La Sección Tercera de la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha frenado la intención de la mercantil Cercanías Mostoles-Navalcarnero S.A., filial de la constructora OHL, de percibir 360 millones de indemnización tras paralizar las obras, según la sentencia difundida por el órgano judicial madrileño.
La obra del tren de Cercanías entre Móstoles y Navalcarnero está en el centro del caso Lezo porque tanto el juez Manuel García-Castellón como las fiscales encargadas. De la investigación consideran que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González podría haber pactado una mordida de 1,4 millones abonada presuntamente pro OHL a cambio de la adjudicación de la misma.
Las fiscales también investigan si el ex secretario general del PP madrileño y exconsejero de Transportes madrileño Francisco Granados pudo haber cobrado una comisión, con la empresa Bustrén, por no multar a la filial de OHL por paralizar las obras.
En este sentido, la sentencia del TSJ madrileño ha dado la razón al gobierno regional madrileño de Cristina Cifuentes y al Ayuntamiento de Móstoles en el procedimiento contencioso que ambas instituciones mantienen con la empresa concesionaria encargada de la ampliación de la línea C5, que une las localidades de Móstoles y Navalcarnero, paralizada desde el año 2010.
Los jueces han desestimado la pretensión de la empresa concesionaria de resolver el contrato de proyecto, construcción y explotación de la citada obra pública al entender que ninguno de los motivos aducidos para ello está justificado.
