La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil grabó a Ignacio González durante las pesquisas del caso Lezo. Entre las conversaciones registradas consta una en la que aseguró que el expresidente de La Razón había recibido un chivatazo vinculado la causa gracias "una magistrada amiga de la casa". La Audiencia Nacional pidió que se indagara, pero finalmente un Juzgado de Plaza Castilla archivó la investigación en 2018. Ahora, los agentes del Instituto Armado han avalado en un informe la versión de que Mario Casals recibió "información de carácter secreto facilitada por alguien con acceso a la causa".
Vozpópuli ha tenido acceso al documento de la Guardia Civil del 4 de noviembre de 2019 dirigido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. En el escrito, de más de 700 folios, la UCO presenta su investigación sobre el desvío de fondos públicos con ocasión de la adquisición de la mercantil brasileña Emissao por parte de empresas del grupo del Canal de Isabel II.
En el marco de las pesquisas realizadas, los agentes avalan la versión sostenida por el expresidente madrileño en la grabación. El exdirigente del PP avisó al expresidente de la Comunidad Valenciana Eduardo Zaplana de que Mauricio Casals había recibido un chivatazo. "Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, 'cuidao' que han 'grabao' una conversación de Edmundo [Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa] muy extraña'", llegó a decir Casals a Ignacio González.
Rodríguez Sobrino implementó medidas tras el chivatazo
La Guardia Civil considera en este nuevo informe que los datos que manejaba González coinciden con "las medidas de investigación adoptadas sobre Rodríguez Sobrino en la presente causa, al que le han sido interceptadas sus comunicaciones y al que se le han grabado varias comunicaciones orales directas". De ahí que den "cierta veracidad" a que Mauricio Casals "pudiera haber recibido información de carácter secreto facilitada por alguien con acceso a la causa o por alguien que pudiera haberla recabado de quien lo tuviera".
Según consta en el documento de la Unidad Central Operativa, el expresidente de Inassa implementó medidas de seguridad después de que Casals advirtiera a González de las grabaciones realizadas en el marco de la operación Lezo. Los agentes dan como ejemplo una reunión del 26 de octubre de 2016 entre Rodríguez Sobrino y José Manuel Serra Peris -ex secretario de Estado de Industria y Energía en el Gobierno de José María Aznar- que "se desarrolló en lugares que imposibilitaron la grabación de la conversación mantenida".
Aquel día, el investigado recogió a su interlocutor en su coche particular, "seguidamente estacionaron en la vía pública departiendo un tiempo prudencial en el interior del mismo y posteriormente continuaron la conversación mientras daban un paseo por la vía pública". "Este modus operandi se ha repetido en otros encuentros de Rodríguez Sobrino con otros interlocutores como Carlos Rodríguez, a quien insta en una ocasión a dar un paseo para comentar ciertos asuntos, en vez de reunirse en la casa del segundo o en un bar", explican los agentes.
La relación González-Casals
Además de subrayar las medidas de Rodríguez Sobrino, la Unidad Central Operativa dedica un apartado a la influencia que la trama Lezo tenía sobre los medios de comunicación. Destaca el predominio que el expresidente de la Comunidad de Madrid tenía sobre el expresidente de La Razón.
La Guardia Civil hace referencia a dos casos concretos: una ocasión en la que pidió que una determinada cadena del grupo editorial detuviera su cobertura mediática sobre noticias que le relacionaban con casos de corrupción; y otra en la que recibió una aviso del propio Casals sobre "unas grabaciones realizadas a Rodríguez Sobrino". Dicha información, subrayan los agentes, la "habría conseguido a través de una magistrada amiga de la casa".
El comisario jubilado José Manuel Villarejo intentó personarse en abril de 2018 -a través de la asociación Transparencia y Justicia- en el Juzgado de Madrid que investigaba el presunto chitavazo de caso Lezo. El exagente, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, intentó responsabilizar a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. En un auto de 30 de enero de 2018, el juez instructor informó que "no existían motivos suficientes para atribuir" la comisión de un delito de revelación de secretos a "persona alguna determinada".
