El pacto firmado por el PSOE con EH Bildu para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado ha alcanzado de pleno a la Guardia Civil. Los agentes de la Agrupación de Tráfico de Navarra dejarán de cumplir sus funciones a partir del próximo 31 de marzo, cuando el traspaso de competencias a la Policía Foral sea efectivo. A falta de concretarse los detalles sobre el futuro de los 170 agentes que actualmente desempeñan estas funciones, los guardias afectados estudian la posibilidad de emprender acciones legales ante lo que califican como un “traslado forzoso”.

Voces internas de la Guardia Civil destacan el “enorme malestar” que ha suscitado la noticia entre los agentes; no solo por la inminencia del cese de sus funciones, también por enterarse del acuerdo a través de un comunicado emitido por EH Bildu. Apenas faltan cuatro meses para alcanzar la fecha límite y los agentes que hasta ahora vigilaban las carreteras navarras analizan las propuestas lanzadas desde Interior.

El origen de la polémica se ubica en diciembre de 2019, cuando el PSOE alcanzó un acuerdo con PNV para traspasar las competencias de Tráfico a la Comunidad Foral, a cambio del apoyo de los jeltzales a los Presupuestos. El pacto recién firmado con EH Bildu aporta la fecha definitiva en la que los agentes dejarán de cumplir con sus funciones en las carreteras navarras, en detrimento de la Policía Foral, que será la que controlará el Tráfico en la región de forma exclusiva a partir del 31 de marzo.

Tres opciones para los guardias civiles

Como adelantó Vozpópuli, los agentes tendrán tres opciones a escoger: seguir desempeñando las funciones de Tráfico en una agrupación fuera de Navarra; seguir en la Comunidad previo paso a otra unidad de la Guardia Civil; o dar el salto a la Policía Foral, que tendría que reforzar sus medios para poder desempeñar estas funciones con plenas garantías y no vería con malos ojos la incorporación de guardias experimentados, indican fuentes asociativas a este diario.

Pero estas opciones no satisfacen a buena parte de los guardias civiles de Tráfico de Navarra: “Hemos echado raíces aquí y nos echan de nuestros destinos como moneda de cambio política”, denuncian fuentes internas. “Nos obligan a salir de Navarra, con todo lo que eso conlleva para nuestras familias e hijos, que están a mitad de curso; o a cambiar de unidad o de uniforme [en referencia a pasar a la Policía Foral]. Sea cual sea la opción, es enormemente restrictiva y nos afecta en gran medida”.

Los agentes están a la espera de que se materialicen las ofertas planteadas y conocer los detalles de los planteamientos, pero no descartan emprender acciones legales. Toman como referencia algunos casos recientes, en los que los tribunales dieron la razón a guardias civiles que habían denunciado un “traslado forzoso”.

Un caso reciente

Uno de los más destacados es el de una capitán que pidió una compensación por traslado forzoso de residencia en comisión de servicio, al pasar de Almería a Madrid. La agente se puso en manos de los servicios jurídicos de Asociación Pro Guardia Civil (APROGC), que a través de los servicios jurídicos del despacho Guardian Legal interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución.

Según la abogada que llevó el caso, Vanessa Ruiz, “era una injusticia que no le abonaran los gastos por traslado que ascendieron a más de 3.000 euros por un traslado forzoso con su familia, marido y dos hijos de corta edad, derivado de un nombramiento inmediato”. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó parcialmente el recurso y reconoció el derecho de la capitán a ser indemnizada, aunque no fijó el importe preciso.

“Este caso es un ejemplo y habría que mirar si pudiera tener encaje en nuestra situación -afirman algunos de los agentes de Navarra afectados por la decisión política-. Ahora tenemos que estudiar los pormenores de la propuesta que nos hagan para ver en qué condiciones tendremos que cambiar de destino o de unidad, pero la posibilidad de emprender acciones legales está encima de la mesa”.