La reactivación del caso Púnica se ha visto frustrada en su primer día de declaraciones tras el parón judicial. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha tropezado con la 'nueva normalidad' justo cuando el reloj marca ya la fase final de su instrucción. Fuentes jurídicas han informado a Vozpópuli que el juez a cargo de la investigación ha tenido que suspender el interrogatorio de este lunes al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega por problemas técnicos con la plataforma de videollamadas y dificultades en la sala de vistas al momento de cumplir con los protocolos de distanciamiento social.
Según fuentes presentes en el interrogatorio, los abogados de la causa han tenido que esperar durante tres horas mientras se intentaban solventar los problemas técnicos y sanitarios en la sede madrileña de la Plaza Villa de París. El sistema de videoconferencias ha presentado fallos con apenas una decena de letrados conectados. La sala de vistas no contaba con el tamaño suficiente para permitir la distancia mínima recomendada en espacios cerrados.
Ante el escenario en la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García Castellón ha acordado suspender la comparecencia de este lunes. Fuentes jurídicas han precisado que tras la decisión del juez, Ortega -que estaba citado en calidad de testigo- ha tenido que volver a la cárcel de Soto del Real -donde cumple condena por la Época uno de la Gürtel- y empezar a cumplir una cuarentena de 14 días establecida para todos aquellos que abandonan el recinto penitenciario.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también ha cancelado la cita de este martes, en la que iba a participar como testigo el también exalcalde del PP Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla.
Momento clave de la investigación
La decisión del magistrado tiene lugar en un momento clave de la investigación. Está previsto que el próximo 27 de agosto finalice la instrucción en la pieza sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, por lo que no hay tiempo para dilaciones. Las declaraciones tenían que haberse celebrado el pasado 14 y 15 de abril, pero en pleno estado de alarma y con los plazos procesales suspendidos el instructor acordó retrasar los interrogatorios.
Las fiscales de anticorrupción habían pedido la citación de los testigos en su intento de apuntalar contra reloj los indicios por los que fue imputada la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre como presunta responsable de la financiación irregular del PP, en la que supuestamente habría tenido "un papel decisivo y esencial".
Aguirre y la financiación del PP
El ministerio público ha mostrado interés por lo que El Albondiguilla tenga que decir sobre una presunta reunión en la que habría participado con el secretario general del PP Francisco Granados y 20 alcaldes para recaudar fondos para el partido. La petición tiene lugar poco después de que el propio instructor rechazara incluir en la causa un escrito del exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) al considerar que no aportaba datos nuevos a la investigación. La Fiscalía, sin embargo, ha insistido en citarle. También ha pedido escuchar a Guillermo Ortega para conocer su versión sobre la presunta financiación irregular de campañas electorales.
En el marco de las pesquisas, las fiscales han defendido la hipótesis del "posible desvío de fondos de las arcas de distintas consejerías a través de la adjudicación de contratos amañados a empresarios concertados". Hasta ahora, solo uno de los interrogados ha señalado directamente a Aguirre. El exconsejero de Sanidad Manuel Lamela admitió ante el juez la celebración en 2004 de una reunión entre los implicados en la trama. Según han precisado fuentes de la investigación, la intención es que esta nueva batería de testificales apuntale la acusación del ministerio público.
La Fiscalía basa parte de su acusación en los informes aportados a la causa por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). Según consta en los documentos, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, los agentes recogen testimonios que ponen de manifiesto que Aguirre -entonces presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular madrileño- participó en diferentes reuniones con los directivos de las empresas que realizaban los trabajos para el PP y que, más tarde, acabaron pagando a otras sociedades que eran objeto de los contratos públicos regionales.
La Audiencia Nacional, que depende directamente del Ministerio de Justicia, tendrá que solventar los problemas técnicos antes de reactivar los interrogatorios de la causa que se acerca ya a su etapa final.
