La actuación de la cúpula del Ministerio Público ante lo que denominaron como "asunto Ayuso" abre la vía para que la defensa de Alberto González Amador pida la nulidad de las actuaciones en la causa por la que se le investiga por un presunto fraude fiscal y falsedad documental. El informe de la UCO aportado a la causa abierta en el Tribunal Supremo recoge las comunicaciones incautadas a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, entre las que se incluyen varios mensajes intercambiados con el Fiscal General del Estado que podrían considerarse como un atentado contra el derecho de defensa del empresario.
Las comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil muestran cómo Álvaro García Ortiz no solo orquestó la publicación de una nota informativa donde se incluía información confidencial sobre el novio de Ayuso, sino que también constatan que el máximo responsable de la Fiscalía tuvo conocimiento de que se le investigaba al menos cuatro días antes de que se produjera la filtración de la primera información en prensa.
Entre otras consideraciones, los investigadores destacan en su informe, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que la primera noticia publicada en los medios de comunicación sobre la investigación abierta contra González Amador se produjo horas antes de que el Fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, remitiese dicha denuncia a su abogado, Carlos Neira. Este hecho podría ser visto por su defensa como una oportunidad de precipitar la anulación completa del procedimiento, alegando la quiebra del derecho de defensa.
A esto se le suma la publicación por parte de la Fiscalía de información relativa a los correos electrónicos confidenciales intercambiados entre el letrado del empresario y el fiscal que dirigía su caso, un claro ejemplo de la ruptura del principio de confidencialidad, que deja al descubierto la estrategia de defensa del investigado. La filtración de datos confidenciales sobre un acusado puede atentar no solo contra su derecho de defensa sino, también, contra su presunción de inocencia y su derecho a la tutela judicial efectiva.
Nuevos mensajes del fiscal general
Sobre esto, ya alertó la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su auto de apertura de diligencias, en el que se estimaba que "al menos indiciariamente", "sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa" de la pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la revelación del correo intercambiado entre su letrado y el Fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto. En la misma línea, los magistrados sostienen que "resulta obvio" que la revelación del correo en el que asume la culpabilidad de dos delitos fiscales "puede tener repercusión en el derecho a la presunción de inocencia".
Ahora, la UCO apunta a la "participación preeminente" del fiscal general en la revelación de dicha información confidencial sobre la investigación abierta contra el empresario. En su informe, la Guardia Civil recoge varios mensajes y llamadas intercambiados entre Álvaro García Ortiz con la fiscal jefe provincial de Madrid de los que se desprende que el máximo representante del Ministerio Público ordenó y supervisó la elaboración de la nota informativa difundida por el equipo de comunicación de la Fiscalía madrileña.
Asimismo, este nuevo informe también desvela cómo la noche anterior a la publicación de la nota, Rodríguez mantiene una llamada con el Fiscal de Delitos Económicos que la UCO relaciona con el envío de los correos cruzados con el abogado de Alberto González Amador, para que así la fiscal jefe provincial pueda remitírselos al fiscal general. "El correo de mayor interés para la investigación es aquel que contiene el correo que remite el abogado de la defensa el día 2.2.2024 y que se publica, esa misa noche a las 23:52h, en la web de la SER", detalla la Guardia Civil.
Ampliación de la investigación contra el novio de Ayuso
Con todas estas nuevas evidencias sobre la mesa, la defensa del novio de Ayuso puede contar con más puntos a favor de una nulidad en la causa que sigue el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid. No obstante, la instructora cuenta con más indicios que apuntan a la presunta comisión de dos delitos fiscales por parte de González Amador, más allá del reconocimiento de los hechos por parte de su letrado en un email compartido con el fiscal.
De hecho, la jueza Inmaculada Iglesias acordó el pasado mes de octubre ampliar la investigación contra González Amador para ahondar en su relación con el Grupo Quirón. En este sentido, la instructora apuntaba en su auto a un informe de la Agencia Tributaria en el que se sitúa a la mercantil Masterman SL. como una sociedad pantalla, a través de la cual la empresa Maxell Cremona, cuyo administrador único es el principal investigado, "para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L".
En consecuencia, la magistrada acordó la incoación de una pieza separada con el fin de investigar "si en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a MASTERMAN S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre MAXWELL CREMONA S.L y su cliente QUIRÓN PREVENCIÓN S.L" se ha podido incurrir en otros delitos distintos a los dos delitos contra la Hacienda Pública y delito de falsedad documental objeto de esta diligencias previas. Por su parte, la acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid defienden que existen indicios para investigar al novio de Ayuso por un presunto delito de administración desleal y corrupción en los negocios.
