La deuda a largo plazo de la Comunidad Valenciana pasa de estar calificada con un notable bajo ("A-") a un simple aprobado ("BBB").
Además, aunque mantiene el notable ("A") de Murcia y el notable bajo ("A-") de Cataluña, la agencia desconfía del nivel de solvencia a largo plazo de ambas regiones y por ello las pone en revisión con el objetivo de tomar una decisión en el primer trimestre de 2012.
Fitch argumenta en un comunicado que las decisiones tomadas sobre las calificaciones de las tres regiones se produce después de haber puesto en revisión la semana pasada la solvencia de España y por los mayores riesgos de liquidez.
La agencia sostiene que está "preocupada" porque el entorno operativo es cada vez más complicado y ve riesgos de refinanciación por las dificultades para obtener liquidez.
La revisión de las calificaciones se centrará también en las presiones para que las autonomías reduzcan sus deudas en 2012 y en los resultados de las medidas de austeridad adoptadas en 2011.
Justifica la rebaja de la calificación de la Comunidad Valenciana al afirmar que la región ha agotado la mayor parte de sus opciones de financiación y recuerda que, según los datos del Banco de España, al menos el 18,5 % de la deuda de la región vence dentro de un año.
Fitch sostiene que esta alta proporción de deuda a corto plazo hace vulnerable a la región, aunque la agencia confía en que la comunidad tendrá algún tipo de ayuda financiera o apoyo por parte del Estado.
En el caso de Murcia, la amenaza de un inminente recorte se justifica también por las tensiones de liquidez y pone como ejemplo que a finales de septiembre de 2011, el déficit de la región representaba el 1,82 % de su PIB, superior al límite del 1,3 % para todo el año.
Por eso, Fitch cree "poco probable" que Murcia sea capaz de reducir su déficit dentro de los límites para este año.
En cuanto a Cataluña, la puesta en revisión a la baja se debe a su debilidad presupuestaria y a los desafíos a los que se enfrenta la región para reducir su déficit en el corto plazo.
La agencia reconoce las medidas anunciadas por la Generalitat, pero advierte de que hay un "riesgo significativo" para ejecutarlas y garantizar que todas ellas se apliquen.
