Iñaki Urdangarin seguirá siendo delegado de Telefónica en Estados Unidos pese a los delitos que se le imputan -prevaricación, malversación, falsedad, fraude y blanqueo de capitales- y por los que podrían caerle hasta 18 años de cárcel. La noticia saltaba este domingo a las redes sociales, ya que el contrato vence el 31 de julio, y era confirmada este lunes en la portada del diario 'El Mundo'.
El duque de Palma continuará percibiendo un sueldo de 1,5 millones de euros al año, más otros 1,2 millones en especie para hacer frente a los gastos de alojamiento en Washington D.C y 300.000 euros en concepto de bonus, ante la posibilidad de que se encarezca el euro en detrimento del dólar.
Según recoge el diario, durante las últimas semanas el Consejo de Administración de la compañía asistió a un acalorado debate sobre el futuro del "más insigne de sus colaboradores" y sobre la idoneidad o no de rescindir su contrato. A un lado, quienes pensaban que el escándalo del 'Caso Noos' estaba provocando una notoria "pérdida de clientes"; al otro, quienes pensaron que no renovar su contrato implicaba "condenarle de antemano".
Eso sí, en caso de sentarse en el banquillo de los acusados, será despedido o como mínimo, suspendido de empleo y sueldo. La indemnización fijada en este supuesto es de 4,5 millones de euros.
El peso de la negociación de estos términos entre Urdangarin y el gigante de las telecomunicaciones ha recaído en el secretario general de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín.
La cúpula de la compañía, en la que figura el ex jefe de la Casa Real Fernando Almansa, considera que en cualquier caso, "el momento de despedir al yerno del rey pasó hace meses".
Otros fichajes polémicos
La compañía de César Alierta ha sido noticia por haber incluido entre sus filas a otros destacados miembros de la política o de la esfera pública. Una de ellos es el ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, que mantiene un puesto en la secretaría general técnica adjunta a la presidencia. O más reciente, el nombramiento del marido de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como responsable de la asesoría jurídica.
Pese a existir una denuncia presentada por el partido Soberanía de la Democracia por el supuesto delito de cochecho impropio, el alto tribunal consideró que el curriculum de José Iván Rosa Vallejo "goza de méritos que, por si mismos, podrían justificar de forma bastante su reclutamiento por una compañía privada para desarrollar un trabajo propio de jurista".
