Plus Ultra ve "manifiestamente imposible" que el juzgado que investiga la ayuda pública que recibió de 53 millones de euros hipoteque su flota. La compañía se opone categóricamente a que se acuerde esta medida cautelar solicitada por las acusaciones al confirmar que, efectivamente, carece de aviones en propiedad. Según explica la aerolínea, los aviones con los que opera los explota en régimen de arrendamiento; una práctica que, lejos de parecer "extraña", es "habitual" en compañías como Iberia o Air Europa.
Así lo precisa la defensa legal de la firma en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y al que ha tenido acceso Vozpópuli. En el mismo, la mercantil da respuesta al requerimiento formulado por el magistrado Antonio Serrano-Arnal, el cual solicitó a las partes del procedimiento que se pronunciaran acerca de la propuesta del PP de constituir una hipoteca mobiliaria de los aviones antes de decidir sobre la medida, tal y avanzó este medio.
En respuesta, la compañía no solo refuta esta cautelar sino que reprocha al Partido Popular que solicite esta medida patrimonial sin aportar "ni un solo dato, información o prueba adicional" que justifique el cambio de criterio del juzgado. El mismo revocó en agosto la decisión que había tomado un mes antes la titular del juzgado, Esperanza Collazos, de suspender cautelarmente el desembolso de 34 millones de euros que tenía que hacer efectivo la SEPI a finales de julio.
"En ese sentido, como ya hemos manifestado en diversas ocasiones en esta causas, los extraordinarios
y exhaustivos mecanismos de control establecidos en los contratos en los que se articularon los préstamos concedidos a Plus Ultra aseguran de forma más que suficiente la devolución de los mismos. Y como también hemos expuesto, el seguimiento del curso de las ayudas es una función y un fin ajeno al juzgado de instrucción", responde la aerolínea en su escrito.
Igualmente precisa que, "dejando de un lado los grandilocuentes titulares de prensa de los que se nutren en buena medida las tesis acusatorias de los partidos políticos", no se ha practicado aún ni una sola diligencia en este procedimiento que arrancó en abril a tenor de una denuncia del sindicato Manos Limpias. La causa se dirigió en un primer momento contra el Consejo de Administración de la SEPI y el actual vicepresidente del órgano, Bartolomé Lora, al considerar que la compañía no cumplía los requisitos necesarios para ser rescatada con 53 millones del fondo de apoyo a las empresas estratégicas afectadas por la covid.
Garantía en caso de quiebra
Pese a ello, la magistrada terminó actuando contra los miembros del Consejo Gestor de este fondo y amplió la investigación inicial de malversación a otros delitos tales como fraude en las subvenciones o cohecho tras admitir a trámite una querella de Vox. Desde entonces, la instructora no solo ha requerido abundante documental a Plus Ultra, sino que también ha acordado una batería de diligencias que van desde la realización de un peritaje independiente hasta el esclarecimiento de la identidad de los dueños de la compañía.
También solicitó a la Agencia Tributaria que facilitara al juzgado las declaraciones trimestrales del IVA, pago de impuestos y certificado de deuda de la mercantil que recibió la luz verde del rescate el pasado mes de marzo. Las acusaciones sostienen que no se puede considerar estratégica al presentar números rojos desde su creación en 2011 y carecer de flota en propiedad. El PP, por su parte, propuso al juzgado que se hipotecasen los aviones que tiene para así garantizar que, en caso de quiebra, no habría daño patrimonial al Estado.
Ahora la aerolínea no solo rebate la propuesta, sino que recuerda que es público y notorio que no tiene flota en propiedad ya que así lo hizo constar en el Plan de Viabilidad presentado por la compañía para recibir el rescate. En el mismo se comprometieron a dejar la mercantil en manos del Estado si incumplían lo pactado. Además, en su escrito, recuerdan que, lejos de ocultar que los aviones estaban alquilados, ya lo recogieron en las últimas cuentas anuales (relativas al ejercicio de 2020) ante el Registro Mercantil.
"Es habitual no tener aeronaves"
"Hemos de aclarar que no es que Plus Ultra Líneas Aéreas S.A, por un modo de operar extraño, atípico o inusual, carezca de aviones en propiedad. Es que desde hace años es el uso habitual de la totalidad de las compañías aéreas no tener aeronaves en propiedad, sino bajo el régimen de alquiler operativo. Baste una simple ojeada de nuestro país para advertir esta realidad", reza el documento, el cual apela al ejemplo de otras aerolíneas que también recurren al leasing como "Iberia o Air Europa".
Pese a que la Abogacía General del Estado se ha posicionado en todo el proceso a favor del rescate a la compañía, las acusaciones insisten en que su volumen de negocio y las cifras que registra no le harían merecedora de poder acceder al millonario rescate autorizado por el Consejo de Ministros. Este diario ya adelantó la semana pasada que, en los documentos enviados al Gobierno, la mercantil ligada al presidente venezolano, Nicolás Maduro, ya se recogía que los 3 aviones con los que opera son de alquiler.
Uno de ellos llegó a ser de su propiedad ya que Plus Ultra lo adquirió en 2018, si bien un año después lo entregó como forma de pago tras recibir financiación a través de la emisión de deuda de 10 millones de dólares. Al hilo, Plus Ultra vuelve a recordar en su último escrito remitido a los juzgados de Plaza Castilla que sigue sujeta a "extraordinarios y exhaustivos" mecanismos de control que equivalen "prácticamente" a una intervención de la compañía por parte de la SEPI.
