Nada menos que 3.375 falsos parados en tres años. O lo que es lo mismo, tres fraudulentos desempleados cada día. Ildefonso C.F., un pequeño gestor detenido por la Policía el pasado miércoles cuando se dirigía a su despacho en el barrio barcelonés de L’Eixample, ha pasado del anominato al ser calificado como uno de los mayores presuntos defraudadores del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) detectados hasta la fecha. Ildefonso creó supuestamente entre 2009 y 2011 una treintena de empresas con la colaboración de jóvenes testaferros a través de las cuales realizaba falsos contratos de trabajo a inmigrantes clandestinos, en su mayoría marroquíes asentados en Cataluña, para que pudieran cobrar el subsidio o regularizar su situación en España. Los investigadores calculan que sus actividades ocasionaron al erario pérdidas por valor de 7.192.082,15 euros. Junto al gestor han sido detenidas otras 149 personas, entre ellas su cónyuge, y otras 277 han sido imputadas, según informó el Ministerio del Interior. Vozpópuli desvela ahora nuevos detalles sobre uno de los mayores golpes al fraude a las arcas públicas.
El cabecilla aparece en los registros mercantiles relacionado sólo con tres empresas, ninguna de las cuales está integrada en la trama
La Operación Camarfa se inició a mediados de 2011, después de que la Inspección Provincial de Trabajo de Barcelona detectase la existencia de una serie de empresas sin actividad laboral real que producían continuos movimientos de altas y bajas de trabajadores y acumulaban importantes deudas en sus cotizaciones a la Seguridad Social. Las pesquisas recayeron entonces en el Grupo 3º de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía, que comenzó a investigar las compañías detectadas así como otras que compartían administrador, representante o creadores con éstas. Así, por ejemplo, descubrieron que un repartidor de pizzas de la localidad jienense de Linares, C.L.M., figuraba como creador de 17 de ellas y, a su vez, era administrador o representante de otras ocho.
En Cornellá y Barcelona
Los agentes localizaron finalmente un total de 30 empresas radicadas en las localidades de Cornellá y Barcelona. De ellas, 16 eran sociedades limitadas y las 14 restantes, sociedades civiles particulares lo que, según destacan fuentes policiales, “complicó las pesquisas, ya que éstas no aparecían en ningún registro y hubo que rastrear las notarías para saber quién estaba detrás de ellas”. Sin embargo, el nombre de Ildefonso no salía como propietario ni accionista, aunque sí como el gestor a través del cual se realizaban presuntamente muchas de las altas y bajas irregulares de trabajadores. De hecho, el ahora detenido estaba dado de alta ante la Tesorería General de la Seguridad Social para poder hacer todas las gestiones vía internet. Una mínima ligazón con las firmas investigadas que, sin embargo, permitió a los investigadores tirar del hilo.
Ildefonso C.F., de hecho, sólo aparecía en los registros mercantiles relacionado con tres empresas que, además, aparentemente no tenían nada que ver con la trama. Una tenía como objeto social la creación de un buscador en la red y en ella cesó como administrador único en diciembre de 2009. En una segunda, una constructora, aparecía como liquidador. La tercera era la empresa de “asesoramiento a empresas y particulares, en el orden fiscal, contable, laboral, económico y de consultaría general” desde la que, supuestamente, fraguó toda la conspiración. En el despacho de ésta también trabajaba su última esposa, que en los últimos meses había ‘ampliado’ el negocio de la trama ya que, además de conseguir falsos contratos de trabajo para lograr el desempleo, ahora también gestionaban la documentación necesaria para que los inmigrantes irregulares que acudían a ellos consiguieran supuestamente de modo fraudulento el permiso de residencia y la reagrupación familiar. Hasta la fecha habían gestionado la documentación de 406 personas.
La mayoría de los testaferros eran jóvenes marroquíes recién salidos de un Centro de Menores tras cumplir los 18 años
De hecho, los sin papeles eran sus principales clientes y, también, colaboradores en la trama. “Tenía captadores de nacionalidad marroquí que iban ofreciendo por Barcelona a sus compatriotas los servicios de la conspiración”, detallaba ayer a este diario uno de los agentes que participó en la investigación. A los que aceptaban, les creaban contratos falsos de trabajo, habitualmente como albañiles o jardineros, en algunas de las empresas de la red, aunque éstas tuvieran como razón social otra actividad económica distinta. “Por uno de estos contratos pagaban al grupo entre 300 y 500 euros. Algunos lo abonaban a plazos a lo largo de los meses que les duraba la prestación fraudulenta de desempleo”, señalan fuentes policiales. En total, las empresas de la trama dieron de alta en la Seguridad Social a 3.375 trabajadores, de los que 398 consiguieron acumular los mínimos periodos para conseguir cobrar el subsidio de desempleo. Un fraude que ascendió finalmente a 2.667.054,87 euros. A esta cantidad se suman los 4.502.027,28 euros correspondientes a los impagos que las cotizaciones de los trabajadores. En total, más de siete millones de euros de fraude.
Sólo hablaban árabe
Un importante quebranto en el que jugaron un papel relevante un numeroso grupo de jóvenes marroquíes recién salidos de un Centro de Menores de Barcelona tras cumplir los 18 años, con los que supuestamente contactaban Ildefonso o alguno de sus captadores para que pusieran sus nombres en la constitución de nuevas empresas o en aquellas inactivas que la trama adquiría a sus antiguos propietarios. “A muchos de estos chavales hubo que tomarles declaración con ayuda de interpretes porque sólo hablaban árabe y no sabían ni para qué habían facilitado su documentación”, apuntan fuentes policiales.
Ellos cobraban a veces nada más que 200 euros por poner su nombre, mientras que Ildefonso, que no tenía antecedentes penales hasta ahora, mantenía un alto nivel de vida que le permitía acudir al despacho de su gestoría pocos días a la semana e, incluso, poseer una torre en la provincia de Girona. “Cuando lo detuvimos, no declaró nada y se escudó en que él no había hecho nada, que los culpables eran los administradores de las empresas, chavales de 20 años que no saben ni hablar castellano”, recuerda uno de los agentes que participó en su arresto. Mientras, la Operación Camarfa continúa en busca de más falsos parados y otras posibles empresas de la trama por toda España.
