Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizaron un documento en el interior del maletín personal de Eduardo Zaplana en el que, según los investigadores, se recogía de forma esquemática cómo recuperar sobornos tras la privatización de las ITV valencianas. Las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros.
Según describe el grupo de delitos contra la Administración de la Guardia Civil en uno de los informes que constan en el sumario del caso Erial, al que ha tenido acceso Efe, este documento fue hallado en el registro del domicilio utilizado en Valencia por el exministro y expresident de la Generalitat antes de entrar en prisión.
Este documento, según el criterio de los investigadores, describe la constitución de sociedades a través de las cuales se repatriaron las supuestas mordidas cobradas a firmas adjudicatarias de la gestión de las ITV y cómo se deriva ese capital para la realización de inversiones inmobiliarias en la costa de Alicante.
La Guardia Civil cree que Zaplana es actualmente beneficiario de bienes y fondos que tienen su origen en los pagos que varias mercantiles del grupo Sedesa, entre otras, hicieron a empresas radicadas en Luxemburgo tras ser beneficiarias de las adjudicaciones de las ITV.
Parte de estos sobornos fue a parar a dos sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional y Fenix Investments) en una operación accionarial realizada por Vicente y José Cotino, sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.
Imision Internacional
Imision Internacional es una firma radicada en Luxemburgo y controlada por Beatriz García Paesa (según detalla el fiscal en varios de sus escritos), mientras que Fenix Investments es una sociedad igualmente ubicada en Luxemburgo pero propiedad de Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana en la Generalitat y presidente de la mesa de contratación en la que se resolvió la adjudicación de las ITV.
Tanto Imision como Fenix se constituyeron en Luxemburgo el mismo día (el 16 de mayo de 2001) con idénticos administradores fiduciarios.
En el caso de Fenix, en el sumario se detalla que fue liquidada en 2012 y que sus participaciones, valoradas en 2,3 millones de euros, retornaron a España al acogerse su propietario a la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En la investigación se ha concluido que Imision no ha retornado todos sus fondos a España, ya que de 6,4 millones de euros únicamente se ha acreditado el retorno a España de 2,9, a través de una entramado de sociedades (Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Intergales y Turnis Sylvatica).
Es, supuestamente, a través de estas sociedades como los investigadores creen que Zaplana recuperó progresivamente -entre mayo de 2007 y marzo de 2010- fondos procedentes de esas "mordidas".
Así, en el sumario del 'caso Erial' se incluye documentación que acredita que dos vehículos de alta gama (Audi A8 y Q7) fueron sufragados con fondos de las citadas empresas (mediante operaciones ordenadas por el supuesto testaferro Joaquín Barceló), además de transferencias bancarias que fueron a parar a cuentas del exministro, cheques cobrados por su secretaria y utilizados para la compra de relojes de lujo o usados para el pago de sus viviendas.
Por otra parte, la Guardia Civil obtuvo un contrato particular entre Zaplana y su supuesto testaferro por el cual la empresa Costera del Glorio (controlada por Barceló) le cedía y transmitía una vivienda en la calle de Núñez de Balboa de Madrid valorada en 500.000 euros "como consecuencia de las relaciones comerciales y profesionales entre las partes".
Sin embargo, la Guardia Civil expone que "a lo largo de la investigación no se ha recopilado evidencia alguna que sugiera la existencia de deudas en este sentido, más bien todo lo contrario. Es decir, los indicios existentes apuntan a la existencia de un flujo monetario desde Joaquín Miguel Barceló a Eduardo Zaplana o su entorno, no en sentido inverso. El contrato hallado no sería más que un ardid para justificar la transmisión patrimonial de la vivienda".
