Más de seis meses de lucha. Una agente de la Policía Nacional lleva todo ese tiempo solicitando la prórroga de un permiso retribuido para cuidar a su hijo enfermo. Esta policía tiene a sus espaldas dos autos favorables. Con todo ello, aún no se ha hecho efectiva la medida y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado diez días para que se cumpla. En caso contrario podrían incurrir en un presunto delito de desobediencia.
El calvario de esta agente comenzó el 25 de octubre del año pasado cuando la División de Personal del Cuerpo le denegó la concesión de este permiso. Esa decisión fue recurrida ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contenciosos Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, los magistrados acordaron el 21 de enero suspender la resolución de la Dirección General de la Policía Nacional.
300 euros mensuales de multa
Un auto que fue confirmado como firme y ejecutivo, según remarca otro escrito judicial que se dictó el 15 de marzo. En ese documento se advierte a la Dirección General de que en caso que no se cumplan las medidas se impondrán multas coercitivas de 300 euros al funcionario responsable por cada mes que transcurra sin que se produzca la dictada reducción laboral de la agente.
"Dicha reducción de jornada estará vigente y producirá todos sus efectos desde el 21 de enero de 2022 hasta que recaiga sentencia firma en el recurso principal", según los jueces. Eso es algo que a fecha de hoy aún no se ha producido, según el abogado de la mujer.
Ante esta situación, la agente formuló un escrito a la misma sala, el 21 de abril, para advertir de su situación laboral. En otro escrito, al que también ha tenido acceso Vozpópuli, los magistrados resolvieron, el pasado 9 de mayo, que la Dirección General debe cambiar esta situación en un plazo de diez días. Algo que por el momento tampoco se ha producido.
Desobediencia a los jueces
Asimismo, los magistrados advierten que en caso de "incumplimiento de dicho auto, se dará traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal, por un presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial". Una amenaza clara y concisa para que oficialice este requerimiento dictado por los tres jueces del tribunal.
El letrado de la defensa de esta agente, que es el abogado del sindicato mayoritario Jupol, Marco Antonio Navarro, ha señalado a Vozpópuli que este caso es "bastante novedoso" ya que la administración suele acatar los mandamientos judiciales. "No sabemos porque no se tramita y hacen caso omiso", lamenta.
Para este abogado, la administración está actuando con "desidia y poca profesionalidad" mientras que esta policía lucha por compaginar su trabajo con el cuidado de su hijo menor enfermo.
El caso de una embarazada
No es la única sentencia favorable que ha tenido este letrado en las últimas semanas. El TSJM también estimó el recurso del sindicato en relación a las prácticas en el puesto de trabajo que debería haber llevado a cabo una agente y que se aplazaron por decisión unilateral de la Dirección General.
Según Jupol, se suspendieron estas pruebas y se le negó la calificación por estar embarazada. El Alto Tribunal madrileño reconoció el derecho de la demandante a que se declare superado el módulo de formación práctica de la convocatoria de la oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía de fecha de 18 de abril de 2017.
Para el secretario general, Aaron Rivero, es una sentencia "pionera" en el seno del cuerpo que sienta un "precedente importante y un avance en la conciliación de la vida familiar y laboral y en la igualdad efectiva dentro de la Policía Nacional".
