María Teresa Arévalo, bajo sospecha de la Justicia por su supuesto salario como niñera de Irene Montero y Pablo Iglesias pagado con fondos del partido Unidas Podemos, sigue trabajando como asesora para el Ministerio de Igualdad. Montero mantiene a su amiga por un salario anual de 53.461 euros, en esta ocasión, con cargo al erario público. Vozpópuli ha podido confirmar esta información a través del Portal de Transparencia.
Arévalo sigue siendo investigada por el juez Juan José Escalonilla en una línea independiente del ‘caso Neurona’. El magistrado ha llamado recientemente a declarar en esta misma causa a una exempleada de prensa de Podemos, Gara Santana, que según la exescolta de Montero también ejerció de niñera.
Arévalo mantiene su cargo como asesora de Montero pese a no contar ni con carrera universitaria. Tras el bachillerato, se matriculó en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, la misma en la que estudiaría Pablo Iglesias y que fue semilla de importantes cargos e ideólogos de Podemos como Juan Carlos Monedero.
En el currículum que mantiene activo en la web de Podemos evita mencionar que no terminó la carrera. En su lugar, justifica su marcha de la capital por “la falta de oportunidades laborales fruto de la crisis económica”. Según escribe Arévalo, esta situación motivó su regreso a Miguelturra, en Ciudad Real.
Allí, “emprendió un pequeño negocio de panadería y repostería”. La panadería no prosperó, pero esto tampoco se menciona en su currículo. Al contrario, Arévalo justifica su abandono del negocio por la aparición de un horizonte político ilusionante: “Cuando surge Podemos recupero las ganas de implicarme en política y por eso trabajé desde el principio para impulsar el cambio en Castilla-La Mancha, pasando a formar parte del primer Consejo Ciudadano Autonómico”.
A partir de ahí, entró a trabajar en el Congreso de los Diputados, primero como técnica parlamentaria y, desde junio de 2016, como diputada. Pasó de tener 3,36 euros en su cuenta corriente y una deuda de 33.000 euros en 2015, como figuraba en su declaración de la renta, a ganar más de 5.000 euros mensuales gracias al escaño.
Arévalo le debe mucho a su “compañera, hermanita y jefa” -en sus propias palabras- Irene Montero, a quien conoce desde 2003, cuando la exministra militaba en Juventudes Comunistas y ella, en Izquierda Unida. En 2019 el electorado de Podemos empezó a difuminarse y Arévalo perdió su asiento en el Congreso de los Diputados.
No pasó nada porque para eso estaba la “amiga” Montero, que rescató a Arévalo del resultado de la pérdida de confianza de sus electores y le asignó un puesto a dedo como asesora del gabinete del Ministerio de Igualdad, del que llegó a ser jefa. Han pasado tres años y, proceso judicial mediante, Arévalo mantiene su sillón, en este caso, en la sede del “Feministerio” en la Calle Alcalá, 37.
Cuatro asesores procesados
Con Arévalo, la ministra de Igualdad cuenta ya con cuatro asesores procesados por la justicia española, el 36% de todo su equipo. Arévalo era la única con un proceso judicial abierto hasta que en octubre la ministra decidió fichar a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, exconcejales de Manuela Carmena, y a Isabel Serra.
Sánchez Mato y Mayer están procesados por presuntos delitos de “malversación de caudales públicos” y “prevaricación” por utilizar el dinero del contribuyente en la adjudicación de dos informes externos para auditar la asignación del Mutua Madrid Open de Tenis durante el gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en busca de posible corrupción. Ambos deberán acudir a la vista del juicio el 25 de abril.
Como adelantó Vozpópuli, Mayer se lleva 62.657 euros por sus servicios, y Sánchez Mato, 53.461. Isabel Serra, con el mismo salario que Sánchez Mato, fue repescada por Montero tras la debacle de Unidas Podemos en las últimas elecciones autonómicas de Madrid. Serra está condenada por atentado a la autoridad y lesiones leves.
Montero mantiene a estos cuatro asesores en su equipo pese a que el código ético de su partido establece con claridad el compromiso de sus miembros de abandonar cualquier cargo público en caso de ser “imputado, procesado o condenado”.
