Una de las promesas incumplidas de cada legislatura en Cataluña es la de promulgar una Ley Electoral Catalana. El nacionalismo se siente cómodo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y no ha querido desarrollar su propia ley distinta de la común pese a tener las competencias para hacerlo. ¿El motivo? La sobrerrepresentación que esta norma ofrece en las zonas menos pobladas, que son también donde más se concentra el voto a JxCat o ERC.
La pandemia y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al nuevo decreto de convocatoria electoral, han puesto de manifiesto la necesidad de una nueva ley. Una tarea que desde 1980, tras el primer Estatut de 1979, está pendiente. En 2015, se presentó ante la Cámara catalana una Iniciativa de Legislación Popular (ILP) que logró recabar el máximo de apoyos de una iniciativa de este género (con más de 100.000 firmas), pero el Parlament todavía no la ha debatido.
Además de esta propuesta, han aparecido otras campañas, como OLE (Otra Ley Electoral), que también empujan por reducir la desproporción entre territorios. Asimismo, con la fragmentación del espacio independentista tras el fracaso del procés, partidos de nuevo cuño, como el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), también han pedido promover una ley propia. En este caso, en sentido opuesto: para que estos nuevos partidos tengan más opciones de lograr representación parlamentaria.
Blindaje de la reforma electoral
Se trata, en definitiva, de una cuestión pendiente de la política catalana y que requiere de un amplio consenso entre partidos. En el Estatut vigente, de 2006, se estableció que dicha ley debería contar con dos tercios de la Cámara autonómica para tirar adelante. Es decir, con solo 46 diputados en contra se podía tumbar.
Precisamente, era el mismo número de escaños que tenía la extinta CiU durante esa legislatura. El gobierno tripartito se avino a fijar este umbral con el fin de que el Estatut fuera aprobado por una mayoría amplia, y eso pasaba por contar con el entonces principal partido de la oposición (CiU).
De este modo, se blindó que ningún partido pudiera por si solo promover una reforma electoral. Estos dos tercios del Parlament la situaban al mismo nivel que se necesita para una reforma estatutaria, que requiere también de dos tercios de la Cámara autonómica. Se trata de unas mayorías que no tienen ni siquiera las leyes orgánicas (que se aprueban con la mitad más uno de los votos en el Congreso).
El catedrático en Ciencias Políticas por la Universitat Autónoma de Barcelona, Joan Botella, fue uno de los impulsores de la ILP para dotar a Cataluña de una ley electoral propia. En conversación con Vozpópuli, asegura que es un tema que “no está bien resuelto” en Cataluña, y que hay un “favorecimiento de los territorios menos poblados”.
Por su parte, Sixto Cadenas, promotor de Otra Ley Electoral, empuja para llevar a cabo una reforma electoral que “refleje la realidad social”. “Queremos que se aplique la máxima ‘una persona, un voto’”, explica a instancias de este medio.
Cambiar la circunscripción
En Lérida, un voto vale el triple que un voto en Barcelona. Si el sistema reforzara la proporcionalidad, les tocaría 3 diputados (y no los 15 actuales). En Gerona sucede algo similar: un voto vale 1,5 más que en la capital catalana. Es decir, el 50% más.
De acuerdo con Botella, no se trata de acabar con la ponderación en aquellas zonas menos pobladas, pero sí de adaptarla para que sea “más representativa de la sociedad catalana”. Por ejemplo, adoptando las veguerías como circunscripción, que es una división intermedia entre la comarca (lo que piden partidos como el PNC) y las provincias (el sistema actual).
Voto rural vs voto urbano
“Nuestra ILP está pendiente de trámite en el Parlament. Tiene trascendencia parlamentaria, porque partidos como En Comú Podem, PSC o Ciudadanos tienen la mayoría de sus apoyos en zonas como el área metropolitana de Barcelona”, abunda el catedrático.
Por contra, JxCat y ERC obtienen la mayoría de los votos de la Cataluña interior. Según los expertos, el crecimiento que ha experimentado ERC en el llamado cinturón rojo en los últimos años es porque su arraigo era prácticamente nulo. Y siguen dependiendo de los sufragios de las zonas más rurales. En consecuencia, nunca se ha logrado el consenso entre diferentes formaciones para emprender una reforma electoral que suavice la desproporción entre el voto rural y el voto urbano.
Ley en tiempos de pandemia
Más allá de mejorar la representatividad, otro de los beneficios de contar con una legislación propia es la de poder establecer unos requisitos de elección del presidente de la Generalitat. En la actualidad, el presidente debe ser elegido entre los diputados del Parlament. Un requisito que no sucede, por ejemplo, en la elección del presidente del Gobierno.
Al mismo tiempo, una nueva ley podría garantizar en mayor grado la seguridad en tiempos de pandemia, con la posibilidad de fijar franjas horarias para que los colectivos de riesgo fueran a votar o incluso ampliar la votación durante más de un día.
Reducir el papel de la JEC
También terminaría de una vez por todas con el poder que, actualmente, tiene la Junta Electoral Central (JEC). Sería la Sindicatura Electoral de Cataluña al establecer los criterios de neutralidad que deben guiar los procesos electorales. Después de las elecciones del próximo 14 de febrero, con la configuración de un nuevo Ejecutivo y la composición del nuevo Parlament, la proposición de Ley Electoral entrará a debatirse. Habrá que ver si la experiencia de la pandemia, así como del laberinto jurídico que ha ocasionado el procés, con inhabilitaciones o intentos de investidura a diputados imputados, ha servido para intentar promover una nueva ley que arroje claridad ante distintos escenarios futuros.
