La principal firma estatal de Venezuela, PDVSA, sigue en el foco de la Justicia por el presunto expolio del que ha sido objeto a través de contrataciones ficticias y sin justificar. Pese a que la petrolera denunció estos hechos en la Audiencia Nacional, lleva más de un año que no aporta la documental relativa a las más de 2.600 operaciones de compra sospechas por haber encubierto el saqueo y posterior expolio de fondos. Así lo expone Javier Alvarado Ochoa, el exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez que colabora con la Justicia.
El exalto cargo chavista asegura en un escrito remitido al juzgado y al que ha tenido acceso Vozpópuli, que la petrolera suma doce meses sin responder a esta solicitud, pese a que le atribuye directamente a él todas las supuestas irregularidades cometidas en ese tiempo. En concreto, asegura que el 17 de noviembre del año pasado, la Audiencia Nacional ya le requirió que aportase las actas y acuerdos de aprobación del Comité de Operaciones de PDVSA que vendrían a probar sus acusaciones contra él.
La firma estatal, considerada la joya de la corona de Venezuela, se ha visto salpicada en algunos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional, tales como la causa contra Raúl Morodo o el caso Duro Felguera. En todos ellos se le señala como el ente desde donde se habrían desviado fondos a modo de comisiones sin justificar. Sin embargo, en esta causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 3, fue la petrolera la que presentó querella contra Alvarado Ochoa y le acusó de impulsar operaciones sospechosas mientras ejerció como presidente de Bariven (filial de PDVSA).
De las 2.640 operaciones de compra sospechosas, PDVSA solo ha identificado 14 de ellas
Alvarado Ochoa, por su parte, mantiene que ocurrió lo contrario y que fue él quien propuso investigaciones internas al detectar movimientos millonarios injustificados. En concreto, afirma que desde 2011 intentó trasladar estos hechos a las autoridades venezolanas y que, desde su llegada a España, ha colaborado con la Policía. Por eso niega acusaciones como la que le efectúa la defensa de la mercantil, que le atribuye haber aprobado una propuesta de pagos a una serie de empresarios (entre ellos Nervis Villalobos) en mayo de 2013. Él responde que es inviable porque el 30 de abril dimitió de su cargo como presidente de esta filial dedicada al suministro de materiales.
Pero los reproches de este exalto cargo del Gobierno de Chávez no se quedan ahí. Según precisa en su escrito, la petrolera bolivariana lleva más de un año para cumplir con el requerimiento de la Audiencia Nacional relativo a las operaciones bajo sospecha. Al respecto dice que ya en abril tenían pendiente de aportar los documentos denominados Purchasing & Contracts Commitee. A su juicio, esta dilación en la entrega constituye una "gravísima ocultación" de la "documentación esencial" para seguir adelante con las diligencias.
Portugal, en el foco
Para entender la importancia de estos papeles hay que remontarse al inicio de la causa, en 2019. PDVSA adjuntó en su querella inicial un documento de 126 páginas que contenía un total de 2.640 operaciones de compra en las tendría participación directa Alvarado Ochoa. Sin embargo, dos años después, el exdirectivo advierte que en el USB aportado por la mercantil, lejos de estar la totalidad de los contratos figuran, únicamente, 14 de ellos.
"PDVSA, al afirmar en su escrito de 2 de diciembre de 2020 que en el USB que aporta se encuentran los 2.640 purchasing contracts faltó clamorosamente a la verdad y, bajo el paraguas de un USB con múltiples documentos, pretende ocultar a ese juzgado que no está aportando los documentos que le fueron requeridos", reza la defensa de Alvarado Ochoa en su escrito. La misma recuerda que, a la solicitud de abril se adhiere la formulada en junio, cuando de nuevo reiteraron la necesidad de que presentasen las pruebas que tienen contra el exdirectivo de PDVSA.
En su intento por desligarse de estos hechos que se investigan en la pieza primera de la causa, este ingeniero eléctrico que llegó a ser viceministro de Venezuela asegura que toda la actividad de Bariven venía supervisada y controlada por los órganos de gobierno corporativo de la petrolera. Así pues, defiende que la selección de las empresas proveedoras y la adjudicación de los proyectos se decide desde la cúpula de la empresa estatal, a cuyo frente están personas de máxima confianza del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Se aprobaron para las empresas de Roberto Rincón y Abraham Shiera más de 27 procesos de compra por montos que superan los 200 millones de dólares
Lo mismo ocurre con la propuesta extraordinaria de pagos, gestión corre a cargo de la dirección de finanzas de la matriz, aunque termina sometida a la Junta Directiva para su aprobación final. En relación a los desembolsos, Alvarado Ochoa explica que "todos" se giraron a Portugal. "Bariven realizó todos los pagos a través del Banco Espíritu Santo ( BES ) en Portugal directamente a las cuentas de los proveedores por lo general en ese mismo banco y país. Para tal fin, la Junta Directiva instruyó a Bariven a abrir las respectivas cuentas en BES Portugal", reza. Cabe destacar que esta entidad también ha sido foco de investigaciones en el país luso por canalizar el presunto desvío de fondos de exdirectivos de PDVSA sospechosos de blanqueo de capitales.
Desfalco de 200 millones
En aras a justificar su falta de mando, Alvarado Ochoa recurre al poder que tenía César Rincón, un exalto cargo de Bariven que, previamente, había ejercido como gerente de planificación de PDVSA Gas. Según explica este venezolano con nacionalidad española, Rincón fue protagonista de uno de los desfalcos más destacados de la petrolera al autorizar más de 27 procesos de compra para las empresas de los venezolanos Roberto Rincón y Abraham Dierra por montos que superaban los 200 millones de dólares.
Tanto Rincón como Sierra -personas vinculadas al entorno del exjefe de la inteligencia militar de Venezuela Hugo Carvajal- fueron detenidos en Estados Unidos por delitos de corrupción y blanqueo de capitales entre 2009 y 2015. Se les acusó de pagar unos sobornos a funcionarios venezolanos que rondan los 1.000 millones de dólares a cambio de jugosos contratos. La investigación acotó que desviaron parte de su fortuna a países como Suiza. Fueron juzgados en Estados Unidos aunque desde el principio reconocieron los cargos y se comprometieron a colaborar con la Justicia del país.
