Pese a que las ocupaciones de vivienda en España mantienen su tendencia a la baja en el conjunto del territorio, presentando un descenso generalizado entre las diferentes regiones en los últimos años, sigue siendo un problema social que preocupa a muchos españoles. Y es que, según datos del Ministerio del Interior, el pasado año (2023) las ocupaciones cayeron un 8,8% respecto a 2022, con 15.289 infracciones penales relacionadas con la usurpación o el allanamiento de inmuebles, siendo todavía una cifra alta.
En este escenario, el Congreso de los Diputados aprobaría a mediados de noviembre (entre errores y arrepentimientos de algunas formaciones políticas) una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por el PNV. La enmienda, tuvo el apoyo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria y, sorprendentemente, Bildu y ERC (estos dos últimos por un supuesto "error injustificable").
En qué consiste la nueva ley
La proposición de ley se encuentra en el Senado, donde debemos recordar que tiene mayoría el PP, por lo que se espera que se apruebe (aunque ha habido un último veto del PP a esta ley en el Senado). Esta nueva reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal consiste en añadir los delitos de usurpación de morada, tipificado en el artículo 245 del Código Penal, y de allanamiento de morada, en el artículo 202 del mismo, para que estos pasen a tramitarse en los juicios de procedimiento abreviado, es decir, los 'okupas' serán juzgados en un plazo máximo de quince días desde su puesta disposición judicial y los procesos de desahucio serán más rápidos.
Además, esta ley tendrá también otros delitos incluidos en el enjuiciamiento rápido son los de violencia física, robo y contra la seguridad en el tráfico, entre otros. Todos estos delitos tienen juicios rápidos, al igual que los tendrán los que sean por desahucios una vez sea aprobada totalmente está enmienda y aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Fecha en la que empezará a aplicarse
La aprobación de esta nueva ley ha seguido un proceso legislativo intenso y tedioso. En noviembre de 2024, el Congreso de los Diputados dio su visto bueno al texto, que, como hemos explicado, ahora se encuentra en el Senado. Según el procedimiento habitual, el Senado dispone de un plazo de dos meses para debatir, aprobar o modificar la propuesta. Con la mayoría necesaria ya asegurada, se espera que la aprobación definitiva ocurra a mediados de enero de 2025.
Tras esto, el texto será firmado por el Rey y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Por ello, la entrada en vigor se prevé para el mes de febrero de 2025, momento en el cual los desalojos exprés pasarán a ser una realidad en España.
