La Fiscalía y la Abogacía General del Estado salen en defensa de Plus Ultra tras su imputación en la causa abierta por su rescate. Los dos entes han respondido a la petición de la compañía de que se anule la citación apuntando que, efectivamente, tiene que quedar en papel mojado porque la magistrada Esperanza Collazos la acordó fuera del plazo de instrucción. Por ello solicitan que se archiven las diligencias ya que, de seguir adelante, se vulnerarían los derechos de la mercantil.

De esta forma tanto el Ministerio Público como los servicios jurídicos del Estado responden a la petición del juzgado que reclamó a todas las partes que se posicionaran en relación al alegato de Plus Ultra. La aerolínea, en un escrito avanzado por este diario, rebatió su imputación advirtiendo que no podía prosperar porque se acordó el 25 de mayo, esto es, semanas después de que venciera la instrucción de la causa y sin que la misma se prorrogara.

En el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Plus Ultra no solo pidió que decayera la imputación (y su comparecencia en el juzgado fijada para el pasado 15 de junio), sino que también aprovechó para solicitar el fin de esta investigación que arrancó en abril de 2021 por presuntas irregularidades en el rescate de 53 millones de euros. Además, expuso que nunca se le podría enviar al banquillo por estos hechos ya que la Ley exige que se le tome declaración durante la instrucción, hecho que no se ha producido.

Debe dictarse auto de sobreseimiento libre, habida cuenta de la inexistencia de indicios racionales de la comisión de delito, así como de la imposibilidad de acordar nuevas diligenciasÚltimo escrito de la Abogacía incorporado a la causa

En vista de su alegato, la magistrada decidió preguntar a las partes por su criterio. En sendas respuestas recogidas por Vozpópuli, la Fiscalía y la Abogacía General del Estado respaldan a Plus Ultra y avisan que no puede prosperar la imputación porque se acordó después del 8 de abril. Sostiene que la juez tuvo que haber prorrogado las diligencias dentro de ese plazo y que, al no hacerlo, todo lo que venga después es nulo.

Insisten en el fin del caso Plus Ultra

En lo que respecta a la Abogacía (que defiende a los miembros del Consejo Gestor de la SEPI imputados en la causa) se insiste en que las diligencias acordadas desde entonces "no serán válidas". Se ampara en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (relativo a la duración de las causas y sus prórrogas) y asegura que la vulneración de los plazos supone una lesión de los derechos fundamentales de Plus Ultra y de su tutela judicial.

"Por ello, no habiendo sido llamado ningún investigado a lo largo de la instrucción, en la que se han practicado múltiples diligencias, debe concluirse la necesidad de dictar auto de sobreseimiento libre, tal y como ha interesado esta representación en múltiples ocasiones habida cuenta de la inexistencia de indicios racionales de la comisión de ningún delito así como de la imposibilidad, so pena de nulidad, de acordar nuevas diligencias que prolonguen esta investigación más allá del plazo legalmente establecido", reza el escrito que se presentó en el juzgado un día antes de la jornada en la que debía comparecer Plus Ultra

Los servicios jurídicos del Gobierno vuelven a aprovechar este pronunciamiento para incidir en la idea de que la SEPI no cometió irregularidad alguna con la autorización de la ayuda millonaria. Según alegan, tanto el vicepresidente del holding público, Bartolomé Lora, como el resto de miembros del Consejo Gestor actuaron siguiendo el criterio de los asesores legales y financieros del ente (Deloitte y DC Advisory).

Descartan pues, la comisión de delitos de falsedad documental, fraude, prevaricación y malversación que se indagan en esta causa por autorizar la ayuda a una empresa que, según sostienen las acusaciones, ya presentaba números rojos antes de la crisis del coronavirus.

Fiscalía: "No existe delito"

La Fiscalía, por su parte, también vuelve a salir en defensa de Plus Ultra. El Ministerio Público -que está a la espera de que la juez resuelva sobre su última petición de archivo- presentó también el 14 de junio un escrito prácticamente idéntico al de la Abogacía en el que pedía que se dejara en suspenso la comparecencia del representante legal de la compañía. Al respecto, recordó que la causa nació el 8 de abril de 2021 a tenor de una denuncia interpuesta por Manos Limpias al entender que la firma no cumplía los requisitos exigidos y no era solvente antes de la pandemia.

"Durante la sustanciación de la causa se han acordado diversas diligencias, entre otras la petición de documentación a los organismos correspondientes, así como la elaboración de diferentes informes periciales que han sido ratificados ante el juzgado de instrucción en diligencia de careo. No se ha tomado declaración a ninguno de los investigados. En varias ocasiones por parte del Ministerio Fiscal se han instado al sobreseimiento de las actuaciones por estimar que no había indicios de delito, sin que hasta la fecha se haya resuelto la petición", explica.

Pendientes de la juez

Tanto Fiscalía como Abogacía no ven relevante que los peritos del juzgado que elaboraron un informe independiente alertaran de una posible incorrección en las cuentas del rescate de 6,3 millones de euros. Estos expertos, designados por la autoridad judicial, expusieron que había al menos uno de los requisitos de la SEPI que la compañía parecía no cumplir y que, por tanto, no le haría merecedora de acceder al rescate millonario. Además, cuestionaron también la naturaleza de un préstamo participativo que canalizó Plus Ultra en un paraíso fiscal en 2017 y que, según concluyeron, le permitió su supervivencia.

La magistrada Esperanza Collazos decidió 'in extremis' la semana pasada acceder parcialmente a la petición de Plus Ultra. La juez suspendió la diligencia y pidió opinión a las partes, pero declinó archivar la causa de plano, como así han pedido la compañía, la Abogacía y la Fiscalía. La juez estudiará ahora todas las alegaciones y tomará una decisión sobre el futuro de la causa.

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