Pese a que las ocupaciones de vivienda en España mantienen su tendencia a la baja en el conjunto del territorio, presentando un descenso generalizado entre las diferentes regiones en los últimos años, sigue siendo un problema social que preocupa a muchos españoles. Y es que, según datos del Ministerio del Interior, el pasado año (2023) las ocupaciones cayeron un 8,8% respecto a 2022, con 15.289 infracciones penales relacionadas con la usurpación o el allanamiento de inmuebles, siendo todavía una cifra alta.
En este escenario, el Congreso de los Diputados aprobaría este pasado jueves (entre errores y arrepentimientos de algunas formaciones políticas) una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por el PNV. La enmienda, tuvo el apoyo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria y, sorprendentemente, Bildu y ERC (estos dos últimos por un supuesto "error injustificable").
En qué consiste la nueva ley
La proposición de ley se encuentra en el Senado, donde debemos recordar que tiene mayoría el PP, por lo que se espera que se apruebe. Esta nueva reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal consiste en añadir los delitos de usurpación de morada, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del mismo, para que estos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado, es decir, los 'okupas' serán juzgados en un plazo máximo de quince días desde su puesta disposición judicial y los procesos de desahucio serán más rápidos.
Además, esta ley tendrá también otros delitos incluidos en el enjuiciamiento rápido son los de violencia física, robo y contra la seguridad en el tráfico, entre otros. Todos estos delitos tienen juicios rápidos, al igual que los tendrán los que sean por desahucios una vez sea aprobada totalmente está enmienda y aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Esta ley acabará con los 'trucos' de los okupas
Como hemos contado ya en Vozpópuli, los 'okupas' tienen distintas formas de colarse en casas vacías. Una de las últimas técnicas usadas que se está volviendo muy común es pidiendo una pizza a domicilio. Los ocupantes ilegales piden una pizza en la dirección que eligieron asaltar. Luego, detienen al repartidor en el portal o el descansillo de la escalera y pagan la pizza. Tras ello, desaparecen durante un par de días. Por útlimo, al cabo de unos días okupan la casa.
Es ahí cuando, una vez llegan los agentes de la Policía, tras el aviso de los propietarios, pueden demostrar con el ticket de la pizza que llevan más de 48 horas en la casa. Esto, hasta el momento, evita que sean desalojados de manera inmediata. Será este punto uno de los que más se verán afectados con esta nueva ley, ya que será un proceso (el desaolojo) que se agilizará una vez se publique esta nueva enmienda en el BOE.
