero del PP, que ahora es funcionario de Policía.
El instructor también decidió excluir del caso Villarejo varios documentos contenidos en una carpeta denominada "CNI" y que había sido requisada al excomisario durante su detención en noviembre de 2017, según consta en una diligencia de ordenación dictada el 22 de mayo por el letrado de la Administración de Justicia Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños.
El supuesto espionaje a Bárcenas habría contado con la participación del entonces Director Adjunto Operativa (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, así como de otros comisarios e inspectores, entre los que destaca el exjefe de seguridad en el Gobierno de Castilla-La Mancha con Dolores de Cospedal de presidenta, Andrés Gómez Gordo.
