Poner "el contador a cero" en los desencuentros con Cataluña dentro de un nuevo "ciclo de generosidad" que termine con la vía judicial y se abra a "un acto de gracia" con encaje constitucional para la amnistía. En términos generales esa es la hoja de ruta, y con esas palabras, que maneja Pedro Sánchez a la hora de 'vender' sus concesiones a los independentistas para seguir de presidente. Se trata de una especie de manual de la amnistía elaborado por Manuel Escudero, ideólogo orgánico del PSOE, desde la Fundación Pablo Iglesias, que el entorno de Pedro Sánchez lo complementa con las consignas antijudicialización que llegan a Moncloa desde el Grupo de Puebla, vía Rodríguez Zapatero. Todo ello envuelto en un federalismo asimétrico que permita un trato diferenciado a Cataluña y al País Vasco.

Las expresiones que parecen acuñadas por Sánchez en el cuentagotas de su negociación con los partidos de Puigdemont, de Junqueras y de Otegui, están sacadas, a veces literalmente, del opúsculo de Manuel Escudero, hoy embajador de España ante la OCDE, ayer mentor de Sánchez en su reconquista de la Secretaría General del PSOE y artífice del Programa 2000 con el que ese partido hace más de veinte años quiso responder a los retos del nuevo siglo. Bajo el título 'La cuestión territorial. La política de los sentimientos frente a la política de la racionalidad', las 24 páginas de ese texto publicado discretamente por la Fundación Pablo Iglesias constituyen el argumentario básico del presidente en funciones y sus leales en el partido y en los medios.

En breve se empezará a oír que en la Constitución cabe el acto de gracia para los delitos cometidos en Cataluña en 2017, cuya causa se remonta al agravio cometido por el Estado español con el Estatut refrendado en 2006 por los catalanes y que "no fue concedido en 2010" por el Tribunal Constitucional. Todo lo cual, sostiene este manual de la amnistía, ha abierto una "senda de judicialización que nos ha conducido a la situación actual", definida por Escudero como "un rosario de reparaciones penales".

Situada la raíz de los males en el devenir del Estatut gestado por Mas, Maragall y Zapatero, a causa del Partido Popular y del T. Constitucional, más la intervención de los tribunales para castigar a los autores de delitos cometidos en el procés, la cruzada proamnistía y la discrepancia con las sentencias del Tribunal Supremo sobre el 1-O que lleva a cabo José L. Rodríguez Zapatero converge con la doctrina sobre el 'lawfare' (guerras o persecuciones judiciales) que padecen gobernantes iberoamericanos incursos en casos de corrupción o abuso de autoridad. Una teoría ésta compartida por Zapatero, punto fuerte en el Grupo de Puebla, que ya ha introducido a Pedro Sánchez en ese círculo: los asistentes al IX Encuentro de Puebla, con la venezolana Delcy Rodríguez como figura estelar, atendieron el día 1 de este mes a un videomensaje dirigido a esa cumbre por el inquilino de la Moncloa. Una intervención telemática en la que se presentó con la doble condición de presidente del Gobierno de España y rotatorio de la UE, aunque en los archivos de lamoncloa.es no hay rastro de la misma.

La guía editada por la Fundación Pablo Iglesias -ahora bajo la lupa del Tribunal de Cuentas por patrimonio negativo superior a dos millones- para 'vender' la amnistía dentro de la negociación de la investidura, tiene dos ejes argumentales que asoman en lo que se dice y se escribe desde los círculos de Moncloa y Ferraz. Si el primer eje es terminar con la "judicialización del conflicto", sacar al poder judicial del escenario, el segundo es reparar las injusticias que el Estado viene cometiendo con Cataluña, recuperando el federalismo asimétrico tan acariciado por el Partit dels Socialistes de Catalunya. El texto de Escudero es claro al respecto. Partiendo de que Cataluña ha tenido una consideración estatutaria inferior a la del País Vasco, propone "un desarrollo del mandato constitucional para que las nacionalidades singulares tengan un trato específico", es decir, una asimetría apoyada en el tratamiento diferenciado de las comunidades vasca y catalana respecto al resto de España.

Las consideraciones sobre la reciente historia política de Cataluña recogidas en esta guía/relato vuelven una y otra vez sobre el problema derivado de que "el acomodo de Cataluña como una nacionalidad singular en España ha permanecido virtualmente sin progresos". Para conseguir ese acomodo, el argumentario salido del veterano ideólogo socialista señala como objetivos: convencer a la ciudadanía de que "dar un trato diferenciado a Euskadi y Cataluña no es otorgarles privilegios, sino mayor autogestión" y que los políticos nacionalistas no se empecinen en "aspiraciones soberanistas inmediatas", "consultas inminentes" o la autodeterminación "a corto plazo".

La finalidad de esta pista de aterrizaje para la amnistía, justificar las concesiones de Sánchez a los independentistas, va arropada con un paralelismo entre Cataluña y País Vasco y el esbozo de una propuesta para ahuyentar en el resto de España recelos hacia mayores privilegios de ambas "nacionalidades singulares". La 'compensación' para el resto de los españoles consistiría en promover un Plan de Desarrollo en cada comunidad autónoma para hacer posible la convergencia económica entre todos los territorios. A la vez que plantea esa convergencia entre CC.AA., este ensayo propone "desarrollar los símbolos identitarios de Cataluña y el País Vasco" mediante las lenguas cooficiales en instituciones comunitarias, así como amparar la participación de "selecciones deportivas catalanas y vascas en las competiciones deportivas europeas e internacionales".

En el equipo negociador de la investidura designado por Sánchez figura una dirigente del partido, Hana Jalloul, cuya ocupación como Secretaria de Política Internacional del PSOE no dice mucho sobre su misión en las negociaciones con grupos parlamentarios. No obstante Jalloul, de la máxima confianza del presidente en funciones y compañera de Manuel Escudero en la Fundación Pablo Iglesias, está vinculada al Grupo de Puebla, llegando a refrendar los postulados contra la 'lawfare' y actuaciones de la judicatura en procesos relacionados con la política, al menos en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Hana Jalloul no asistió al reciente encuentro en Puebla (México), al que sí acudieron la ministra Irene Montero y el eurodiputado del PSOE Javi López. En ese ámbito han coincidido con Baltasar Garzón, primer teórico de la estrategia iberoamericana contra un sistema judicial al servicio de los poderes fácticos para "atacar las experiencias progresistas".

La denuncia de una 'guerra judicial antiprogresista' guarda semejanzas con ciertas ofensivas lanzadas en España por dirigentes del PSOE, de Podemos y de Sumar en torno a organismos del poder judicial y contra el Tribunal Supremo en el caso del 1-O. El relato sobre los complots judiciales se articula en torno al Consejo Latinoamericano de Justicia y democracia (CLAJUD), organismo del Grupo de Puebla donde el ex magistrado Garzón sienta doctrina, como hizo en la sesión coincidente con el IX Encuentro de ese colectivo dedicada a quienes usan la judicialización de la política como estrategia de poder. La intervención del ex juez español fue seguida por su pareja Dolores Delgado, fiscal de Sala en la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo y antes Fiscal General del Estado y ministra de Justicia. Delgado, al contrario que Garzón, no se dejó ver en las fotos de familia de la reunión pero fue sorprendida por el periódico local 'El Ciudadano' siguiendo la disertación de Baltasar Garzón en discreta segunda fila.

La hoja de ruta de Escudero hacia la amnistía y el trato diferenciado para Cataluña no entra a valorar si en España existe acoso de los tribunales contra los grupos progresistas, pero el embajador ante la OCDE fue explícito recientemente sobre la conjunción de fuerzas conservadoras detrás del PP y de Vox conspirando contra el PSOE. Lo hizo en 'La política de los sentimientos frente a la política de la racionalidad', otro ensayo editado por la Fundación Pablo Iglesias donde aparecen conceptos, mensajes y eslóganes, incluidas réplicas al concepto de sanchismo, empleados por Pedro Sánchez en la campaña electoral del 23-J.

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