Los traductores están de suerte con el Gobierno de Pedro Sánchez. No solo serán necesarios en el Congreso de los Diputados para que sus señorías comprendan el discurso político de la bancada de al lado, ahora también habrá que traducir a las distintas lenguas cooficiales (catalán, gallego, valenciano y vasco) documentos de carácter técnico en materia ferroviaria. El Ministerio de Transportes ha destinado para este fin 360.000 euros.
A finales de 2022, el Partido Socialista modificó la Ley del sector ferroviario para hacer obligatoria la traducción a catalán, vasco, gallego y valenciano de la 'Declaración sobre la red' ferroviaria, un documento eminentemente técnico que elabora anualmente ADIF. Este documento expone las "características de la infraestructura puesta a disposición de las empresas ferroviarias e informará sobre la capacidad y condiciones técnicas de cada tramo de la red y sobre las condiciones de acceso a la misma", tal y como se desprende del propio texto legal.
Al modificar la normativa, el Ejecutivo se escudó en la necesidad de trasponer una directiva del Parlamento Europeo del año 2012. Sin embargo, en dicha directiva europea, no se hace referencia a la obligación de traducir a lenguas cooficiales un documento técnico como la declaración de red. En este sentido, el artículo 27 de la norma europea sobre el espacio ferroviario único solo establece la obligación de que la declaración sobre la red se publique "en al menos dos lenguas oficiales de la Unión Europea".
En cambio, los socialistas modificaron la ley española a finales del año pasado para que en su artículo 32 se establezca la obligatoriedad de que esta documentación se publique en las cuatro lenguas cooficiales de nuestro país: catalán, gallego, vasco y valenciano. Es por ello que el Ministerio que dirige Raquel Sánchez ha licitado este verano un contrato por 360.483 euros para traducir las declaraciones de red de Adif de 2025 a 2028 en estos cuatro idiomas, además del inglés.
La capacidad media de los tramos, el ancho de cada vía, un resumen de leyes aplicables o un glosario de términos ferroviarios son algunos de los contenidos de este documento, del que hacen uso principalmente empresas ferroviarias.
270.000 euros por traducir el BOE al catalán
Mientras en Cataluña el Partido Socialista Catalán (PSC) ha permitido que el castellano sea una asignatura más (como inglés) y deje de ser lengua vehicular, en el Estado central el PSOE de Pedro Sánchez no ha dejado de acceder a todas las peticiones lingüísticas de sus socios separatistas. El año pasado, los socialistas aprobaron la enmienda transaccional de Esquerra Republicana (ERC) a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para que sea el Estado español el que asuma los 273.000 euros que cuesta traducir al catalán el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Agencia Estatal se encargaba de traducir al catalán los textos legislativos desde 1998, pero desde octubre de 2020 el gasto recaía únicamente sobre la Generalitat.
2.500 millones para Cataluña
Solo para ganarse el favor ERC en la aprobación de los últimos PGE, el Gobierno le regaló 2.500 millones de euros, como avanzó Vozpópuli. A la Generalitat destinan este año 900 millones de euros para que invierta en infraestructuras, "una gran conquista para corregir la desinversión histórica que sufren los catalanes y las catalanas", según el portavoz de Presupuestos de los republicanos en el Congreso, Joan Margall.
Otras partidas acordadas son la concesión de 40 millones a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona para financiar el transporte de viajeros, 60 millones para el Catalunya Media City y 43 millones para actuaciones de transición energética en edificios de los Mossos d'Esquadra y la renovación de su flota de vehículos.
Si fijamos la vista en otras instituciones nacionales, los guiños del Gobierno de Sánchez a los intereses lingüísticos independentistas son evidentes. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha duplicado su gasto en traducciones para que sus informes estén disponibles en vasco, gallego, catalán y valenciano. Esto ha hecho subir el presupuesto en traducciones hasta los 360.000 euros. Otra entidad, la Agencia Tributaria, destina hasta 1,7 millones de euros a que sus cartas sean traducidas a todas las lenguas cooficiales.
