El Tribunal Supremo ha citado como testigo al secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, en la causa contra el fiscal general del Estado. El instructor del procedimiento, Ángel Hurtado, le convoca este viernes 29 de noviembre a tenor de la información desvelada por el diario ABC acerca de que habría recibido indicaciones de Moncloa para filtrar información sobre la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En su providencia, el instructor explica que acuerda la citación del dirigente regional a la vista de la información publicada y ante la relación que tiene la misma con los hechos que se investigan en esta causa. Al respecto, precisa que a esa comparecencia debe acudir con la copia del acta de manifestaciones notariales que, según dicha información, realizó tras recibir las indicaciones. 

El movimiento del alto tribunal se produce después de que el citado diario informara de que la jefa de gabinete de Óscar López envió la confesión de Alberto González Amador para que lo sacara a relucir en la Asamblea de Madrid. Siempre según esta información, Lobato se negó y llevó estos mensajes ante notario. Eso sí, no lo hizo en marzo, sino hace apenas unas semanas, cuando la causa contra el fiscal general echaba a andar en el Supremo. 

El Supremo quiere el acta 

Este mismo lunes, el también senador socialista ha comparecido ante la prensa y ha precisado que la actual jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital, Pilar Sánchez Acera, le filtró el documento para que lo utilizara en una sesión de control a la presidenta regional. Sin embargo, ha desmentido que el contenido de lo llevado ante notario fueran las órdenes del entonces director de gabinete de Pedro Sánchez. 

Según ha dicho, lo que llevó al fedatario fue una conversación en el marco de lal cual se plasmaría que la información que se tenía que publicar ya se había publicado en prensa. Sin embargo, se ha negado a detallar el contenido de los mismos. Tras su comparecencia, el Tribunal Supremo ha acordado citarle por la relación directa de estos hechos con la causa, dado que la misma se sigue contra el fiscal general del Estado por la presunta revelación de los correos electrónicos relativos a una investigación contra Alberto González Amador por dos delitos. 

La citación de Lobato se produce después de que el instructor de la causa, Ángel Hurtado, haya acordado levantar el secreto que pesaba sobre el informe de la UCO relativo al análisis de los mensajes intervenidos a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. La Guardia Civil ha remitido a la Sala Segunda las conclusiones de este análisis de las que se desprende que el fiscal general del Estado tuvo una "participación preeminente" en los hechos que se investigan. 

Los mensajes sobre González Amador

Cabe recordar que los hechos se remontan al 13 de marzo de este año, cuando se publicó que la Fiscalía ofreció un pacto de conformidad a González Amador en el marco de la investigación abierta contra él por dos delitos fiscales. Para desmentir este extremo, el fiscal general habría reclamado los correos que se intercambiaron el entonces fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado fiscalista del empresario. 

Con ese material la Fiscalía General del Estado elaboró una nota de prensa que se difundió desde la Fiscalía Provincial por orden expresa de la cúpula de la organización. Tras emitirse el comunicado, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpuso denuncia en los juzgados de Plaza de Castilla pidiendo que se investigara esta nota porque la misma sería constitutiva de delito de revelación de secretos.

La causa se derivó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid al dirigirse contra la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra Julián Salto, ambos aforados ante este órgano. Tras practicar las primeras diligencias y escuchar las testificales claves, el instructor del caso remitió exposición razonada ante el alto tribunal al considerar que el fiscal general debía ser investigado por estos hechos. Además, se remitió el escrito enviado García Ortiz al TSJ en el cual reconocía que él era el responsable máximo de los hechos. 

El Tribunal Supremo admitió la exposición razonada y abrió causa el 16 de octubre. Días después ordenó el registro del despacho del fiscal general y también de Pilar Rodríguez, los dos investigados en este procedimiento. El juez ha levantado el secreto del informe policial sobre esta segunda, pero lo ha prorrogado un mes más en relación con lo incautado al fiscal general.

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