El fiscal general del Estado ha entrado en escena en la causa abierta por revelación de secretos con la pareja de Isabel Díaz Ayuso para que se remita lo antes posible al Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz ha confirmado a la Justicia que fue él quien dio las instrucciones precisas sobre la difusión de la nota de prensa en un movimiento con el que se anticipa a un daño reputacional que podría derivarse con los próximos movimientos del instructor.

Con su irrupción en la causa y la petición de que este asunto se dirija al Tribunal Supremo, García Ortiz trata de ralentizar una investigación que le sitúa en el epicentro de una presunta revelación de secretos. El fiscal general asegura que no se cometió delito alguno con estos hechos, pero la instrucción acaba de arrancar y la declaración de los testigos en este asunto tendrá un peso determinante.

En ese sentido, el Tribunal Superior de Justicia ha dado ya los primeros pasos en esta causa que impulsó Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, por presunta revelación de secretos. El empresario alegó que se habían vulnerado sus derechos con la nota de prensa que difundió la Fiscalía el 14 de marzo relativa a la investigación abierta contra él por fraude fiscal.

Instrucciones del fiscal general

Dicho comunicado, que se difundió desde la Fiscalía Provincial de Madrid por imposición jerárquica, contenía un relato cronológico de los correos intercambiados entre el letrado de González Amador y el entonces fiscal del caso, Julián Salto, en relación a esta investigación penal. La nota evidenció que no fue la Fiscalía la que ofreció un pacto, sino que fue el abogado del empresario el que reconoció el delito y buscó una conformidad.

Sin embargo, las referencias en dicha nota a la conversación entre abogado y fiscal propició la primera denuncia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la posterior querella de González Amador. El motivo esgrimido es que los datos hechos públicos están protegidos por el secreto profesional.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió causa apuntando a los indicios reseñados y ya se prepara para escuchar a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, a quien ha citado como testigo para este jueves.

Su relato puede ser clave en esta causa, dado que Lastra recibió órdenes de que su departamento publicara la nota de prensa que les llegó ya redactada. La fiscal accedió a ello, pero exigió antes que la orden se plasmara por escrito, por lo que la causa estaría a punto de contar con pruebas que apuntan a la cúpula de la Fiscalía.

No obstante, días antes de que se celebre esta comparecencia, el fiscal general ha cogido las riendas y ha remitido un escrito al TSJ de nueve páginas en el que admite que la publicación de la nota en cuestión no se hubiera producido sin su "previa autorización" y sus "instrucciones expresas y directas".

La jurisprudencia del Supremo

Aunque el fiscal general sostiene que no hay delito porque la información recogida en la nota ya se había divulgado en algunos medios la noche anterior, se posiciona a favor de enviar las diligencias al Tribunal Supremo, órgano al que está aforado en su condición de máximo representante del Ministerio Público.

En su escrito determina que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya no es competente para investigar los hechos y que deberían decaer las pesquisas abiertas hace apenas semanas por este asunto. Aunque se prevé que el instructor actúe en esa dirección, la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a las exposiciones razonadas determina que tienen que haberse recabado "indicios sólidos" contra el aforado.

El Supremo se ha pronunciado de esta forma en numerosas resoluciones, como hizo recientemente al abrir causa contra Carles Puigdemont por terrorismo. En dicho auto, por el cual aceptó la exposición razonada del juez que instruye la causa contra Tsunami Democràtic, la Sala Segunda determinó que no basta la constatación de que un determinado hecho delictivo ha sido atribuido a un aforado.

"Resulta indispensable que el juez instructor que pretende declinar su propia competencia, exponga las razones que determinarían la incoación por el Tribunal Supremo del procedimiento especial", reza el auto que firmaron los magistrados de la Sala Segunda.

Revelación de secretos

"Ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar -con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente- el alcance objetivo y subjetivo de los hechos", matiza el auto.

Así pues, es previsible que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid continúe con la hoja de ruta marcada y escuche a los testigos citados este jueves, además de los imputados en el procedimiento. Se trata de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal que investigó al novio de Ayuso, Julián Salto.

La declaración de este último también es importante puesto que la noche que se publicó que la Fiscalía ofreció un pacto, se le requirieron todos los correos intercambiados con el abogado fiscalista de González Amador para armar una respuesta en forma de comunicado oficial que desmintiera esta tesis. Dichos correos, a los pocos minutos de ser requeridos, se publicaron en algunos medios de comunicación.

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