La investigación del presunto fraude en las subvenciones a cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía, que investiga la juez Mercedes Alaya, ha dado un giro a unas semanas de las elecciones andaluzas. La juez ha declarado el secreto parcial de la causa ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le han llevado a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).
En un auto fechado el pasado 20 de enero, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla toma esta decisión tras la petición realizada al respecto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con el fin de "evitar interferencias o acciones que puedan poner en riesgo el éxito de las investigaciones" de la UCO, que ha elaborado en este sentido un atestado "en el que se ponen de manifiesto las líneas de investigación que se están llevando a cabo", según Europa Press.
La juez cita la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones"
La juez cita en primer lugar la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración".
Fraudes en los consorcios entre administraciones
En segundo lugar, la instructora alude a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento".
En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución".
Asimismo, y en tercer lugar, la juez enumera "las subvenciones otorgadas a empresas y fundaciones para la realización de acciones tendentes a la recolocación de los extrabajadores de Delphi y empresas afectadas", en virtud del Protocolo de Colaboración firmado en julio de 2007 entre la Junta y los sindicatos "con objeto de desarrollar un 'Dispositivo de Tratamiento Singular' que contemplaba un Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno, como consecuencia del cierre de la factoría de Puerto Real y su industria auxiliar".
La instructora alude a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo"
La Faffe, "un instrumento de la consejería de Empleo y el SAE
Este plan, según señala la instructora, se desarrolló en cuatro fases y contó con una serie de subvenciones extraordinarias para formación -siete subvenciones otorgadas por el SAE a la Faffe por 35,9 millones- y contratación -otorgadas por el SAE a una serie de empresas por un importe total de 70 millones de euros-.
En cuatro lugar, y en relación a las subvenciones otorgadas a la Faffe, la juez recuerda que se trata de una fundación "de carácter privado y sin ánimo de lucro, creada el 22 de mayo de 2003 por la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo el presidente de su Patronato el titular de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía".
Según Alaya, la Faffe "llegó a convertirse en un instrumento de la Consejería de Empleo y el SAE de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración". "Estos empleados, con ocasión de la disolución de la fundación, pasaron a ser empleados públicos", recalca.
Fuente de financiación de Faffe: el SAE
"La única fuente de financiación de la Faffe eran las subvenciones otorgadas por el SAE, en su mayoría con carácter nominativo o extraordinario, presentando graves irregularidades en lo que a la justificación de las mismas se trata", dice la juez, que añade que "entre estas irregularidades se encuentran las siete subvenciones otorgadas dentro del Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno (Delphi)".
A ello se suma que la Faffe "recibió dos subvenciones nominativas en 2009 y 2010 por importe de 25,5 y 24,3 millones, respectivamente, sin que haya presentado justificación", unas "irregularidades" que se pusieron de manifiesto en los informes emitidos por la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
"Gastos inflados"
La juez, además, libra mandamiento a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fin de que informe sobre las relaciones comerciales, "tanto con clientes como con proveedores, declaradas por la Faffe, como por las empresas beneficiarias de subvenciones en el denominado 'caso Delphi'", entre las que cita a un total de once, como Gadir Solar, Asociación de Empresas Aeronáuticas o Fundación Forja XXI, entre otras.
Según Alaya, la Faffe "llegó a convertirse en un instrumento de la Consejería de Empleo y el SAE de dimensiones extraordinarias"
En el mismo auto, reclama a la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo que, "a resultas de la labor de revisión de expedientes de subvenciones de acciones formativas sin justificar que está acometiendo desde febrero de 2014", informe "de las deficiencias observadas en dichos expedientes, pues entre otros extremos la falta de control por la Administración del uso generalizado de las resoluciones de exoneración pudieron provocar gastos inflados o inexistentes por parte de los beneficiarios".
No obstante, estos últimos "recibían el pago íntegro de sus subvenciones, a la vez que podrían serle otorgadas otras nuevas, pues los fondos para formación las acciones formativas se incrementaron considerablemente a partir del 2007".
En otro auto, de 9 de enero, la juez pide al SAE distinta documentación sobre la Faffe referida al periodo comprendido entre 2003 y 2011, ya que, "a la vista de que ha sido beneficiaria de multitud de subvenciones a la formación, el estudio de la misma y de la regularidad de las subvenciones concedidas forma parte de la investigación, ante las actuaciones ilegítimas expuestas por el director del Departamento de Gestión".
Investiga las cuentas bancarias de la Faffe
Así, pide al SAE información sobre nombramientos y ceses de patronos de la fundación, nombramientos y ceses de los miembros del Consejo de Dirección, actas del Patronato, actas del Consejo de Dirección, modificaciones presupuestarios de la Consejería de Empleo relacionadas con la financiación de Faffe, y los presupuestos y ejecuciones presupuestarias anuales de la fundación.
De igual modo, solicita a la Junta información sobre los presupuestos y ejecuciones presupuestarias anuales de la Faffe, planes de actuación, cuentas y memorias anuales, todas las resoluciones de concesión de subvenciones destinadas a la Faffe "comunicadas individualmente a la fundación", relación de puestos de trabajo "detallada por centros" y, en cuanto a la contabilidad, el Libro Mayor, el Libro Diario y el balance de sumas y saldos.
En un tercer auto, la magistrada solicita a Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona, Unicaja y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria que informe sobre fecha de apertura, titularidad y autorizados actuales o que lo hayan sido en relación a cinco cuentas que habrían pertenecido a la Faffe y les pide que aporten el listado de los movimientos bancarios habidos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2011.
"A la vista de que la Faffe ha sido beneficiaria de multitud de subvenciones a la formación, y conociéndose las entidades y cuentas bancarias donde se abonaron las referidas subvenciones, se hace necesario efectuar un estudio del flujo de dinero", argumenta.
