El Ministerio de Hacienda autorizará un importe de 3.521,7 millones de euros para el nuevo convenio de la Mutualidad General de Funcionarios del Estado (Muface) de cara al periodo comprendido entre 2022 y 2024, con el que se despliega prestación sanitaria a funcionarios de la Administración General del Estado al margen del sistema público de salud.
Una medida que ha generado observaciones críticas por parte del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, al cuestionar la extensión de los conciertos con entidades aseguradoras y el aumento de las primas que reciben, e incidir en que el acuerdo de coalición pauta la evolución de un sistema de atención plenamente público
La previsión es que el Consejo de Ministros apruebe en la sesión de este martes la autorización para el nuevo convenio de Muface, una vez que ya ha pasado por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, según han destallado a Europa Press fuentes gubernamentales
La propuesta que someterá Hacienda contempla esa cuantía para que Muface, la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) celebren conciertos con aseguradoras para dar cobertura sanitaria en centros privados a los funcionarios.
Observaciones críticas de Podemos
Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales ha trasladado al departamento de Hacienda unas observaciones críticas, tanto a la extensión en el tiempo de este modelo mutualista como al aumento del importe para los conciertos. La partida de 3.521 millones supone un incremento en las primas que recibirán las aseguradoras entre el 8 y el 10%.
Para el ministerio que dirige Podemos, esto "no es acorde tanto con los datos disponibles como con el compromiso del acuerdo del Gobierno, que señala explícitamente el blindaje del sistema público de salud y la apuesta por una sanidad en base a la gestión pública directa".
También desgrana que la prestación sanitaria objeto de los conciertos incorpora servicios no incluidos en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), como 20 sesiones de psicoterapia anuales, seis consultas podológicas anuales, prestaciones en salud bucodental y que "se contará con habitación individual con baño o ducha y cama de acompañante" en los ingresos hospitalarios.
"Desde este departamento se comparte la importancia de muchas de esas acciones, pero se enfatiza la necesidad de que estas sean incorporadas en el SNS, velando por su extensión universal a toda la ciudadanía", esgrime Derechos Sociales. Finalmente, señala la necesidad de cumplir el acuerdo de Gobierno y, de esta forma, defiende la necesidad de adoptar un "cambio progresivo con este objetivo, el cual debería realizarse mediante la inclusión de las nuevas incorporaciones de la Administración Pública directamente al SNS". "Esto permitiría ir realizando una evolución progresiva, comenzando dicha modificación en las nuevas incorporaciones. Desde este departamento se manifiesta la necesidad de llevar a cabo acciones en ese sentido, con el objetivo de seguir avanzando en la gestión directa de la sanidad y el refuerzo del sistema público de salud.
Recientemente, el grupo parlamentario de Podemos registro una proposición no de ley en el Congreso que demanda la progresiva eliminación de este sistema de mutualidades para los funcionarios e integrar esta atención en el SNS, mediante el fortalecimiento del servicio público sanitario.
ASPE reclamaba acabar con el sistema deficitario
Por su parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) señaló recientemente que el modelo sanitario para la atención del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado es insostenible debido a que la remuneración de los servicios sanitarios a la sanidad privada es deficitaria desde hace años.
También desgranó que el sector pedía una actualización acorde al incremento de costes de la provisión sanitaria, demanda que viene dándose en los últimos años por parte del sector sanitario a las entidades gestoras. Finalmente, reivindicó que el mutualismo administrativo ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones al año.
