Las elecciones municipales de 2023 estuvieron marcadas por la polémica de EH Bildu, toda vez que había incluido en sus listas para el País Vasco y Navarra a antiguos miembros de ETA, algunos de ellos con delitos de sangre en su historial; 44 individuos que habían cumplido condena por pertenencia o colaboración con la organización terrorista que, en los comicios, integraban las listas de la formación. Las víctimas del terrorismo denunciaban ante los medios una cifra tan elevada, mientras que EH Bildu se veía obligado a retirar a los candidatos implicados en asesinatos.
“Ninguna democracia digna, ningún Estado de Derecho consciente del significado de sus víctimas del terrorismo permitiría que las puertas giratorias de los terroristas fuesen la política”, denunciaba entonces el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), organización que desveló la identidad de todos los candidatos de EH Bildu con pasado en ETA. Algunos de ellos tenían asegurado su futuro en los consistorios, toda vez que la formación era la única lista presentada, o por su incorporación en puestos que garantizaban su nombramiento como concejales.
Ahora el foco se ubica en las subvenciones que ha recibido EH Bildu a pesar de llevar etarras en sus listas. Según apuntó ABC, el Tribunal de Cuentas ha trasladado la necesidad a revisar las ayudas que recibió el partido político, ya que la ley prohibiría cualquier tipo de subsidio en caso de que las candidaturas estén integradas por condenados por terrorismo que no hayan rechazado la violencia.
Según ha podido saber Vozpópuli, el Partido Popular ha lanzado una ofensiva en el Congreso de los Diputados para esclarecer este extremo. Y centran su atención en el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska, por la estricta vigilancia que correspondería de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), que rige las subvenciones que corresponden a cada partido político y las excepciones que se contemplan.
En concreto, el PP ha registrado 44 iniciativas parlamentarias, una por cada uno de los etarras incluidos en las listas de EH Bildu en las municipales de 2023, en las que se solicita la misma información al Ministerio del Interior. Las iniciativas interpelan si el departamento de Fernando Grande-Marlaska comprobó que cada uno de los terroristas “se hubiera arrepentido públicamente y hubiera rechazado de manera personal y expresa los medios utilizados, dando cumplimiento así a los establecido en la LOREG”.
“De ser así -prosiguen los escritos registrados en el Congreso de los Diputados-, ¿cuándo y qué organismo llevó a cabo la citada comprobación? ¿En qué momento y dónde consta el arrepentimiento y rechazo público personal y expreso de los medios utilizados?”. Cada una de las iniciativas está firmada por 21 diputados del PP.
Más preguntas
También preguntan sobre las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el Ministerio del Interior ante el informe del Tribunal de Cuentas, y si tiene previsto “revisar” las subvenciones concedidas a EH Bildu.
Las preguntas registradas en el Congreso de los Diputados constituyen una de las herramientas de control parlamentario al Gobierno a disposición de los integrantes de la Cámara. El Gobierno está obligado a responder en tiempo y forma, aunque es habitual que las contestaciones remitan a comparecencias públicas de los ministros o que se nieguen a valorar “informaciones periodísticas”.
Los diputados populares no son los únicos que han formulado sus preguntas en el Congreso de los Diputados ante esta situación. Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), lamenta que la directora de la Guardia Civil, María Gámez, no brindase una respuesta en la Comisión del Interior del pasado 10 de marzo sobre si el Instituto Armado realizó alguna comprobación en este sentido.
“El Tribunal de Cuentas ha instado al Ministerio del Interior y a la Junta Electoral Central a revisar si EH Bildu cumplió la Ley de Régimen Electoral General al incluir en sus listas de las últimas elecciones municipales a terroristas no arrepentidos y por tanto no tener derecho a recibir las subvenciones correspondientes otorgadas por el Gobierno, ¿ha realizado o está realizando alguna comprobación la Guardia Civil?”.
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lepanto_2_0
25/03/2025 08:23
El Gobierno de la nación es tan prisionero de Junts como lo es de Bildu, por lo que no son de extrañar ninguna de las concesiones que hace en aras a garantizar sus votos en el Parlamento, lo que le permite a Sánchez y al PSOE continuar en la Moncloa. Marlaska es un peón más del tablero. Mírenlo desde esta perspectiva, no hay otra. El problema reside en que, al ser Sánchez y su enfermiza ambición por el poder prisionero de formaciones políticas que detestan a España, convierte automáticamente a toda la ciudadanía en rehenes de una situación que sólo tiene como objetivo el perpetuarse él en la poltrona gubernamental. Tan sencillo como esto. Malos tiempos para inhibirse de todo lo que está sucediendo y continuar mirando hacia otra parte, como si no fuera con nuestras vidas, porque no es así: nos lo estamos jugando todo. Y recuerden... a nuestra democracia sólo puede salvarla el pueblo. Sin movilización activa no hay solución.
gnomo
25/03/2025 11:25
Bildu y ETA no tienen nada que ver, ¿verdad, socialistas? Bildu no se ha movido un ápice de su postura abiertamente proetarra. Sois vosotros, socialistas, quienes por necesidad aritmética compráis sus votos a cambio de humillaros para formar gobierno con los proetarras que hostigaron y mataron a compañeros que lucharon infaustamente por las libertades, y así es como se lo pagáis.
aherraiz
25/03/2025 19:27
Un dia los mejicanos vieron al tal ANLO salir corriendo para saludar a la madre del CHAPO ,otro dia al jefazo maximo de la policia como lo metian en la carcel en los EEUU y alli esta a un general muy general lo detubieron y el tal ANLO lo hizo devolver a Mejico , aqui nos entretienen con las carreras de las narcolanchas pero no miran a quienes manejan el negocio ,que no son los conductores de esas lanchas