La Audiencia Nacional ha archivado la causa para el expresidente de Mercasa Eduardo Ameijide. El magistrado Santiago Pedraz ha accedido a librarle de este procedimiento justo cuando está a punto de juzgarse la pieza relativa a los contratos en Angola. El instructor sostiene que ya no hay motivos para que termine en el banquillo de los acusados después de que ni la Fiscalía ni la Abogacía General del Estado ni tampoco la propia Mercasa (que litiga en el procedimiento) formulen acusación contra él.
Así pues, Pedraz acuerda el archivo de la causa para Ameijide, según apunta en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el mismo recuerda que procesó en noviembre de 2019 al que fuera presidente de Mercasa entre 2012 y 2017 pero accede a la pretensión de su defensa de sacarle del procedimiento en tiempo casi de descuento. El motivo, según explica, es que la Fiscalía y la propia empresa pública han pedido que no termine en el banquillo. Por su parte, los servicios jurídicos del Estado no han formulado acusación alguna por esta causa en la que se han investigado irregularidades en los contratos para la construcción de un mercado en Angola.
De hecho, tras presentar la Abogacía General del Estado su escrito, su defensa -que ejerce el abogado Carlos Gómez-Jara-, solicitó el archivo de las diligencias y recordó que en el periodo de investigación de estos hechos (entre 2002 y 2017) la presidencia de Mercasa la ostentaron otras dos personas más (Javier de Paz Mancho e Ignacio Cruz). Con todo, Ministerio Público y Abogacía mantienen el cerco en una quincena de personas por el contrato en Angola en el marco del cual se desviaron importantes cantidades para el pago de sobornos a autoridades y funcionarios del país africano.
Comisiones de 20 millones
El magistrado José de la Mata investigó no solo las adjudicaciones en Angola sino también contratos de Mercasa sospechosos de corrupción en Argentina, República Dominicana y Panamá. En lo que respecta a esta pieza, dictó auto de procedimiento abreviado en noviembre de 2019 para un total de 23 personas físicas y jurídicas. Les atribuye, entre otros, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cohecho, blanqueo y organización criminal por estos hechos que tuvieron lugar en 2013.
El magistrado concluyó que la UTE formada para la adjudicación de la construcción de un mercado mayorista en Luanda actuaron en connivencia con el comisionista Guillherme de Oliveira Taveira Pinto (también implicado en el caso Defex) y sus sociedades para conseguir esta adjudicación. A cambio, según concluyó el juez, los intermediarios y otras autoridades del país africano se embolsaron más de 20 millones de euros que percibieron con la cobertura de "supuestos contratos de agencia y servicios inexistentes".
Los investigadores se apoyaron en toda la documentación incautada en los registros al inicio de la operación ya que las facturas intervenidas contenían las mismas cifras que los porcentajes pactados por los procesados. Las escuchas intervenidas también demostrarían el reparto de estas mordidas. Los contratos eran meramente instrumentales y su única finalidad era dar soporte al desembolso de estas cuantías millonarias, las cuáles se abonaban en cuentas bancarias tituladas por sociedades pantalla.
Fuera de la causa
Entre los procesados por estos hechos se encuentran los exsecretarios generales de Mercasa María Jesús Prieto y Arturo Cortés de la Cruz y los exaltos cargos del consorcio Miguel Ramírez, Álvaro Curiel, Juan Puertas o Miguel Estrada. La lista la completan algunos socios del consorcio como el sobrino político de María Dolores de Cospedal y excónsul de Nicaragua, el empresario José Herrero Egaña López del Hierro. En lo que respecta a Ameijide, el instructor le implicó el conversaciones y correos electrónicos con otros directivos del consorcio.
Sin embargo, tras el pronunciamiento de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, Pedraz concluye que Ameijide -que dimitió como presidente de Mercasa en 2017- no debe ir a juicio por estos hechos investigados en la Audiencia Nacional. Cabe recordar que la Fiscalía actúa contra un total de 17 personas físicas y cuatro mercantiles mientras que reclama una multa de 121 millones de euros para el consorcio que se adjudicó el contrato.
